Otra vez el IPV, otra vez empresas adjudicadas sin licitación y otra vez la frustración de los que menos tienen. Si Juan Manuel Urtubey no da rápidamente alguna señal de transparencia en el organismo, buena parte de la credibilidad de su gestión puede terminar por el piso en pocos días. 

Mientras el gobernador hace gala de revolucionario por quitar un peaje que no pagarán ni autos de alta gama ni camiones que rompen la ruta ni micros comerciales repletos de subsidios, el IPV sigue avergonzando a la gente que espera por años una vivienda digna. No se está hablando de monedas, sino de 120 millones de pesos. 
En política no solo hay que parecer, sino también ser. Ese último punto es el que aún le falta al gobernador, quién aún no condenó enfáticamente la corrupción generalizada que aflora en el IPV ni se mostró preocupado por las irregularidades que se denuncian semana tras semana. 
La campaña mediática que argumenta Urtubey cada vez que no puede explicar algún caso de corrupción se parece en todo a la supuesta persecución periodística que dice sufrir el desprestigiado Amado Boudou, quién fue procesado el viernes tras una lluvia de pruebas en su contra. 
La responsabilidad política por los recurrentes hechos de corrupción no puede buscarse en otro lado que en la cúspide del Gobierno, ya sea por acción u omisión. Dicho sea de paso, aún no se conocieron los resultados de las auditorías sobre la adjudicación de obras en el IPV sin licitación a compañías ligadas a funcionarios del Grand Bourg. ¿O el análisis que se está haciendo es tan exhaustivo que demora eternamente o lo que se está buscando es lisa y llanamente la impunidad? Una de dos. 

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