El juicio por la muerte del pequeño Thiago Quipildor, ocurrida el 8 de julio de 2015, comenzó ayer con la lectura de la requisitoria del cuerpo de fiscales, quienes dejaron plasmado que en este caso hubo una responsabilidad palmaria del Estado. Apenas se abrió el debate, todas las miradas se centraron en Víctor Marcelo Senise, de 52 años, y en Patricia Alejandra Sánchez, de 41, los padres sustitutos a quienes la Justicia confió el cuidado de los hermanitos. Están acusados de homicidio simple por la muerte de Thiago, de 4 años, y de homicidio en grado de tentativa por las lesiones detectadas en su hermana de 6.
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El juicio por la muerte del pequeño Thiago Quipildor, ocurrida el 8 de julio de 2015, comenzó ayer con la lectura de la requisitoria del cuerpo de fiscales, quienes dejaron plasmado que en este caso hubo una responsabilidad palmaria del Estado. Apenas se abrió el debate, todas las miradas se centraron en Víctor Marcelo Senise, de 52 años, y en Patricia Alejandra Sánchez, de 41, los padres sustitutos a quienes la Justicia confió el cuidado de los hermanitos. Están acusados de homicidio simple por la muerte de Thiago, de 4 años, y de homicidio en grado de tentativa por las lesiones detectadas en su hermana de 6.
Frente al tribunal integrado por Pablo Farah, María Gabriela González y Carolina Sanguedolce, se ubicaron los otros cuatro acusados: las psicólogas Lorena Alejandra Rechiuto y Jaqueline Mónica Rosas y la licenciada Marina del Huerto Vargas, miembros del gabinete técnico del ex Ministerio de Derechos Humanos, imputadas de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, además del médico particular Sergio Alejandro Gonza, procesado por falsedad ideológica.
Thiago murió por broncoaspiración, pero la autopsia determinó que presentaba un cuadro de desnutrición y 276 lesiones en distintas partes del cuerpo. En tanto que en su hermanita se detectaron 119 lesiones de igual magnitud. Gonza fue el único que se avino a declarar y ratificó lo que dijo en la instrucción, que no advirtió ninguna lesión en el niño las tres veces que lo examinó.
De la historia clínica surge que el niño murió por broncoaspiración por una afección pulmonar, neutropenia grave, anemia severa y desnutrición moderada grave. Al margen de estas patologías, los profesionales que lo asistieron determinaron que Thiago presentaba un hematoma en el ojo izquierdo, cicatrices antiguas en el resto del cuerpo y pabellones auriculares deformados. Por su parte, el médico legal de Policía constató que tenía, además, hematomas en región frontal derecha, escoriaciones varias en región frontal derecha, en nariz, región malar y en cuello; esquimosis varias en miembros superiores y excoriaciones múltiples en cara posterior del tórax, caderas, en brazo derecho compatible con mordedura humana y liquido sanguinoliento en cavidad bucal. El profesional concluyó que tales lesiones fueron producidas al golpearse o ser golpeado. Asimismo, el médico que practicó la autopsia consignó que se observaron múltiples lesiones traumáticas externas en diferentes períodos evolutivos, todas contusivas en la mayoría de sus variedades. Para la junta médica que analizó el caso tres meses después las lesiones sufridas por Thiago fueron compatibles con maltrato infantil, por acción u omisión, lo mismo que en el caso de su hermanita, y que esto se debió a la intervención directa del matrimonio Senise.
De lo ocurrido con Thiago, los fiscales atribuyeron gran responsabilidad a las psicólogas Rechiuto y Rosas y a la licenciada Vargas, por no haber cumplido con el protocolo de control y seguimiento del caso para verificar el estado psicofísico de los niños, si estaban recibiendo el trato adecuado por parte de los padres sustitutos y si estos cumplían con el compromiso asumido ante el juez de cuidarlos y protegerlos.
La funciones de las profesionales era monitorear la evolución y bienestar de los cuatro niños a partir de la judicialización de los mismos. Sus obligaciones era velar por el adecuado mantenimiento de las condiciones para el desarrollo de los hermanitos y orientación y el apoyo de la pareja cuidadora, de acuerdo con la resolución judicial que designó a los Senise como padres sustitutos. La fiscalía determinó que las nombradas no cumplieron los deberes que se encontraban bajo su órbita funcional. De lo actuado se estableció que las imputadas solo elevaron informes evaluativos en respuestas a pedidos del juez o de la asesoría de incapaces, en contraste con el deber impuesto hacerlo con una periodicidad mensual. Según los representantes del Ministerio Público, de la investigación surgió que algunos de esos informes eran falsos, con contenidos altamente positivos respecto de la valoración integral de los niños y el cuida do de los Sesine.
“Vendía droga para alimentar a mis hijos”
Sandra Quipildor, la madre de Thiago, expresó que la Justicia cometió un atropello cuando en 2013 dispuso despojarla de sus hijos. “Yo reconozco que vendía droga para alimentarlos, pero jamás los abandoné”, expresó a El Tribuno.
Según la mujer, esta decisión se tomó luego de la denuncia presentada por el padre de dos de sus hijos, quien reclamaba su tenencia. “Esta persona jamás me dio un peso para darles de comer y después de denunciarme se fue a Buenos Aires y nunca más volvió”, contó. Quipildor explicó: “Un día llegó la Policía a mi casa y se llevaron a los chicos y nunca más los volví a ver. Cuando fui a preguntar, me dijeron que los habían entregado a una familia, pero se negaron a decirme quién era esa familia. Recién me enteré quiénes eran cuando murió Thiaguito”.
Sobre el juez Daniel Canavoso, quien dispuso la entrega de los niños al matrimonio Senise, Quipildor sostuvo: “A este señor lo absolvieron, pero él también es responsable de lo que pasó con Thiago”. Y explicó que actualmente los dos varones mayores, de 11 y 13 años, están con una tía materna en Jujuy y que la nena quedó al cuidado de su abuela paterna.
A la audiencia de ayer, la mujer llegó acompañada por su abogado John Grover Dorado. El profesional confirmó que la madre inició una demanda civil contra el Estado. “Vamos a exigir un resarcimiento porque en este caso el Estado provincial es el principal responsable de lo sucedido con el chiquito”, dijo. Y agregó: “La requisitoria fiscal es contundente en ese sentido”.