A pocos kilómetros de Amblayo, en el departamento San Carlos, los Valles Calchaquíes muestran la desidia del sector tecnológico más desarrollado del país. Allí, entre coloridos cerros y cauces de montaña, 390.000 toneladas de colas de uranio y 18.325 metros de galerías subterráneas, en parte inundadas, aguardan un saneamiento que lleva 37 años en lista de espera.
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A pocos kilómetros de Amblayo, en el departamento San Carlos, los Valles Calchaquíes muestran la desidia del sector tecnológico más desarrollado del país. Allí, entre coloridos cerros y cauces de montaña, 390.000 toneladas de colas de uranio y 18.325 metros de galerías subterráneas, en parte inundadas, aguardan un saneamiento que lleva 37 años en lista de espera.
Es el pasivo ambiental que dejaron los 17 años de actividad de la mina Don Otto, yacimiento que apuntaló al Plan Nuclear Argentino desde 1964 hasta 1981, cuando la dictadura decidió su cierre.
La mina vallista coronó años de trabajos exploratorios extendidos por el Valle del Tonco, donde se alumbraron otros sitios con potencial uranífero, como Los Berthos y Martín Güemes.
Por la mina Don Otto, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) abrió en Salta su regional del NOA. Hoy, en la sede que funciona desde 1957 en la capital provincial, reina la incertidumbre. El monto global asignado a la CNEA en el presupuesto nacional del próximo año es un 50% más elevado que el de este año, pero la mayor parte de los recursos se volcará en dos proyectos estratégicos. Uno es el CAREM, un prototipo de reactores nucleares modulares de baja potencia para generación eléctrica. El otro es el RA-10, un reactor orientado a abastecer la demanda de radioisótopos aplicados en la medicina nuclear.
Los demás grupos de investigación de la CNEA están desfinanciados y el área de la minería de uranio (exploración, producción y concentración) está parada por conflictos sociales, políticos, legales y medioambientales.
Sin saneamiento
La mina salteña Don Otto es uno de los siete complejos mineros del país donde se procesó uranio y que requieren intervenciones para remediar sus pasivos ambientales. Sin un tratamiento adecuado, tanto las colas del mineral como los efluentes líquidos son fuentes potenciales de contaminación del suelo, el agua y el aire. Mientras se dilatan las medidas de remediación siguen provocando efectos negativos sobre el ambiente y la salud de las poblaciones linderas.
Para las remediaciones pendientes, la CNEA instrumentó en el 2000 el Programa de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU), financiado con fondos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y contrapartidas del Tesoro Nacional.
En el marco del citado programa, se iniciaron hace 18 años estudios para complementar la información disponible y planificar las obras de remediación de los yacimientos Don Otto (Salta), Huemul y Sierra Pintada (Mendoza), Los Colorados (La Rioja), La Estela (San Luis), Pichiñán (Chubut), Los Gigantes y la planta de procesamiento de Alta Córdoba (en la provincia homónima)
A la par, se llevaron adelante monitoreos de aguas superficiales en los ocho sitios uraníferos.
Para controles, estudios y los proyectos técnicos de restitución ambiental se asignaron $3.384.938 en el presupuesto nacional de 2007, otros $2.498.739 en 2008, $3.244.513 en 2009 y $6.577.332 en 2010. A la par, en febrero de 2010 se tomó un préstamo del Banco Mundial por 30 millones de dólares. Esos fondos estaban destinados para una primera etapa de remediación que incluía a los sitios de Salta, Córdoba y Mendoza, pero el crédito se gastó íntegramente en Malargüe, ciudad mendocina en la que se encapsularon 700 mil toneladas colas de las minas Huemul y Siera Pintada.
Gestionan ante el Banco Mundial US$70 millones
Los fondos se usarían para sanear minas de uranio, pero Don Otto quedaría otra vez afuera .
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) comenzó a gestionar ante el Banco Mundial un nuevo préstamo, por 70 millones de dólares, para avanzar con las remediaciones ambientales que están pendientes en siete sitios uraníferos del país.
La mina salteña Don Otto está en la lista de intervenciones prioritarias detrás del yacimiento Los Gigantes, de Córdoba, y de la planta de procesamiento que aun opera una sociedad anónima del Estado, Dioxitek, en la capital de la provincia gobernada por Juan Schiaretti.
La mina Los Gigantes fue explotada entre 1982 y 1990 a unos 30 kilómetros de Villa Carlos Paz. En el yacimiento hay 2.400.000 toneladas de colas de mineral que serían encapsuladas junto a otras 57.600 toneladas de residuos con baja radiación que se trasladarían hasta allí desde el complejo fabril de Alta Córdoba.
Julián Gadano, subsecretario de Energía Nuclear, abrió un nuevo interrogante sobre la restitución ambiental pendiente en la mina Don Otto, al señalar que las intervenciones proyectadas en Córdoba costarían 70 millones de dólares, o sea el monto completo del nuevo préstamo que se gestiona ante el Banco Mundial.
El anterior, de US$30 millones de dólares, se gastó en el saneamiento de las minas mendocinas Huemul y Sierra Pintada, que se completo en Malargüe en septiembre de 2017 tras cinco años de intervenciones.
Los residuos constituyen fuentes potenciales de repercusión química y radiológica. Pueden provocar daños al ambiente y la salud si se dispersan por efecto de los vientos, las lluvias y la erosión.
Las colas de mineral -material del cual se ha extraído la mayor cantidad posible del uranio- se caracterizan por sus grandes volúmenes y las concentraciones de radionucleidos naturales de larga vida. Alrededor del 15% de la radioactividad original del mineral pasa al concentrado y una vez que los radionucleidos de corta vida han decaído, el 70% de la radiactividad original del mineral permanece en las colas.
Las colas contienen, además, metales pesados (plomo, cobre, zinc, vanadio, cromo) y otros compuestos adicionados durante el proceso, tales como amonio, nitrato y solventes.
En Malargüe, sobre las colas encapsuladas, se habilitó una plaza.