El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación (Sitepsa), Víctor Gamboa, pidió a la Procuración General que agilice denuncias que se presentaron en las últimas dos semanas por amenazas, abuso de poder, incumplimiento de deberes y coacción contra docentes en huelga.
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El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación (Sitepsa), Víctor Gamboa, pidió a la Procuración General que agilice denuncias que se presentaron en las últimas dos semanas por amenazas, abuso de poder, incumplimiento de deberes y coacción contra docentes en huelga.
“Hasta ahora no hemos tenido respuestas del Ministerio Público”, remarcó el dirigente gremial, tras insistir en el reclamo de una investigación penal contra los ministros Eduardo Costello (Trabajo), Roberto Dib Ashur (Educación) y Carlos Parodi (Economía) por las advertencias de descuentos de haberes y de aplicaciones de faltas injustificadas que reiteraron por diferentes medios.
“Esperamos que las actuaciones no terminen en un cajón”, sostuvo Gamboa, quien esta semana formalizó una denuncia contra los tres ministros y contra el secretario de Gestión Administrativa de la cartera educativa, Alejandro Gaudelli, por incumplimiento de deberes, abuso de poder y coacción contra maestros que reclaman mejoras salariales.
A fines del mes pasado, Gamboa presentó otra denuncia por las amenazas que recibió, mediante panfletos, en el colegio Miguel Ragone del barrio Autódromo, su lugar de trabajo. Pocos días después hizo otra presentación penal ante la Fiscalía de Causas Policiales por golpes que recibieron maestros movilizados el 1 de abril en incidentes con efectivos del organismo de seguridad.
En la denuncia que presentó esta semana con el patrocinio del abogado Carlos Saravia, el titular del Sitepsa afirmó que, con sus declaraciones periodísticas en diferentes medios, los ministros de Trabajo, Educación y Economía “procedieron maliciosamente a desplegar una estrategia comunicacional tendiente a infundir temor en quienes ejercen el derecho constitucional de huelga garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución”.
El dirigente gremial subrayó que, tras calificar la huelga de ilegal sin asidero, los funcionarios anticiparon que a los docentes adheridos al paro se les descontarían los días no trabajados y que, además, las faltas serían consideradas como injustificadas. Gamboa resaltó que, según informaron docentes adheridos al paro que se inició el pasado 5 de marzo, personal administrativo del Ministerio de Educación habría recibido instrucciones para “realizar el aberrado encuadre legal a los efectos de afectar maliciosamente sus legajos”.
En la presentación realizada ante el jefe de fiscales, Pablo López Viñals, se advirtió que la tipificación de faltas injustificadas “configuraría un acto arbitrario e ilegal”, ya que se contradeciría con la doctrina jurisprudencial sentada por la Corte Suprema, sobre la que los funcionarios denunciados “no pueden alegar desconocimiento”.