Tras la detención de un empleado de la Dirección General de Inmuebles de la Provincia que está acusado de venta fraudulenta de viviendas, el titular del organismo, Esteban García Bes, informó que se habían hecho, al menos, 15 denuncias por escrituras y boletos de compraventa sospechados de ilegalidad. Por el caso, arrestaron a cinco personas en total el martes.

Un grupo que se dedicaba a vender casas que estaban deshabitadas o en proceso de sucesión con documentos apócrifos quedó al descubierto tras una investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos.

De acuerdo con lo que se conoció, Hugo Valenzuela, empleado de Inmuebles, aparentemente filtraba información sobre viviendas que estaban desocupadas o se estaba definiendo quiénes eran sus herederos. Sus cómplices se apoderaban de las casas y, con papeles falsificados, las vendían.

El martes quedó detenido Valenzuela, que trabajaba hace 20 años en Inmuebles, y otras cuatro personas cuyas identidades no fueron oficialmente confirmadas pero estarían relacionadas con el rubro de los negocios inmobiliarios.

La estafa se conoció en las últimas horas y Esteban García Bes detalló que el organismo oficial que conduce había aportado a la Justicia 15 denuncias sobre escrituras o boletos de compraventa sospechados de falsedad.

“Siempre se hacen controles de legalidad. Si en un documento no coinciden firmas o sellos, lo denunciamos para que se investigue”, señaló el responsable de Inmuebles en diálogo con El Tribuno.

El funcionario difundió también que el trabajador detenido había sido trasladado de un área a otra hace más de seis meses, cuando se conoció que estaba involucrado en otra denuncia penal.

Valenzuela había quedado desde entonces en una oficina en la cual no se manejaba información crucial con respecto a la situación legal de los inmuebles.

De todos modos, se conoció que la banda venía operando hacía varios años y no se descartó que en los próximos días haya más detenciones.

Todavía no se conocieron datos específicos sobre cuántas casas podrían haberse vendido por medio de esta modalidad.

Uno de los damnificados fue un profesor de música que había denunciado que se habían apoderado de dos propiedades suyas en el centro.

Por el caso, hubo ocho allanamientos en los que se encontraron escrituras, planos, recibos, cédulas parcelarias y otras pruebas de falsificación de instrumentos públicos y asociación ilícita.

Los procedimientos se hicieron en una finca de Chicoana, y en casas de los barrios Grand Bourg, Finca Valdivia, San Francisco Solano y Villa las Rosas, en Salta Capital.

En uno de estos allanamientos, personal policial secuestró vajilla de porcelana que los detenidos se habrían robado de una casa que quedó sin herederos tras la muerte de su propietario.

La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos y la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta venían siguiendo los movimientos de la banda hacía meses.

Ayer se conoció que se están haciendo nuevos rastreos que podrían confirmar la participación de más personas en los delitos de asociación ilícita, estafa y adulteración de instrumentos públicos.

Los descubrieron haciendo escuchas 

Un elemento clave en la investigación que permitió descubrir a una banda que vendía casas desocupadas o en proceso de sucesión, fue la denuncia de un profesor de música que expuso que se habían apropiado de dos viviendas céntricas que le pertenecían.

Parte de la investigación se realizó en base a escuchas telefónicas de conversaciones entre los involucrados. Con esta herramienta, quedaron identificados los que participaban de las operaciones y la modalidad que utilizaban.

Por la causa hubo varios allanamientos y podrían sumarse nuevos procedimientos en los próximos días. El alcance de la maniobra por ahora no está definido, ya que se desconoce cuántas casas llegaron a robar.

Uno de los cinco detenidos es Hugo Valenzuela, un empleado de la Dirección General de Inmuebles acusado de pasar información sobre las viviendas que podían ser apropiadas.

Esteban García Bez, director de Inmuebles, dijo ayer que no hay elementos para sospechar que haya más trabajadores del organismo oficial involucrados en la estafa.

El funcionario trató de llevar tranquilidad a la población y dijo que existen controles para detectar este tipo de fraudes. “Ante cualquier sospecha sobre la documentación que manejamos, hacemos la denuncia. La información sobre propiedades es algo muy sensible”, sostuvo. Las actuaciones estuvieron a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, que conduce Guillermo Akemeier.

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