Una gran cantidad de familias de Campo Quijano acamparon en un predio que -aseguran- compraron hace 30 años a una cooperativa para construir, a través del -por entonces- Fonavi, sus viviendas.
Por diferentes motivos la construcción de las casas nunca se concretó y la propiedad legal de sus terrenos se fue dilatando. No obstante, los vecinos seguían haciendo los trámites pertinentes para que les entreguen los papeles definitivos del predio, en el que constan la subdivisión de lotes y la propiedad de cada uno.
inicia sesión o regístrate.
Una gran cantidad de familias de Campo Quijano acamparon en un predio que -aseguran- compraron hace 30 años a una cooperativa para construir, a través del -por entonces- Fonavi, sus viviendas.
Por diferentes motivos la construcción de las casas nunca se concretó y la propiedad legal de sus terrenos se fue dilatando. No obstante, los vecinos seguían haciendo los trámites pertinentes para que les entreguen los papeles definitivos del predio, en el que constan la subdivisión de lotes y la propiedad de cada uno.
Pero hace un par de días se vieron sorprendidos por la actividad de obreros que levantaron los postes que delimitaban cada lote y empezaron a cercar todo el predio.
Damián Barboza es uno de los vecinos que asegura ser dueño de un terreno en el predio. En diálogo con El Tribuno explicó que “cuando vimos que cercaban el predio les preguntamos qué pasaba y nos contestaron que el terreno pertenecía a una empresa que iba a construir en ese lugar varios departamentos del plan Procrear”.
“Nosotros somos los dueños legítimos de los lotes que conforma el predio, tenemos los papeles que lo acreditan y no estamos enterados de este proyecto así que, para prevenirnos de una posible estafa, decidimos ocupar cada uno nuestro terreno para que sepan que somos los auténticos propietarios”, aseveró Barboza.
El predio de la discordia tiene una buena ubicación en Campo Quijano, con un interesante valor fiscal. De acuerdo al relato de las personas que acamparon en el lugar, el predio les fue vendido en el año 1.984 por una cooperativa llamada Hipólito Yrigoyen Sociedad Limitada, la cual encabezaba, siempre según el relato de los vecinos, un hombre de Salta llamado Eduardo Heredia.
“El acuerdo con Heredia era que nos vendía los terrenos a las 104 familias para que el Fonavi (actual IPV) nos construya en ese lugar nuestras casas a partir de un programa que existía en esa época”, explicó Barboza a este diario.
El hombre aclaró que “lamentablemente al año siguiente de que hicimos la compra el Fonavi dio de baja el programa de construcción a terceros y nuestro proyecto quedó en la nada”.
“Nosotros decidimos entonces pedirle a Heredia los documentos de la titularidad de los lotes para ocuparnos cada uno de nuestro terreno y ver qué podíamos hacer, pero él nos respondía que eso ya no dependía de él sino del organismo del Gobierno”, recordó y agregó que “con este panorama fuimos al Fonavi, donde nos explicaron que, efectivamente cada lote estaba a nombre de quienes los habíamos comprado, pero que los papeles los tenía el presidente de la cooperativa Hipólito Yrigoyen, o sea Heredia”.
Barboza explicó que “cuando le planteamos esta situación a Heredia nos dijo que él ya no tenía nada que ver con el tema y dejó de atendernos”.
Solo recibo de compra
“Decidimos contratar a un abogado para que nos lleve el caso. Si bien no tenemos boleto de compra venta porque Heredia nunca nos los dio, sí tenemos los recibos de la compra del terreno, con la firma de este hombre y a nombre de su cooperativa”, aseguró el vecino.
Barboza explicó que el abogado que contrataron mandó a hacer la delimitación de las calles y la mensuración de las tierras pero que, cuando le informaron que apareció esta supuesta empresa a cercar el predio el letrado les dijo que iba a averiguar qué estaba sucediendo y nunca más los atendió.
Resistencia
“Luego de que nos instalamos vino la Policía con una orden de la Fiscalía para que no construyamos nada en los lotes hasta que no se aclare la situación”, explicó Barboza y, ante una pregunta de este diario, admitió que la fiscal no se hizo presente para corroborar los papeles con los que las familias acreditan su propiedad.
El hombre sentenció: “Queremos que quede claro que no somos okupas, somos los dueños auténticos de los terrenos y estamos defendiendo lo que es nuestro, algo que compramos hace 30 años y que pagamos y cancelamos hasta el último peso, y tenemos los papeles que lo demuestran”.
“No le vamos a regalar nuestra propiedad a especuladores, nos vamos a quedar en este lugar a defender lo que nos corresponde”, sentenció Barboza y agregó que, si bien en el lugar se mantiene una guardia policial, no fueron intimados a desalojar los terrenos. “Vamos a permanecer aquí hasta que todo se aclare”, cerró.