El aumento por decreto no tomó por sorpresa a los empleados públicos salteños, porque redondeó los montos sobre los que se venía negociando.
Es cierto que con la actual inestabilidad financiera, ningún porcentaje garantiza la preservación del poder adquisitivo del salario, pero el ciudadano común entiende (aunque reniegue) que es “época de vacas flacas” y que el aumento del 27,5% transmite cierto alivio.
Los gremios muestran una actitud más crítica, pero porque no les queda otra. Es una época extraña en el humor popular. El paro nacional del 25 de setiembre estuvo lejos de ser un éxito; la adhesión a las dirigencias sindicales está erosionada y, a nivel nacional, algunos hechos de violencia -circunscriptos al gremio docente en un municipio bonaerense- enrarecen el clima.
Los gremios estatales, en particular, afrontan un dilema: el Estado ha ido ocupando un lugar ficticio como empleador para compensar los fracasos de la economía, pero el déficit fiscal no perdona. El gremialismo actual fue concebido para defender los derechos de los trabajadores, pero dentro de un sistema que hoy no funciona.
Hace diez meses, el panorama fiscal que describía el gobierno salteño era sombrío. Tanto, que parecía imposible que pudiera soportar una por entonces inimaginable devaluación del 100%.
Ni en el país ni en Salta la “narrativa de catástrofes” se han materializado. Hay problemas graves, pero no naufragio.
En la provincia, está claro, los sueldos estatales son esenciales para mantener el equilibrio social, pero el problema más grave, estructural, y de larga data radica en el informe publicado ayer por El Tribuno.
Si uno de cada tres salteños depende de la ayuda social del Estado para poder vivir, hay que resolver el problema antes de que la situación se vuelva insostenible. La ayuda social (incluidos los subsidios) no viene del cielo, sino de los impuestos; la presión tributaria sobre las empresas tiene un límite; y el déficit fiscal siempre termina en inflación y deuda.
El sistema productivo del país, y también el de Salta, están encerrados en un espiral del que necesitan salir, con inversión y trabajo genuino.
La resolución del conflicto en el ingenio San Isidro deja una señal. Hay una concepción sindical que parece no adecuarse a los tiempos: el problema más grave de los sectores populares, hoy, es la posibilidad de trabajar. El proletariado clásico dejó su lugar a los excluidos. No le sirven las ilusiones.
Las corrientes de pensamiento y de acción política identificadas con el “progresismo” parecen ignorar la dimensión estructural de este problema social. El “anticapitalismo”, que levantan como bandera, no alcanza a ofrecer una respuesta positiva de reconstrucción social.
De hecho, los doce años de gobiernos kirchneristas, a pesar de las estrategias dedicadas a alentar la capacidad de consumo de los sectores de menores ingresos, no lograron resolver los problemas de exclusión, sino que más bien los agudizaron.
El aumento de coyuntura que recibieron los estatales salteños es un alivio. La solución, que es el pleno empleo, con salarios estables y equilibrio entre la producción y las finanzas - condiciones de la paz social - va a exigir cambios de fondo a inmediato, mediano y largo plazo.
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El aumento por decreto no tomó por sorpresa a los empleados públicos salteños, porque redondeó los montos sobre los que se venía negociando.
Es cierto que con la actual inestabilidad financiera, ningún porcentaje garantiza la preservación del poder adquisitivo del salario, pero el ciudadano común entiende (aunque reniegue) que es “época de vacas flacas” y que el aumento del 27,5% transmite cierto alivio.
Los gremios muestran una actitud más crítica, pero porque no les queda otra. Es una época extraña en el humor popular. El paro nacional del 25 de setiembre estuvo lejos de ser un éxito; la adhesión a las dirigencias sindicales está erosionada y, a nivel nacional, algunos hechos de violencia -circunscriptos al gremio docente en un municipio bonaerense- enrarecen el clima.
Los gremios estatales, en particular, afrontan un dilema: el Estado ha ido ocupando un lugar ficticio como empleador para compensar los fracasos de la economía, pero el déficit fiscal no perdona. El gremialismo actual fue concebido para defender los derechos de los trabajadores, pero dentro de un sistema que hoy no funciona.
Hace diez meses, el panorama fiscal que describía el gobierno salteño era sombrío. Tanto, que parecía imposible que pudiera soportar una por entonces inimaginable devaluación del 100%.
Ni en el país ni en Salta la “narrativa de catástrofes” se han materializado. Hay problemas graves, pero no naufragio.
En la provincia, está claro, los sueldos estatales son esenciales para mantener el equilibrio social, pero el problema más grave, estructural, y de larga data radica en el informe publicado ayer por El Tribuno.
Si uno de cada tres salteños depende de la ayuda social del Estado para poder vivir, hay que resolver el problema antes de que la situación se vuelva insostenible. La ayuda social (incluidos los subsidios) no viene del cielo, sino de los impuestos; la presión tributaria sobre las empresas tiene un límite; y el déficit fiscal siempre termina en inflación y deuda.
El sistema productivo del país, y también el de Salta, están encerrados en un espiral del que necesitan salir, con inversión y trabajo genuino.
La resolución del conflicto en el ingenio San Isidro deja una señal. Hay una concepción sindical que parece no adecuarse a los tiempos: el problema más grave de los sectores populares, hoy, es la posibilidad de trabajar. El proletariado clásico dejó su lugar a los excluidos. No le sirven las ilusiones.
Las corrientes de pensamiento y de acción política identificadas con el “progresismo” parecen ignorar la dimensión estructural de este problema social. El “anticapitalismo”, que levantan como bandera, no alcanza a ofrecer una respuesta positiva de reconstrucción social.
De hecho, los doce años de gobiernos kirchneristas, a pesar de las estrategias dedicadas a alentar la capacidad de consumo de los sectores de menores ingresos, no lograron resolver los problemas de exclusión, sino que más bien los agudizaron.
El aumento de coyuntura que recibieron los estatales salteños es un alivio. La solución, que es el pleno empleo, con salarios estables y equilibrio entre la producción y las finanzas - condiciones de la paz social - va a exigir cambios de fondo a inmediato, mediano y largo plazo.