Un cartel amarillo de enormes dimensiones. El mensaje: “Urtubey: desmontar es pecado”. ¿Dónde? Frente a la Catedral, en plena vereda del santuario de nuestros santos patronos. Esta escena se pudo ver ayer a la mañana y se completó con la intervención de la policía, que retiró a los activistas de Greenpeace, quienes de esa manera protestaban contra el desmonte en Salta. A los ocho ambientalistas que participaban de la protesta se los demoró en la seccional Primera y se les labró una contravención, aunque no fueron detenidos, como se informó en varios medios de prensa locales.
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Un cartel amarillo de enormes dimensiones. El mensaje: “Urtubey: desmontar es pecado”. ¿Dónde? Frente a la Catedral, en plena vereda del santuario de nuestros santos patronos. Esta escena se pudo ver ayer a la mañana y se completó con la intervención de la policía, que retiró a los activistas de Greenpeace, quienes de esa manera protestaban contra el desmonte en Salta. A los ocho ambientalistas que participaban de la protesta se los demoró en la seccional Primera y se les labró una contravención, aunque no fueron detenidos, como se informó en varios medios de prensa locales.
Desde la Catedral Basílica de Salta, monseñor Dante Bernacky se mostró muy enojado y, en diálogo con El Tribuno, expresó: “No seamos tan ingenuos. Greenpeace es una organización internacional que tiene intereses económicos y políticos, que no son nada ingenuos”. Y agregó luego: “No critico el derecho a manifestarse de esta organización, pero sí me pareció absolutamente inadecuado que esta protesta se haga en el ámbito del santuario del Señor y la Virgen del Milagro, en vísperas de la entronización de las imágenes y en el marco de una campaña política, en tanto que en el cartel se apuntaba directamente al gobernador de la Provincia”.
Los activistas llegaron en vehículo a la Catedral y en pocos minutos erigieron la estructura que soportaba el cartel. Algunos de ellos se subieron a esa estructura de más de siete metros, mientras que otros repartían volantes a los transeúntes. Inmediatamente comenzó el revuelo y no pasó demasiado tiempo hasta que los efectivos policiales llegaron al lugar para comunicarles a los ambientalistas que su accionar era inapropiado y debían retirarse. “No es un delito lo que hicieron, no se los detuvo. Sí debieron prestar declaración indagatoria y se les secuestraron los elementos con los que se manifestaban”, dijo el comisario Bernardino Colque, jefe de la seccional Primera de la policía.
“¿Por qué en la Catedral?”, preguntaron desde varios medios a los activistas de Greenpeace. El argumento: “Porque consideramos que desmontar es pecado”, respondieron.
“Ese es un argumento muy traído de los pelos. Son gente de afuera que terminan pasando por encima de los salteños”, retrucó Bernacky.
Dante Bernacky fue categórico: “No nos entienden (los activistas) a nosotros como salteños, no entienden que el lugar que ellos han ocupado frente a las imágenes de nuestros santos patronos es un lugar sagrado y que marca la esencia de la historia de la fe salteña. No hay derecho de hacer propaganda netamente política utilizando el atrio de la Catedral Basílica”, declaró. “Si la manifestación es contra el gobernador, que vayan a la Casa de Gobierno o al lugar en el que vive el gobernador, no a este santuario”, agregó. El vicario reiteró que no está en contra de las manifestaciones y opinó respecto a los desmontes: “Hay ausencia del Estado en el control de los desmontes”.
Hernán Giardini, de Greenpeace, en diálogo con El Tribuno, aseguró que seguirán las manifestaciones hasta tanto el gobernador Juan Manuel Urtubey no ponga en práctica políticas acordes con la ley de bosques. “Nadie se manifestaba en contra de lo que hacíamos, incluso algunas personas nos aplaudían y felicitaban por este reclamo. Al único que le molestó es al monseñor, quien debería revisar si está de acuerdo con que se desmonte o no”, expresó.
UNA DE LAS ACTIVISTAS DE GREENPEACE ES ACOMPAÑADA POR EFECTIVOS POLICIALES.
LA OPINIÓN
Una pelea de conventillo en un matrimonio que se hizo por interés
| POR FRANCISCO SOTELO
La protesta de la víspera fue una pantomima, como lo son todas las protestas de Greenpeace. La novedad es que esta vez cuestionaron a su ex socio político Juan Manuel Urtubey.
Si alguien tiene alguna duda sobre esa sociedad, ahora en crisis, le basta con ir a consultar al tigrero de Orán, Pablo Corro. Es el baqueano al que los dirigentes de Greenpeace no le pagaron lo que le debían por sacar a pasear en el cuello de un ternero y, cuando este creció, en el apero de su caballo, un collar para rastreo de tigres. Querían engañar al satélite y a los que había aportado cien mil dólares para la campaña y, de esa estafa, salió a la luz una inolvidable patraña.
Para Urtubey, fue una gracia.
“Desmontar es pecado”, decían los afiches que esta organización colgó ayer en el atrio de la Catedral.
De aceptarse el concepto de “pecado” como criterio descalificador, bien podría decirse que mucho más pecaminoso es contribuir a un sistema de paralización del desarrollo agropecuario a través de mecanismos de permisos de desmonte que favorecen la discrecionalidad, la coima o el favoritismo.
Eso y no otra cosa es el supuesto Ordenamiento Territorial instrumentado por Urtubey durante sus primeros años de gestión, cuando vivía una luna de miel con Greenpeace y con la ingeniera Stella Maris Pérez de Bianchi, que lograron colocar a Julio Nasser como ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Ese matrimonio realizado por interés se rompió, pero el daño está hecho. Al ritmo de la música de Gustavo “el pelado” Cordera, distorsionaron por decreto la ley nacional de Bosques y la norma provincial de adecuación a ese régimen y crearon un sistema que pintó de verde, amarillo y rojo las diversas zonas del territorio provincial.
Fue una pintura de brocha gorda, donde los límites son difusos. Con esa triquiñuela, si el funcionario de turno y el propietario de un terreno llegan a un acuerdo, queda margen suficiente como acercar la lupa al mapa y descubrir que lo que parecía rojo o amarillo es en realidad verde, justito donde está la finca. En pocas palabras, un invento burocrático cuyos resultados están a la vista: los desmontes se hicieron igual, pero por abajo de la mesa; el rodeo ganadero de Salta, que se había multiplicado por cinco en menos de quince años, se estancó a partir de 2007; y la población rural debió migrar, y así es que el 25% de los habitantes de Salta, Orán y Tartagal viven en asentamientos.
Sería interesante conocer, y el gobierno provincial debería informarlo, los nombres de las personas físicas que integran las sociedades beneficiadas por ese régimen discrecional de desmontes.
Ayer, Greenpeace pateó el tablero. El secretario de Ambiente, Gustavo Paul, asegura que la organización “miente y extorsiona”. Es cierto, tan cierto como que Urtubey fue su aliado incondicional, a pesar del daño que el negocio del terrorismo ecológico le hace a nuestra provincia.
El gobierno, ahora, se siente extorsionado
La protesta de Greenpeace abarcó a toda la política forestal del gobierno de Juan Manuel Urtubey, pero hizo foco en Establecimiento San Francisco, de San Martín, que pidió en 2010 un cambio de categoría, ya que se encontraba dentro de la zona amarilla establecida en la ley provincial 7543. El cambio se autorizó en una audiencia pública realizada en Aguaray y, según el Gobierno, no hubo objeciones, ni siquiera de Greenpeace. La empresa logró el cambio de categoría en función de “factores sociales y ambientales de este sector del departamento San Martín”. La autorización permitió desmontar 6.383 hectáreas y obliga a preservar 4.701 hectáreas.
El secretario de Ambiente, Gustavo Paul, fue el único funcionario que respondió a Greenpeace: “Esta organización miente y solo busca financiar su actividad extorsiva”, dijo. Paul, quien llegó a la cartera luego de largos años de fluidos vínculos entre el gobierno de Urtubey y Greenpeace, asegura que solo se autorizan desmontes respetando las cortinas forestales y los corredores biológicos. Con el Ordenamiento Territorial, Greenpeace creía haber detenido los desmontes en Salta. Desde 2008, Salta es la segunda provincia que más ha desmontado, con cerca de 400 mil hectáreas, aunque sin un proyecto de inversión productiva ni desarrollo agropecuario.