La investigación por el meteórico enriquecimiento del exsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia Marcelo Cil finalmente salió del cono de silencio en el que la había puesto el fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier. Tras varias semanas de mantener la causa frenada y sin abrir la investigación, Akemeier se declaró incompetente, por lo que el expediente AV 16/2013 fue a parar al Juzgado Federal de turno.
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La investigación por el meteórico enriquecimiento del exsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia Marcelo Cil finalmente salió del cono de silencio en el que la había puesto el fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier. Tras varias semanas de mantener la causa frenada y sin abrir la investigación, Akemeier se declaró incompetente, por lo que el expediente AV 16/2013 fue a parar al Juzgado Federal de turno.
Según lo que pudo averiguar El Tribuno, medio con el que el fiscal se niega a hablar, las causas de su determinación se deben a que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) también investiga a Cil. Sin embargo, la investigación de la AFIP es por una eventual violación de la ley penal tributaria y la de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos estaba orientada a un supuesto enriquecimiento ilícito.
Hasta este momento, las denuncias penales contra Marcelo Cil, hoy coordinador de la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de Salta (Coppaus), estaban frenadas en etapa de averiguaciones en la fiscalía de Akemeier porque; de acuerdo a lo que establece el nuevo Código Procesal Penal, hasta que el fiscal no abre investigación, ningún juez podía controlar lo actuado ni nadie puede constituirse en querellante. Con este giro en la causa, si bien Cil se beneficia porque se genera una nueva dilación en la investigación, al menos se abre la posibilidad de que las actuaciones se realicen en un marco más transparente.
Por qué lo acusan
En la denuncia penal que pesa sobre Marcelo Cil se lo acusa de enriquecimiento ilícito durante su desempeño como funcionario público del gobierno de Juan Manuel Urtubey. En la demanda, se hace hincapié en cinco propiedades que el funcionario adquirió en el lapso de tres años y medio. Se cuentan entre ellas una casa en el barrio Tres Cerritos, un departamento en barrio Parque La Vega y una cochera en calle Deán Funes, primera cuadra; todas en la capital salteña. Además, una propiedad en la que edificó una casa de veraneo en La Caldera y otro departamento en pleno centro de Jujuy. Sobre todas las propiedades, Cil declaró valores por debajo de los de mercado. Además, en su última declaración jurada presentada el 8 de febrero de 2012, Cil, hombre de confianza de Parodi y del riñón íntimo de Urtubey, incluyó dos vehículos: un Dodge Journey R/T 2.7, modelo 2010, y un Ford Focus, modelo 2008.
Todos los bienes del funcionario llamaron la atención porque los adquirió en un cortísimo plazo para el sueldo de un funcionario estatal cuando, hasta 2007, Cil no tenía dinero ni para ser embargado ni para pagar los impuestos municipales.
En 2007, el funcionario había sido condenado por la Cámara del Crimen N§ 2 a un año de prisión en suspenso y a pagar 20 mil pesos por una agresión y, como no pagó, la Justicia lo quiso embargar pero al no tener inmuebles le aplicaron trabas sobre bienes muebles.