A raíz del enfrentamiento ocurrido el miércoles pasado en la sede del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), entre militantes de la agrupación Tupac Amaru y efectivos de Infantería, el organismo público realizó una denuncia en la Comisaría Quinta.
La denuncia tiene la carátula de “extorsión y daños”, explicaron desde la institución, y apunta contra los tupamaros que fueron expulsados de las oficinas por efectivos policiales.
Fernando Alessanco, presidente del organismo, manifestó que no es posible acceder al pedido de los tupamaros dado que la institución no construye mediante cooperativas, y esa es la modalidad que los manifestantes están exigiendo.
Además, sostuvo que posee pruebas que acompañan la denuncia por daños y extorsión. “Hemos presentado ya una grabación para demostrar cómo fue la charla entre el presidente y los tupamaros”, sostuvieron voceros del IPV.
Quien también realizó declaraciones en los medios fue el ministro de Seguridad de la Provincia, Eduardo Sylvester. El funcionario público señaló que “no toleramos la patoteada”. Y se expresó contra de la “lógica extorsiva” para conseguir determinados pedidos.
Los siete miembros que fueron arrestados en medio del disturbio el miércoles, no pueden acercarse a la sede del IPV. Es una, entre otras medidas, que el juez de Garantías Nº 5 les ordenó antes de que sean librados.
En la Fiscalía Penal Nº 2, se abrió una causa por “lesiones, resistencia a la autoridad y daños calificados”.
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A raíz del enfrentamiento ocurrido el miércoles pasado en la sede del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), entre militantes de la agrupación Tupac Amaru y efectivos de Infantería, el organismo público realizó una denuncia en la Comisaría Quinta.
La denuncia tiene la carátula de “extorsión y daños”, explicaron desde la institución, y apunta contra los tupamaros que fueron expulsados de las oficinas por efectivos policiales.
Fernando Alessanco, presidente del organismo, manifestó que no es posible acceder al pedido de los tupamaros dado que la institución no construye mediante cooperativas, y esa es la modalidad que los manifestantes están exigiendo.
Además, sostuvo que posee pruebas que acompañan la denuncia por daños y extorsión. “Hemos presentado ya una grabación para demostrar cómo fue la charla entre el presidente y los tupamaros”, sostuvieron voceros del IPV.
Quien también realizó declaraciones en los medios fue el ministro de Seguridad de la Provincia, Eduardo Sylvester. El funcionario público señaló que “no toleramos la patoteada”. Y se expresó contra de la “lógica extorsiva” para conseguir determinados pedidos.
Los siete miembros que fueron arrestados en medio del disturbio el miércoles, no pueden acercarse a la sede del IPV. Es una, entre otras medidas, que el juez de Garantías Nº 5 les ordenó antes de que sean librados.
En la Fiscalía Penal Nº 2, se abrió una causa por “lesiones, resistencia a la autoridad y daños calificados”.
Hoy irán de nuevo al IPV
“La lucha sigue”, dijo Valeria Guardo, una de las delegas en Salta de la organización.
Comunicaron ayer que hoy volverán al IPV e insistirán hasta tanto les sean concedidas las viviendas. Llevarán las carpetas técnicas y el proyecto para construir las casas.
Quieren que el Plan de Emergencia Habitacional que se desarrolló a nivel nacional sea canalizado a través del IPV para lo que exigen que éste firme un convenio con la Municipalidad de Cerrillos y la Nación.
El IPV expresó que ello no es posible porque no trabaja con cooperativas de trabajadores, sino que las obras habitacionales son realizadas por empresas que ganan las licitaciones.
Sobre este punto, Guardo manifestó: “buscaremos una solución. Sabemos que las viviendas sí se pueden construir. Es una decisión política la de evitar que los tupamaros podamos tener una casa”. Añadió que “nadie pidió que nos regalen el techo, sino que nosotros las queremos construir con fondos del IPV”.
Sin embargo, los militantes reclaman apoyados en los convenios firmados en otras provincias con cooperativas de la Tupac. Por eso insisten con que es posible.
Los terrenos que poseen en barrio Las Tunas, Cerrillos, no están todos escriturados y cuentan con las instalaciones de servicios. Ahí pretenden erigir las viviendas.
En la madrugada del jueves levantaron el campamento que habían instalado frente a la sede del IPV, en avenida Belgrano al 1.300. Fue luego de que se anoticiaron que los militantes de la agrupación que habían sido arrestados ya estaban en libertad. Previamente, realizaron allí una conferencia donde comunicaron su intransigencia en el pedido.