La campaña política de este año tiene forma de pulpo: sus tentáculos se extienden largos y tocan a todos. Los últimos fueron las Abuelas de Plaza de Mayo y el director de teatro Carlos Rivas, que quedaron entrecruzados por una carta, pero el enfrentamiento se agudizó con críticas por la supuesta politización de los derechos humanos, de un lado, y por la falta de reconocimiento de las acciones del Gobierno para esclarecer los delitos de lesa humanidad, por el otro. “A lo mejor habrá creído que yo soy la Virgen María y yo soy Estela Carlotto, una luchadora con errores, con virtudes”, afirmó la dirigente social.
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La campaña política de este año tiene forma de pulpo: sus tentáculos se extienden largos y tocan a todos. Los últimos fueron las Abuelas de Plaza de Mayo y el director de teatro Carlos Rivas, que quedaron entrecruzados por una carta, pero el enfrentamiento se agudizó con críticas por la supuesta politización de los derechos humanos, de un lado, y por la falta de reconocimiento de las acciones del Gobierno para esclarecer los delitos de lesa humanidad, por el otro. “A lo mejor habrá creído que yo soy la Virgen María y yo soy Estela Carlotto, una luchadora con errores, con virtudes”, afirmó la dirigente social.
Todo se desató ayer cuando, en el diario La Nación, Rivas publicó una nota en la que explica por qué no leyó una carta apoyando la nueva edición del ciclo Teatro por la Identidad, un espacio que difunde la búsqueda de los nietos que realizan las Abuelas a través del arte.
Dirigiéndose a Estela de Carlotto, Rivas escribió: “Con enorme dolor, no pude (leer la carta), Estela. La encrucijada moral en la que usted y su organización me encerraron no me dio alternativa”. Y a continuación expresó su “tristeza y dolor” por el apoyo de Carlotto a iniciativas del gobierno kirchnerista, como la designación del jefe del Ejército, César Milani, o la reforma judicial.
Según Rivas, la distribución del periódico oficial de las Abuelas con una nota en la tapa donde aparecía Carlotto con la procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, apoyando la “democratización de la justicia” le impidió leer la carta del grupo.
Sin demora, ayer el grupo Teatro por la Identidad le retrucó a Rivas: “Consideramos que la cuestión de los nietos apropiados y la urgencia de su restitución va mucho más allá de cualquier gobierno o partido. Las actitudes políticas de cualquiera de nuestros compañeros (incluso las de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo) son independientes”.
Además, acusaron a Rivas porque la publicación de su carta “fue oportunista”.
“Desinformado”
También Carlotto salió a defenderse de las acusaciones de Rivas, en lo que fue su segunda controvertida aparición pública luego de que la semana pasada le dijera a El Tribuno que “hay miles de personas nombradas en el Nunca Más y no todas son genocidas”.
Rivas “está muy desinformado”, afirmó la líder de las Abuelas y consideró que las críticas hacia su posición política que el realizador efectuó a través de la carta “es producto de una ira que tiene”. Carlotto dijo que si el director teatral “hubiera venido a hablar con nosotros, le habríamos dado las explicaciones, coincidentes o no, que tenemos para hacer estos actos visibles de una política de derechos humanos”.
“La Justicia, cuando es buena Justicia, representa la defensa de los derechos humanos. En estos 35 años que estamos transitando hemos sufrido la mala Justicia. Por eso apoyamos esa democratización. No es apoyar un partido político sino una gestión que va a conducir a que todos salgamos beneficiados”, indicó.
Agregó que “las Abuelas tardamos 16 años para que la Justicia reconozca que hubo un plan sistemático de robo de bebés y se condenara con 50 años al fallecido genocida (Jorge) Videla. Esa es la Justicia que no queremos: que tarde años, que cajonee causas porque no conviene sacarlas para amigos o para una corporación”.
Hay un "estado de sospecha sobre Milani"
El fiscal federal Jorge Di Lello afirmó ayer que toda imputación de enriquecimiento ilícito, como la que hizo al jefe del Ejército César Milani, supone “un estado de sospecha” sobre el acusado porque “hay verosimilitud” en “la denuncia y la prueba que se ofrece”.
“El fiscal hace (la imputación) para poder iniciar la investigación”, explicó el funcionario del Ministerio Público, y aclaró que optaba por hablar “en términos abstractos” porque “el tema Milani” prefiere “no tocarlo”.
Di Lello sostuvo que en cualquier imputación fiscal “lo que se está diciendo es que hay verosimilitud en el relato” de la denuncia así como que “algunas pruebas que se ofrecen aparecen viables o se tornan verosímiles” y, en consecuencia, “se inicia la verificación de esas pruebas”.
Para el imputado, como en este caso es el comandante del Ejército, ejemplificó el fiscal, la imputación “le da la posibilidad de defenderse, tomar intervención (en la causa) y saber qué se busca” en el proceso.
El lunes, Di Lello dictaminó que se debe impulsar una investigación penal sobre Milani, por el supuesto delito de “enriquecimiento ilícito”, y solicitó medidas de prueba para conocer los bienes e ingresos del militar y su familia.
Lo hizo en un requerimiento que elevó al juez federal Daniel Rafecas, que tiene en sus manos las denuncias radicadas contra Milani por su patrimonio.
Según el programa político “Periodismo Para Todos” (PPT), Milani cobra un sueldo 15.000 pesos y, sin embargo, posee un lujoso chalet en el barrio La Horqueta, del partido de San Isidro, así como coches de alta gama y otros bienes, entre ellos cuatro propiedades en Cosquín, Córdoba, que explicó en su declaración heredó de su padre.
El desgaste de un alineamiento irrestrico
Por Hugo Krasnobroda (El Tribuno)
Es tan destacable la lucha que aún continúan dando las Abuelas por encontrar a sus nietos que toda expresión que politice esa causa termina afectando su propia identidad. ¿Qué necesidad tiene una persona de la talla de Estela de Carlotto para defender a un presunto genocida como César Milani?¿Era necesario exponerse junto a los candidatos oficialistas hasta en la inauguración de un estadio de fútbol en plena campaña bonaerense? La extrema partidización de algunas organizaciones de derechos humanos está consiguiendo algo inesperado años atrás: la década en la que más se avanzó con los juicios a los represores fue, paradójicamente, la misma donde más controversia generaron las principales caras visibles de esas dignas banderas. Dejar de ser una organización social para pasar a ser un apéndice partidario probablemente tenga algún beneficio, aunque los riesgos de esa decisión son altísimos.