Dos casos de familias que iban a ser desalojadas de sus viviendas quedaron momentáneamente en suspenso. La firme decisión adoptada por los moradores impidió que fueran dejadas en la calle. En ambos casos, entre los moradores, hay personas mayores y enfermas, además de discapacitados y niños.
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Dos casos de familias que iban a ser desalojadas de sus viviendas quedaron momentáneamente en suspenso. La firme decisión adoptada por los moradores impidió que fueran dejadas en la calle. En ambos casos, entre los moradores, hay personas mayores y enfermas, además de discapacitados y niños.
A los Altamirano la Justicia le otorgó un plazo hasta el 10 de diciembre próximo para que desocupen el inmueble que ocupan desde hace 42 años en la calle Junín al 1400, en el norte de la ciudad. En tanto que los Atensio lograron que el Concejo Deliberante intercediera para impedir que la Municipalidad de la capital los desalojara y demoliera la casita que habitan desde hace 8 años en el barrio Nuestra Señora del Carmen, en la zona oeste.
Sergio Antonio Altamirano afronta un litigio por el terreno de 20 por 75 metros que, según sus dichos, le fue donado por su propietario ya fallecido y que nunca escrituró a su nombre. Desde hace seis años los herederos del finado reclaman el inmueble y la Justicia Civil les dio la razón y por ese motivo la semana pasada ordenó el desalojo. Con el apoyo de los vecinos, el hombre de 75 años se abroqueló en la vivienda, junto a sus hijos, nietos y bisnietos e impidió que se consumara la medida. Gladys, una de las hijas de Altamirano, explicó que el juez de la causa les dio plazo hasta el 10 de diciembre para abandonar el lugar. "Nos dijeron que hagamos las gestiones en el Instituto Provincial de la Vivienda para que nos den un techo porque a la casa la tenemos que entregar sí o sí", dijo la mujer a El Tribuno. Afirmó que van a hacer los trámites, pero que al mismo tiempo están haciendo un juicio por posesión veinteñal. Y agrego: "Creo que nos asiste todo el derecho en esta cuestión porque nosotros vivimos en esta casa hace más de cuarenta años". La señora manifestó que "no es justo que nos dejen en la calle porque en esta casa hay un anciano enfermo, dos discapacitados y menores de edad".
La situación de Alejandra Atensio y los suyos también es complicada. Esta mujer vive en un terreno fiscal detrás del templete San Cayetano y tiene a su cargo a su madre que padece una insuficiencia renal crónica, un hermano epiléptico y dos hijos menores.
La Municipalidad la intimó a que desocupara el terreno donde construyó su casa por estar ubicada en un lugar que no se corresponde con el plano del barrio. "Cuando vine aquí esto era un asentamiento y con mucho esfuerzo pude levantar mi techo", explicó a El Tribuno. Según la mujer, el problema surgió cuando los técnicos de la Municipalidad advirtieron que la casa estaba mal ubicada y le pidieron que se fuera. "Querían que me vaya y les pedí que me dieran otro terreno, pero se negaron y entonces decidí quedarme porque no tenía adónde ir", explicó.
Atensio acusó a la presidenta del barrio, Graciela del Valle Durán, de ser la persona que está operando para que la desalojen. "Esta señora es puntera política y en su momento me quiso coimear y como no quise darle plata empezó a hacerme la guerra. Tengo conocimiento que es ella la que está moviendo los hilos para que me desalojen, pero de aquí no me pienso ir", dijo. Contó que recibió una notificación de la Secretaría de Obras Pública en la que le informaban que iban a demorar su casa y por ese motivo el miércoles se encadenó en el acceso al Consejo Deliberante. "El concejal (Gastón) Galíndez se interesó por mi situación y con el apoyo de sus pares logró que se dejara sin efecto la medida", aseguró. Atensio indicó que le entregaron una nota a través de la cual el cuerpo legislativo se comprometió a atender su caso. "Si me entregan un lugar dónde vivir no tengo problema en irme, pero en la calle no me pueden dejar porque a mi cargo tengo personas enfermas y niños", concluyó.