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Fondos buitre: el país denuncia “graves errores” en el fallo judicial

Domingo, 08 de septiembre de 2013 01:48

El Gobierno nacional apeló ante la Justicia de Nueva York el fallo que ordenó pagar a los fondos buitres más de 1.300 millones de dólares por bonos del país en default, y advirtió que la Cámara de Apelaciones que ratificó la sentencia cometió “graves errores”, tales como anular planes de reestructuración.

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El Gobierno nacional apeló ante la Justicia de Nueva York el fallo que ordenó pagar a los fondos buitres más de 1.300 millones de dólares por bonos del país en default, y advirtió que la Cámara de Apelaciones que ratificó la sentencia cometió “graves errores”, tales como anular planes de reestructuración.

La apelación fue presentada ayer a la madrugada, última hora del viernes en Nueva York, por el bureau de abogados que maneja el reclamo argentino ante el tribunal que hace dos semanas confirmó el fallo del juez Thomas Griesa, quien condenó a Argentina al pago. La presentación se hizo sobre el filo del cierre del plazo legal.

“La decisión comete peligrosos errores legales que magnifican el error de las decisiones previas de esa Cámara”, señaló la Argentina, a través del planteo de sus abogados. Además, en el escrito se argumentó que las declaraciones de funcionarios argentinos contra los fondos buitre no significan un desafío a la Justicia norteamericana, sino que son la “reacción que cualquier Estado hubiera tenido ante esa perspectiva”, en referencia a los posibles impactos económicos del fallo.

En la presentación, los abogados de la Argentina insistieron en que el tribunal de tres jueces que falló contra la Argentina interpretó de manera incorrecta la cláusula de tratamiento igualitario incluida en los bonos. También señaló que la decisión va en contra de la ley que dispone “inmunidad soberana” para activos extranjeros en los Estados Unidos (se trata de una norma que limita la posibilidad de demandas judiciales como las que enfrenta la Argentina).

El Gobierno también argumentó que los jueces Reena Raggi, Barrington Parker y Rosemary Pooler se “excedieron” en sus poderes al ir por sobre aquella norma. “Las cortes no pueden usar su poder de remediar para ir por sobre la intención del Congreso”, enfatizaron los letrados.

Con esos argumentos, la Argentina apeló ayer a la madrugada (hora argentina) el fallo adverso de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en la demanda iniciada por los fondos buitre, que pretenden cobrar sin quita bonos en default por 1.330 millones de dólares.

Fuentes oficiales indicaron que el país dejó en claro su vocación de pagar la deuda, pero en las mismas condiciones que a quienes entraron a los canjes anteriores. Los abogados del estudio Cleary Gottlieb fueron los encargados de realizar la presentación sobre el filo del vencimiento.

Los argumentos de la apelación

El Estado nacional en la apelación presentada ante la Justicia norteamericana indica que una interpretación de la cláusula “pari passu” como la que hacen el juez Thomas Griesa y la Cámara, desafía “lo que es comercialmente razonable” según los mercados y las propias leyes de Nueva York. “Sin ley de quiebras para los países, la decisión le impide al Estado pagar inclusive intereses descontados a aquellos acreedores que acuerdan reestructurar y aceptaron una quita en su deuda en cesación de pagos (93% de los acreedores), salvo que el Estado pague capital e interés total sobre alguna deuda que quede afuera de la reestructuración”, afirma el texto.

También aduce que la decisión de los jueces terminará afectando a los países con crisis de deuda y que afecta la ley de inmunidades soberanas de los Estados Unidos. “La propia ley de los Estados Unidos sobre inmunidad soberana, prevé que cuando un Estado ha sometido su jurisdicción a las leyes locales, sus bienes no pueden ser embargados ni ejecutados salvo que estén ubicados en Estados Unidos y de tipo comercial”. Para la defensa del país, “según la misma ley de Estados Unidos, ningún Estado puede estar obligado a cumplir una sentencia, por lo que la interpretación de los jueces sería ir en contra de la propia ley dictada por el Congreso de EEUU”.

 

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