Muchas voces piden hacer algo desde el ámbito internacional frente a la grave situación de derechos humanos en Venezuela. Una acción concreta de condena a la dictadura de Maduro -y de apoyo al valiente pueblo venezolano que defiende su libertad en las calles- sería que los gobiernos latinoamericanos realmente comprometidos con la defensa de la democracia abandonen la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
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Muchas voces piden hacer algo desde el ámbito internacional frente a la grave situación de derechos humanos en Venezuela. Una acción concreta de condena a la dictadura de Maduro -y de apoyo al valiente pueblo venezolano que defiende su libertad en las calles- sería que los gobiernos latinoamericanos realmente comprometidos con la defensa de la democracia abandonen la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Esto implicaría que varios gobiernos estén dispuestos a despojar la legitimidad de un organismo viciado de autoritarismo y al mismo tiempo dejar en claro que convivir con las diferencias políticas tiene como límite el no convalidar en otros países las prácticas antidemocráticas.
Hasta el momento la comunidad democrática regional no ha podido hacer mucho frente al colapso total del estado de derecho y la criminal represión estatal en Venezuela, que ya superó el centenar de muertos.
En la Organización de Estados Americanos (OEA) fracasó el intento de considerar una resolución en la última Asamblea General que se realizó en Cancún, México, dado el apoyo con el que cuenta el autócrata Nicolás Maduro entre los países miembros y aliados de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y los de la Comunidad del Caribe (Caricom).
Varios gobiernos de América Latina que han denunciado las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, pueden enviarle una señal política a Maduro y a sus incondicionales aliados regionales, abandonando la Celac. Especialmente si se concreta la fraudulenta constituyente que aspira a implementar en Venezuela un régimen de partido y pensamiento único como el de Cuba. Es inconcebible formar parte de un organismo que se define como "mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política" cuando estados que lo integran reprimen a la oposición política.
Vale la pena recordar que la creación de la Celac decía asentarse en el respeto irrestricto del Estado de Derecho, la defensa de la democracia, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, como requisitos básicos para integrar el organismo.
Incluso el 3 de diciembre de 2011 la Celac adoptó, irónicamente en Caracas, la "Declaración Especial sobre la Defensa de la Democracia y el Orden Constitucional", suscripta también por Cuba, cuyo régimen político de partido único la viola expresamente junto con la propia Venezuela que ya entonces con Hugo Chávez en el poder había dado varios pasos hacia el autoritarismo. Sería ilusorio pensar que la Celac aplique su cláusula democrática a Venezuela, pues en los hechos son los países del ALBA los que manejan a su antojo este organismo. Rafael Correa, siendo presidente de Ecuador, lo dejó muy en claro en la II Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en La Habana, en enero de 2014, afirmando que la Celac debería sustituir a la OEA. Para los países latinoamericanos que aspiran al desarrollo, la Celac no solamente es un organismo ineficaz y una poco acertada inversión de tiempo y recursos. Su real objetivo es que el bloque del ALBA condicione al resto de los países de la región, con el expreso propósito de convertir a la Celac en "única vocera de la región en los foros, organismos y organizaciones internacionales".
Frente a lo que se está viviendo en Venezuela, junto a la negación de las libertades en Cuba, más la erosión de la institucionalidad democrática en Bolivia y la consolidación del autoritarismo en Nicaragua, permanecer en este organismo bolivariano es una falta de respeto para todos los activistas reprimidos de sus derechos humanos, los opositores políticos perseguidos y encarcelados, y muy especialmente para las víctimas del terrorismo de Estado.