El 1 de marzo Roberto Augusto Ulloa cumplió 90 años y viajó a Salta para festejarlos con familiares y amigos. A fin de mes, el capitán de navío que vive su retiro en Buenos Aires deberá regresar a estas tierras que gobernó en dos ocasiones, esta vez por motivos nada placenteros. El 30 de abril, a las 8.30, lo espera el juez federal Miguel Medina para indagarlo por falso testimonio. La causa se desprendió de dos expedientes relacionados con crímenes de lesa humanidad.
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El 1 de marzo Roberto Augusto Ulloa cumplió 90 años y viajó a Salta para festejarlos con familiares y amigos. A fin de mes, el capitán de navío que vive su retiro en Buenos Aires deberá regresar a estas tierras que gobernó en dos ocasiones, esta vez por motivos nada placenteros. El 30 de abril, a las 8.30, lo espera el juez federal Miguel Medina para indagarlo por falso testimonio. La causa se desprendió de dos expedientes relacionados con crímenes de lesa humanidad.
La indagatoria al exgobernador, que se confirmó ayer, fue resuelta ante un dictamen que el fiscal Eduardo Villalba elevó al Juzgado Federal 2 de Salta el jueves 3 de abril.
En su requerimiento, el fiscal marcó contradicciones en las que incurrió Ulloa en la instrucción y el debate oral de las causas en las que se investigaron los secuestros de Aldo Melitón Bustos y de Gerardo Gallardo, durante la dictadura.
Ulloa fue gobernador de facto desde abril de 1977 hasta febrero de 1983 y gobernador constitucional, desde diciembre de 1991 hasta el mismo mes de 1995, tras imponerse en las urnas con el Partido Renovador de Salta (PRS).
El caso del escribano Bustos fue el primero de los crímenes del terrorismo de Estado en llegar a juicio oral y público en la provincia. El notario fue secuestrado en la madrugada del 2 de febrero de 1978, en su casa de Tartagal, por un grupo de tareas del Regimiento de Infantería de Monte 28. Su hijo Raúl Federico Bustos, que tenía entonces 16 años, reconoció entre los captores al coronel Carlos Alberto Arias. El cuerpo de su padre nunca fue encontrado.
En abril de 2010, Arias y otro coronel que comandaba entonces el regimiento de Tartagal, Luis Angel Zírpolo, fueron condenados a 20 años de prisión, En octubre de 2012 las sentencias fueron llevadas a perpetua, ante apelaciones que el fiscal Villaba y los abogados querellantes David Leiva y Tania Kiríaco interpusieron ante la Cámara Federal de Casación Penal.
El 24 de agosto de 1977, seis meses antes del secuestro, el gobernador Ulloa y su secretario de Gobierno, Jorge Folloni, habían firmado el decreto 2904, con el que dispusieron la cesantía de Bustos en un cargo docente. El 11 de noviembre de 1977, con otro decreto (el 3498) le rechazaron la entrega de un registro notarial “por los antecedentes ideológicos del peticionante”.
En la causa, Ulloa manifestó desconocer los hechos ocurridos al escribano Bustos, negó que durante su gobierno ocurrieran hechos relacionados al terrorismo de Estado. El fiscal consideró sus afirmaciones “contrarias a la verdad” y sus contradicciones, “inaceptables en su condición de gobernador”.
Sobre Ulloa y Folloni pesaban imputaciones más serias, pero Villalba solicitó la desestimación de los cargos por encubrimiento, omisión de denuncia e incumplimiento de deberes y solicitó la formación de causas separas por falso testimonio.
La reunión que negó con “Coca”
En agosto de 2012, el Tribunal Oral Federal de Salta requirió el testimonio de Ulloa por el crimen de Ramón Gallardo, un arquitecto que fue secuestrado la noche del 5 de agosto de 1976, en el barrio Tres Cerritos, y sigue desaparecido.
Los jueces lo citaron porque la esposa de Gallardo, Doly Mabel Perini, había manifestado que en 1977, por recomendación del capellán de la Armada, Emilio Graselli, se entrevistó con el entonces gobernador de facto.
“Coca”, como se la conocía a la recordada militante de derechos humanos que falleció el 6 de septiembre de 2013, señaló que en esa reunión le pidió a Ulloa que la ayudara a encontrar algún dato sobre el destino de su marido.
En le juicio, el exgobernador dijo no recordar a “Coca”, ni la reunión, ni a Gallardo, ni a ninguna otra persona secuestrada, desaparecida, detenida o torturada durante la última dictadura. También afirmó que la Policía tenía independencia ante el Ejército. El fiscal Villalba no le creyó nada de lo que dijo.