Rivadavia es el departamento de la provincia con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas (81,3%) y el segundo más pobre del país, después de Ramón Lista (Formosa). El 88% de su población es rural y vive en ranchos sin acceso a agua segura.
Ante semejante indigencia, los lujos y ostentaciones del intendente Leopoldo Cuenca adquieren relieves obscenos. También sus tropelías con tierras ajenas, fondos públicos y bienes del Estado brillan con impunidad en el Chaco Semiárido, donde su patrimonio crece con el mismo descaro que las denuncias de corrupción que duermen sin jueces, en Orán, con incontrastables pruebas en su contra.
Antes de asumir el primero de los tres mandatos que lleva, el jefe comunal de Rivadavia Banda Sur era un carnicero de La Unión, que también probó suerte con un colectivo y que en tiempos de vacas flacas abrió donde tenía la carnicería un cyber. Fue la política la que puso fin a todos sus males, como en un cuento de hadas, bendecido por el vicepresidente del Senado provincial , Mashur Lapad.
Tocado con la misma varita que afortunó a sus almas gemelas en Rivadavia Banda Norte, Atta Gerala, y en Santa Victoria Este, Moisés Balderrama, el intendente Cuenca vive hoy en el pueblo de La Unión, a 44 kilómetros de la localidad de Rivadavia Banda Sur, sobre la ruta provincial 13, como un señor del Medievo.
Vida de jeque
Al lado del terreno donde enterró sus raíces carniceras, edificó una suntuosa propiedad, como ninguna otra en la zona. No se sabe cuánto vale esa residencia que el presidente del Concejo Deliberante, Edgardo Torres, estimó en "varios millones de pesos". La propiedad tiene baños más grandes que el rancho entero de sus vecinos. Imágenes subidas a las redes sociales muestran sus dos palaciegos "toilettes", con jacuzzi, bañera y finos revestimientos y sanitarios.
A Cuenca, comentan sus vecinos, "no le gusta el agua salitre de La Unión". Por eso la hace acarrear desde Santa Rosa, localidad distante a 20 kilómetros al este sobre la ruta 13, con el camión que usa el Municipio para abastecer a parajes de la zona. "Municipalidad de Rivadavia Banda Sur, Gestión Leopoldo Cuenca", resaltan las puertas de ese camión que, se presume, está registrado a su nombre.
Rey del trueque
El anterior camión aguatero, que había sido asignado a la Comuna por un programa de la Nación con fines específicos, terminó en manos de un revendedor de vehículos, de raíces gitanas, en una permuta por una camioneta Chevrolet D-20 que luego fue transferida a un tercero.
Fuentes fidedignas afirmaron que una motoniveladora rusa, que asignó la Provincia al Municipio para el mantenimiento de caminos vecinales, fue entregada a un jujeño que tiene campos en la zona, en canje por otra antigua y maltrecha máquina que, en poco tiempo, quedó fuera de servicio. La otra motoniveladora del parque municipal, de acuerdo con testimonios reunidos por El Tribuno, también se encuentra inoperable.
Gobierno sin papeles
El estado del parque vehicular de Rivadavia Banda Sur, al igual que el manejo de sus cuentas públicas, resultó indescifrable para los profesionales que envió la Auditoría General de la Provincia en 2009 y luego en 2011, ante reclamos de concejales.
En ambos informes, correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008, el primero, y al período 2010 y 2011, el segundo, los contadores y abogados de la Auditoría expusieron un sinnúmero de irregularidades en los registros contables, el manejo de los fondos, cuentas corrientes, órdenes de pago, ejecuciones presupuestarias, contrataciones directas, compraventas de bienes y pagos de servicios al personal del municipio. Por falta de papeles, rendiciones y comprobantes, la Auditoría no pudo determinar si dos radios de la zona, FM La Unión y FM Teuco, son públicas o privadas.
Por el cúmulo de irregularidades advertidas por la Auditoría, en 2010 el exconcejal Jorge Cruz denunció a Cuenca por incumplimiento de deberes y malversación de caudales públicos. La causa lleva 4 años dormida.
Alambra tierras públicas y privadas

Los intentos de apropiación de Leopoldo Cuenca no terminan en Esquina Grande, sino que se extienden también a otras fincas y lotes fiscales vecinos.
El intendente, según denunciaron concejales, titulares de inmuebles rurales y puesteros criollos de la zona, avanzó en los últimos tiempos con amañados acuerdos, cesiones de derechos y actos posesorios para adueñarse de grandes extensiones de tierra en las inmediaciones de El Ocultar, La Unión, Santa Rosa y los bordes de Rivadavia con Salta Forestal (Anta).
Herederos de un puestero de Las Botijas, Ramón Ignacio Romero, denunciaron que el intendente se adueñó de una vasta fracción de tierras en ese paraje, distante a 20 kilómetros de La Unión. También señalaron que Cuenca avanzó allí con cercamientos irregulares.
¿A qué adjudicas el incremento...

Maestros de la zona denunciaron que el jefe comunal, luego de adquirir los derechos posesorios de otro lugareño, Raúl Sabán, cerró un camino vecinal centenario que utilizaban muchas familias criollas y los chicos de la escuela de El Lecheronal.
Cuenca, según advirtieron en su momento los ediles Serafín Puertas y Armando Cuenca ante la Auditoría, también se adueñó de tierras públicas en lotes fiscales 26 y 29. Un finquero de la zona, a su vez, afirmó que el lote fiscal 22 está incluido, con la participación de terceros, entre las conquistas planeadas por el intendente.
El Tribuno intentó confirmar las denuncias con las cédulas parcelarias, pero la Dirección General de Inmuebles las tiene "bloqueadas". Esto, generalmente, ocurre cuando existen presentaciones que tienden a modificar la titularidad registral de un inmueble, por caso, ante presentaciones para prescripciones adquisitivas de dominios por posesión veinteañal.
Jueza ascendida, causas cajoneadas

Con la designación de Norma Beatriz Vera, en el Tribunal de Juicio de Salta, la jueza de Orán quedó definitivamente apartada de las investigaciones penales abiertas contra el intendente de Rivadavia Banda Sur, Leopoldo Cuenca, por malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes (desde 2010) y por exacciones ilegales (desde 2012).
El primero de los expedientes conexos se inició en agosto de 2010, ante una denuncia que el exconcejal Jorge Cruz acompañó con lapidarios informes que hizo la Auditoría General de la Provincia.
La segunda de las causas se abrió en octubre de 2012, por otra denuncia que el diputado Jesús Ramón Villa presentó con irrefutables pruebas de las maniobras orquestadas por el intendente para adueñarse de decenas de miles de hectáreas de tierras ajenas en Rivadavia.
En la edición digital de El Tribuno, los lectores podrán apreciar parte de las pruebas documentales vinculadas con un caso testigo, el de Esquina Grande, donde Cuenca engañó a 15 familias campesinas, atropelló derechos y obstaculizó un proceso de regularización en marcha para quedarse con una finca de más de 35.000 hectáreas.
También podrán ver el informe definitivo en el que la Auditoría General de la Provincia ennumeró, el 12 de octubre de 2012, los graves desmanejos de Cuenca. Aún así, las investigaciones en Orán, distrito judicial que comprende a Rivadavia Banda Sur, nunca avanzaron hacia los procesamientos.
Desde el pasado 10 de junio, cuando Vera fue ascendida a camarista, las causas que dejó la magistrada en el hoy vacante Juzgado de Instrucción Formal de Segunda Nominación de Orán son atendidas por el juez de Primera Nominación, Oscar Blanco, quien se había excusado tempranamente de investigar a Cuenca por "enemistad manifiesta" con el abogado que el intendente designó en el expediente principal.
"Siento mucha tristeza, no por mí, sino por tantas familias campesinas y comunidades originarias a las que aves de rapiña les arrancan lo poco que tienen con la anuencia de la Justicia", manifestó el diputado Villa, ante el cajoneo de las causas de corrupción.
Engañó a familias criollas para adueñarse de 35.000 hectáreas

La finca Esquina Grande tiene 35.409 hectáreas y su historia registral se remonta a dos escrituras casi centenarias. Por la primera, el 26 de octubre de 1919, Juan Gottling vendió la mitad norte de la finca a Pedro Tricherri y Juan Vicari.
Gottling había adquirido esas tierras en un remate público de los sucesores del general Guillermo Miller, a quien se las había entregado Juan Antonio Alvarez de Arenales, gobernador y capitán general de la Provincia, "en mérito a sus servicios en defensa de los derechos del Pueblo Americano".
El 14 de marzo de 1921, Tricherri y Vicari declararon por escritura pública que la propiedad les pertenecía en condominio con Federico y David Campodónico y Esteban Calcagnino.
La segunda escritura data del 15 de octubre de 1920, cuando los cinco propietarios compraron tres lotes colindantes a Manuel Alvarado. Así, los cinco pasaron a ser los legítimos titulares de los 15 lotes que totalizan las 35.409 ha de Esquina Grande.
Con el correr de los años, los propietarios realizaron una administración conjunta a través de contratos de arrendamiento y pastaje con familias criollas que tenían puestos en el norte de la finca registrada en Inmuebles con la matrícula 506 de Rivadavia.
En tiempos recientes, herederos de los propietarios iniciales, en su mayoría reconocidos ya como nuevos titulares, decidieron cederles en donación y titularizarles a los pastajeros las parcelas donde tienen sus puestos. Ese acuerdo, que se enmarcaría en la ley de regularización dominial y asistencia para pequeños productores y familias rurales sancionada en 2010, chocó con un impensado escollo.
Desde pocos antes de la aprobación de la ley impulsada por el diputado Villa, el intendente había comenzado a acercarse a los puesteros de Esquina Grande con intenciones que quedaron desnudadas el 16 de agosto de 2011. Ese día, tras un engañoso trabajo de ablande realizado con su asesor, Mariano Sitelli, el intendente Cuenca hizo que 15 puesteros firmaran con él un extorsivo acuerdo, asumiendo el compromiso de cederle derechos y acciones posesorias sobre la parte de la finca que va desde las márgenes del río Teuco hasta el límite sur.
En la cláusula tercera del convenio que certificó la escribana María Alejandra Naser e integra el expediente penal cajoneado en Orán, se estableció que esa fracción de tierra representa aproximadamente un 70% de la finca. Serían, según la cláusula, 30.000 hectáreas con las que se quedaría el intendente, luego de iniciar y costear los gastos de un juicio de prescripción adquisitiva (usucapión) contra los titulares registrales de Esquina Grande.
Siempre según el acuerdo, que puede verse en El Tribuno digital, Cuenca repartiría, en caso de éxito, el 30% restante de la finca entre los puesteros.
En una primera corrección, cabe señalar que, desde la margen del Teuco hasta el límite sur, la finca de la que intenta adueñarse ilegalmente Cuenca tiene algo más de 30.000 hectáreas.
"Es el 85% de la finca", precisó Miguel Carreras, nieto de condóminos de Esquina Grande, desde la provincia de Santa Fe. El abogado, que también asesora a Horacio Torres y a otros titulares de la finca, remarcó que el acuerdo ofrecido por Cuenca "es a todas luces lesivo de los intereses de los pastajeros, quienes han sido engañados por quién debería ser el primero en velar por sus intereses".
Carreras puntualizó que en la quinta cláusula del convenio, el intendente puso que "el incumplimiento de las obligaciones asumidas en este acto por los poseedores dará derecho al señor Leopoldo Cuenca a ejercer las acciones legales que correspondan".
"Esto muestra a las claras que las verdaderas intenciones de Cuenca no están dirigidas a proteger a los puesteros, como hoy pretende hacer creer", agregó Carreras, y aclaró que, ante una improbable sentencia a favor, los pastajeros recibirían después de años de pleito menos hectáreas que las que tienen ofrecidas hoy gratuitamente.
El letrado añadió que, más allá de los sucesivos contratos de pastaje firmados por los puesteros, la intención de los condóminos "ha sido en todo momento ceder las tierras a aquellas familias que han tenido instalados sus puestos durante años en la finca".
"Esa ha sido la propuesta transmitida a las familias desde un principio, y de no ser por la intervención de Cuenca ya la habríamos concretado", subrayó Carreras, tras reseñar que él y Torres trasmitieron a los puesteros esa voluntad desde fines de 2009.
Resaltó que, con tal propósito, fueron contratados un ingeniero agrónomo y un agrimensor que relevaron todos los puestos y sus zonas aledañas para confeccionar un plano de división de condominio que incluyera las parcelas a ceder a los puesteros. "Pese a todas las trabas que nos han puesto, ya hemos escriturado con tres familias de pastajeros", finalizó Carreras.
Palo santo en peligro

En las dos bandas de Rivadavia, más de un secuestro de palo santo robado de tierras fiscales, probó hasta que extremos llega la impunidad.
El 18 de febrero de 2012, policías de La Unión detuvieron un camión con 80 rollos de la especie amenazada y protegida. La orden de liberar al chofer -Jorge Montes, empleado municipal- y al camión -a nombre de Paula Torres, mujer del intendente Cuenca- no tardó en llegar. Con el pago de un multa de $900 todo quedó como si nada. Solo se labró un acta contravencional. La mujer de Cuenca, además de ser la titular del camión detenido, es la mediadora que el gobernador Juan Manuel Urtubey designó para La Unión y Rivadavia Banda Norte mediante tres decretos de 2011, 2012 y 2013.
Volviendo al Palo Santo, desde agosto de 2011 el exintendente de Rivadavia Banda Norte, Atta Gerala, tiene abierta una causa penal en su contra por hurto. El expediente tramitado ante el juez Mariscal Astigueta, de Tartagal, se inició con una denuncia de Asencio Pérez, por robos de palo santo en los lotes fiscales 55 y 14. Con los datos que aportó el cacique wichi se detuvo y secuestró un camión del hermano de Gerala que transportaba 300 rollos ilegalmente talados.

Convenio suscripto por Leopoldo Cuenca con los pastajeros en 2011
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Esclarecedores testimonios de puesteros
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El lapidario informe que la Auditoría General de la Provincia emitió en 2011
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