Después de las tan esperadas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias se despejaron muchas dudas de varios inversores y especuladores, podríamos afirmar que la tendencia que marcó la pasada elección ratifica el rumbo de la economía implementada por el gobierno del presidente Mauricio Macri. Esto sirve para afirmar que se terminó el miedo político que generó esta contienda, ya que no habrá cambios en las reglas de juego, una condición necesaria para animar a los inversores a tomar riesgos en nuevos emprendimientos.
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Después de las tan esperadas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias se despejaron muchas dudas de varios inversores y especuladores, podríamos afirmar que la tendencia que marcó la pasada elección ratifica el rumbo de la economía implementada por el gobierno del presidente Mauricio Macri. Esto sirve para afirmar que se terminó el miedo político que generó esta contienda, ya que no habrá cambios en las reglas de juego, una condición necesaria para animar a los inversores a tomar riesgos en nuevos emprendimientos.
Para que las tan esperadas inversiones sean una realidad y logremos reducir el costo argentino se deben implementar medidas; una de las materias pendientes de este gobierno es la instrumentación de la tan mentada reforma tributaria, con todo lo que ello significa.
Recientemente, dos informes lapidarios fueron presentados por el Ministerio de Hacienda ante la comisión bicameral creada específicamente para este tema. Este es el órgano responsable de analizar las reformas tributarias que, se entiende, serán necesarias.
Entre los temas analizados destaca que la carga fiscal en nuestro país se ubica en el 32% del PBI, confirmando que la presión tributaria en nuestro país es un 40% más alta que el promedio de América Latina, y es una de las más altas del mundo por la cantidad y calidad de servicios que recibe la comunidad.
El promedio de América Latina y el Caribe se ubica en un 22,8%; en los países más desarrollados del mundo que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la presión tributaria es del 34,3%; resumiendo, confirma el dicho popular sobre que "pagamos los impuestos más caros que en el primer mundo y recibimos servicios del tercer mundo".
Si seguimos comparando con cada uno de los impuestos más significativos, nuestro país tiene un IVA del 21% y recauda el 7,2% del PBI; en Nueva Zelanda, por ejemplo, el impuesto es del 15% su recaudación equivalen al 10% del producto.
En el impuesto a las ganancias, la alícuota es del 35%; en América Latina, el promedio está en el 28% y en el mundo es 24,3%. Con esa elevada carga tributaria, cualquier emprendimiento proyectado para radicarse en nuestro país evaluará costos y este porcentaje le resultará una traba más que significativa.
Si comparamos el impuesto al valor agregado (IVA) con otras jurisdicciones, también notamos diferencias. El promedio de la región es del 13%; nosotros pagamos el 21% y a nivel global estamos en un 15,7%. El IVA es uno de los impuestos que más se recauda y será, por eso, muy difícil reducirlo.
Las cargas patronales también son elevadas, incluyendo la obra social. El empleador tiene que pagar entre un 23% y 27% adicional sobre el salario en materia de seguridad social; para Latinoamérica, el porcentaje baja al 13,3%, es decir, casi la mitad.
También existen otros gravámenes, como el impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido como el "impuesto al cheque", o los impuestos provinciales que en algunos rubros pueden llegar al 8%.
Esto es razonable porque debido a la gran evasión tributaria que registra nuestro país, las alícuotas, sí o sí, tienen que ser más altas para recaudar más. En conclusión: se aplica el recurso fácil de cobrarles más a los pocos que pagan para financiar el gasto público.
Los impuestos provinciales constituyen un ingreso importante para cada jurisdicción y será muy difícil modificarlos. No obstante, es un tema clave, porque se cobran en cascada, es decir, en cada etapa de producción y comercialización y aumentan significativamente los precios, ya que estos se incluyen a los costos.
Los preparativos
El Gobierno está preparando una reforma a nuestro sistema tributario que estima presentar al Congreso el próximo año.
Varios funcionarios del Ministerio de Hacienda ya adelantaron algunos de los aspectos centrales del borrador del proyecto que están preparando, que por ahora no hablan de bajar o subir impuestos específicos, pero sí consideran criterios y objetivos.
Entre las prioridades de la reforma tributaria se mencionan:
* Reducción de distorsiones y exenciones impositivas
* Ataque frontal a la evasión y elusión fiscal
* Formalización de la economía
* Revisión de tributos ineficientes
* Gradualismo de las reformas
El informe defiende los efectos de los impuestos para financiar el gasto público. Sostiene que los impuestos disminuyen los ingresos disponibles de los ciudadanos, mientras que el gasto publico financia programas de seguridad social, subsidios y provisión de bienes públicos como hospitales y escuelas.
Llámase “día de la independencia tributaria” al día que un trabajador asalariado formal en un año calendario a partir del 1 de enero, deja de trabajar para pagar impuestos; dicho de otra manera, cuántos días tendría que trabajar de acuerdo a sus ingresos para cumplir con sus obligaciones tributarias de los tres niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) analizó, en base a la legislación tributaria vigente y estimaciones propias, que un trabajador formal en Argentina debería trabajar -de acuerdo a sus ingresos- entre unos 172 y 217 días por año calendario. De acuerdo con este análisis, el “día de la independencia tributaria” se ubica, según los ingresos de cada trabajador, entre el 21 de junio y el 5 de agosto. Esta metodología de cálculo, que considera los porcentajes de impuestos en vigencia y que debe aportar el trabajador, se diferencia de un indicador similar, que se obtiene a nivel internacional (tax freedom day o día de la liberación de impuestos) ya que este toma en cuenta los recursos recaudados efectivamente en relación al PBI.
Esperemos que, cuando sea debatida esta reforma, los legisladores defiendan los intereses de nuestra provincia, especialmente cuando se traten gravámenes coparticipables.
En este año electoral, cuando elijamos a nuestros representantes nacionales, provinciales y municipales, interroguemos exhaustivamente sus opiniones sobre este tema y si están dispuestos a adoptar una postura en defensa de los intereses de la ciudadanía, del país y de las provincias, o si van a privilegiar las “disciplinas partidarias”.