Contradicciones; apuros; incógnitas; marchas y contramarchas; voceros oficiales confundidos; medios del Gobierno anunciando lo que luego desmentirían los propios funcionarios. Esto es lo que dejó la ruptura del contrato entre el Estado y la empresa que maneja el juego en la Provincia desde 2000. La concesión estaba pactada hasta 2030.
inicia sesión o regístrate.
Contradicciones; apuros; incógnitas; marchas y contramarchas; voceros oficiales confundidos; medios del Gobierno anunciando lo que luego desmentirían los propios funcionarios. Esto es lo que dejó la ruptura del contrato entre el Estado y la empresa que maneja el juego en la Provincia desde 2000. La concesión estaba pactada hasta 2030.
Pocas horas después de conocerse el resultado de las primarias, el Gobierno provincial le quitó la licencia a Enjasa y dejó serias dudas sobre el futuro de la explotación del juego en Salta, un negocio de más de $400 millones anuales. Pese al anuncio, fuentes oficiales afirmaron anoche que la empresa seguirá manejando, durante un plazo que no pudieron definir, casinos, tragamonedas y loterías. Tampoco aclararon cómo controlará el ente fiscalizador, Enreja, la transición.
Los medios que responden al Gobierno hablaban de estatización. “Los casinos y juegos de azar vuelven a manos de la Provincia”, tituló el portal Informate Salta. La información fue desmentida por funcionarios consultados por este diario.
La acusación contra Enjasa, controlada por Casino de Austria, es de haber incumplido reiteradamente la normativa, especialmente la referida al control del lavado de dinero, por lo cual habrían pagado unos dos millones de pesos en multas a lo largo de casi seis años.
El ministro de Economía, Carlos Parodi fue el encargado de anunciar que la concesión millonaria había sido anulada. En una conferencia de prensa argumentó que se tomó la decisión tras el incumplimiento de reglas de blanqueo de capitales. Pese a que Parodi remarcó que “Enjasa queda fuera de esta historia”, desde el Ente Regulador de los Juegos de Azar (Enreja) afirmaron a este medio que mañana el juego seguirá a cargo de la misma empresa.
La vicepresidenta del ente de control estatal negó enfáticamente que el Estado vaya a explotar por su cuenta el negocio del juego. “No hay estatización”, aseguró Silvina Cainelli. Sin embargo, la funcionaria no pudo precisar hasta cuando seguirá Enjasa manejando los juegos de azar en Salta. “La revocatoria quedará firme después de los plazos administrativos que establece la ley para que la empresa pueda presentar sus objeciones”, agregó.
Otra duda que genera la repentina desvinculación es el anunciado “plan de transición”, del que solo se informó el nombre, pero se desconocen sus alcances. Según Parodi, Enjasa tendrá que negociar con el Enreja el traspaso de los casinos, salas de tragamonedas y loterías. No existe fecha concreta, ni un llamado para los nuevos operadores que quieran competir por la vacante que deja Enjasa.
El ministro anunció que no necesariamente, el juego tiene que ser explotado por un solo operador, ya que la ley permite al Estado entregar el juego a más de uno. Mientras tanto, la empresa acusada de incumplir las normas que buscan evitar el lavado de dinero, seguirá como hasta ayer, al frente del negocio.
Parodi sostuvo que con los nuevos operadores se negociará un canon del 20% sobre la recaudación, mientras que hoy el Estado recibe solo el 16%. El ministro de Economía aseguró que esos ingresos, que espera incrementar a $80 millones, serán destinados a la asistencia social.
El presidente del Ente Regulador de los Juegos de Azar, Sergio Mendoza, denunciado penalmente, entre otras cosas, por violación de las normas del Banco Central contra el lavado de dinero, fundamentó el abrupto final del contrato con Enjasa. Según dijo, la ruptura se debió “a las recurrentes infracciones, entre las que se destacan la graves faltas por no respetar las normas anti-blanqueo de capitales”.
Entre las maniobras atribuidas a la operadora llamó la atención la acusación sobre campeonatos de poker clandestinos.
El presidente de Enreja, entre denuncias que no se investigan
Para la revocación de la licencia a Enjasa, el Gobierno argumentó violaciones a la legislación antilavado de dinero. Aunque nada se dijo sobre las graves denuncias contra el actual presidente del Enreja, Sergio Mendoza, por incompatibilidades en su cargo y sobresueldos.
“Los Directores tendrán dedicación exclusiva en sus funciones e idénticas inhabilidades e incompatibilidades de las establecidas para los Jueces de la Provincia”, establece el artículo 35 del Marco Regulatorio de los Juegos de Azar (Ley 7020). Por tal razón la cúpula de Enreja percibe la máxima remuneración del Estado provincial, de poco más de $20 mil mensuales.
Sin embargo, Mendoza aún es socio gerente de la empresa agropecuaria SAN SRL y mantuvo oculta esa participación accionaria desde 2008. En su declaración jurada ante la Escribanía de Gobierno, el titular del Enreja también falseó información sobre sus cuentas bancarias, vehículos y propiedades. Él y los otros dos directores del Ente que controla el juego en Salta, Gerardo Posadas (ya renunció) y Antonio Reston, cobraron sobresueldos en negro de $9.500 mensuales. Este sistema con el que se evadieron tributaciones de Ganancias a la Afip funcionó mediante la emisión de cheques que en el último año ascendieron a $54.500 mensuales. Además de los tres directores, cobraban sobresueldos de $6 mil funcionarios de segunda línea y sumas en negro de $2 mil ocho agentes cercanos al directorio de Enreja.
El Tribuno denunció estas irregularidades con documentación respaldatoria que el fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, no consideró.
De acuerdo con los comprobantes, cada mes, Mendoza libraba dos cheques por un total de $54.500, con los que se pagaban los sobresueldos. De esa forma, se eludían los controles contra el lavado de dinero del Banco Central. Por dicha medida, recordemos, los bancos tienen prohibido pagar por ventanilla cheques por más de $50 mil.
Los cuestionados funcionarios sacaban dinero del Enreja en la cuenta corriente del organismo en el Banco Macro. Esta maniobra se mantuvo hasta mayo último. A partir de ese mes, los sobresueldos empezaron a depositarse directamente en las cajas bancarias de los funcionarios que participaron en la evasión por cerca de $700 mil anuales a la Afip. Llama la atención que el organismo nacional no haya dispuesto ninguna medida.
Pese a que Akemeier frenó la investigación, tras la denuncia periodística, el vicepresidente de Enreja, Gerardo Posadas, renunció. Por la documentación publicada quedó demostrado que Mendoza también mantenía una incompatibilidad con cargo, ya que trabajaba como auditor externo de Inversora Juramento, la firma agropecuaria que encabeza Jorge Brito, el presidente del Banco Macro.
En declaraciones juradas que presentó ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Valores, Posadas manifestó ser socio de Consultora Pluss, el estudio contable que dirige Fernando Yarade. En estos mismos informes, el diputado nacional oficialista figura como síndico titular de la empresa agropecuaria de Brito.
Enjasa desmintió a los funcionarios
Las autoridades de Enjasa desmintieron las acusaciones que el Gobierno provincial hizo contra la empresa sobre incumplimiento de normas de antilavado de dinero.
Ayer, horas después de la conferencia de prensa del ministro Carlos Parodi, Enjasa informó que fue notificada sobre la revocación de la licencia de la explotación exclusiva de los juegos de azar en Salta.
En un comunicado, la firma negó que haya incurrido “en operaciones de lavado de dinero”. También aseveró que no otorgó sublicencias ni delegó sus derechos y obligaciones a terceros, como lo difundieron funcionarios provinciales.
“Enjasa informa mensualmente a la Unidad de Información Financiera (UIF) todas las operaciones exigidas por dicha legislación, sin que hasta la fecha se haya recibido ninguna información del organismo”, señalaron.
La compañía de juegos sostuvo que es auditada por una firma internacional. De ese proceso surge “un informe especial sobre procedimientos de control interno en relación con la resolución de la UIF referida a los juegos de azar”. También remarcaron que Enjasa pertenece a Casinos Austria International (CAI), una firma vinculada a los casinos, tragamonedas y loterías en 16 países. Ayer aseguraron que pondrán la documentación y los registros a disposición de los organismos de fiscalización y de la justicia “si fuese necesario”.
El dato
Medios oficiales anunciaban ayer en sus portales una estatización, pero funcionarios del ente regulador desmintieron la información, al ser consultados por El Tribuno.