La propuesta tratada anoche en Diputados es la ratificación del Consenso Fiscal entre el Gobierno nacional y los gobernadores. Ese acuerdo supone un compromiso conjunto para bajar el déficit del Estado. Para esto es necesario reducir gastos y aumentar los ingresos. Como la presión fiscal excesiva tiende a la desinversión y a la reducción del empleo, la idea consiste en bajar impuestos gradualmente y aumentar la actividad lo más rápido posible.
Con el pacto fiscal los gobernadores de todas las provincias, excepto Alberto Rodríguez Saá, consideran haber logrado más de lo que esperaban. Si bien es previsible cierta reducción del ingreso, la contrapartida es que se establece un sistema de compensaciones que equilibrarán las cuentas. Lo cierto es que, desde hace décadas, el gasto político se convirtió en dispendio.
Ahora se busca generar previsibilidad al renunciar todos a los juicios cruzados entre Nación y provincias, simplificar el sistema tributario y eliminar las dobles imposiciones, y reemplazar el empleo público excedente por empleo privado genuino.
Con ese criterio, el proyecto del Poder Ejecutivo propone una eliminación progresiva del impuesto a actividades económicas, que en 2022 desaparecería para un gran número de rubros, se reduciría en casi todos y en el caso de Comercio y de Turismo se destinaría en un 10% a promoción y optimización de esas actividades. Para los créditos hipotecarios se elimina el impuesto a partir de la vigencia de la presente ley.
Se establece una alícuota máxima para el impuesto a los sellos del siete y medio por mil (7,5%o) para el año 2019, hasta llegar al cero por mil (0%o) a partir del año 2022.
Un punto que irritó al comercio es la fijación de la unidad tributaria en pesos dos con cincuenta centavos ($2,50).
El texto del Ejecutivo incluye la declinación de un juicio de Salta contra el gobierno federal, la autorización del aumento del boleto a un precio que no supere la media nacional (50% de aumento) y la jubilación inmediata para los agentes del Estado en condiciones de hacerlo, quienes podrán gozar de licencia con goce de sueldos hasta que llegue la jubilación.
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La propuesta tratada anoche en Diputados es la ratificación del Consenso Fiscal entre el Gobierno nacional y los gobernadores. Ese acuerdo supone un compromiso conjunto para bajar el déficit del Estado. Para esto es necesario reducir gastos y aumentar los ingresos. Como la presión fiscal excesiva tiende a la desinversión y a la reducción del empleo, la idea consiste en bajar impuestos gradualmente y aumentar la actividad lo más rápido posible.
Con el pacto fiscal los gobernadores de todas las provincias, excepto Alberto Rodríguez Saá, consideran haber logrado más de lo que esperaban. Si bien es previsible cierta reducción del ingreso, la contrapartida es que se establece un sistema de compensaciones que equilibrarán las cuentas. Lo cierto es que, desde hace décadas, el gasto político se convirtió en dispendio.
Ahora se busca generar previsibilidad al renunciar todos a los juicios cruzados entre Nación y provincias, simplificar el sistema tributario y eliminar las dobles imposiciones, y reemplazar el empleo público excedente por empleo privado genuino.
Con ese criterio, el proyecto del Poder Ejecutivo propone una eliminación progresiva del impuesto a actividades económicas, que en 2022 desaparecería para un gran número de rubros, se reduciría en casi todos y en el caso de Comercio y de Turismo se destinaría en un 10% a promoción y optimización de esas actividades. Para los créditos hipotecarios se elimina el impuesto a partir de la vigencia de la presente ley.
Se establece una alícuota máxima para el impuesto a los sellos del siete y medio por mil (7,5%o) para el año 2019, hasta llegar al cero por mil (0%o) a partir del año 2022.
Un punto que irritó al comercio es la fijación de la unidad tributaria en pesos dos con cincuenta centavos ($2,50).
El texto del Ejecutivo incluye la declinación de un juicio de Salta contra el gobierno federal, la autorización del aumento del boleto a un precio que no supere la media nacional (50% de aumento) y la jubilación inmediata para los agentes del Estado en condiciones de hacerlo, quienes podrán gozar de licencia con goce de sueldos hasta que llegue la jubilación.