En la reanudación del juicio a los narcopolicías, los defensores de los acusados Gabriel Giménez y Carlos Alberto Gallardo pidieron hoy su absolución en la causa por presunto tráfico de cocaína.
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En la reanudación del juicio a los narcopolicías, los defensores de los acusados Gabriel Giménez y Carlos Alberto Gallardo pidieron hoy su absolución en la causa por presunto tráfico de cocaína.
Para ello, los doctores Luis Agüero Molina y Carlos Benito Colque se basaron en el beneficio de la duda y en un proceso al que consideraron con "irregularidades".
El caso de Colque, representante del ex subcomisario Gabriel Giménez, pidió su absolución por el beneficio de la duda debido a que ‘‘no existen pruebas que conecten la sustancia secuestrada con los imputados’’. A lo que agregó en su alegato: ‘‘Mi defendido lleva 590 días preso por un delito que gratuitamente se le imputa, porque no surge una sola evidencia que lo vincule con la droga incautada’’. Cuestionó además el proceso de instrucción por ‘‘la falta de coherencia en las pruebas’’.
En tanto, Agüero Molina, defensor de Carlos Gallardo, también pidió su absolución ‘‘porque el hecho atribuido no existió’’ y coincidió con Colque en cuestionar la etapa de instrucción de la causa, a la que consideró un proceso ‘‘plagado de irregularidades’’.
Tras los dos alegatos, el fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, replicó a los abogados luego de haber requerido el 30 de julio 13 años de prisión para ambos, además de la inhabilitación absoluta, y la absolución de los hermanos civiles Carlos y Luis Giménez, que también están imputados en la causa.
El Tribunal Oral Criminal Federal de Salta (TOF), presidido por la Dra. Marta Liliana Snopek e integrado por Federico Díaz y Marcelo Juárez Almaraz ante la Secretaría del Doctor Federico Mezzena pasó a un cuarto intermedio para el próximo 20 de agosto, cuando los imputados podrán decir sus últimas palabras del proceso, para dar luego paso a la deliberación de los tres jueces.
Gallardo y Gabriel Giménez llegaron al juicio acusados de transporte de estupefacientes doblemente agravado por su condición de funcionarios públicos de la actual gestión y por la participación de tres o más personas.