El Gobierno salteño le reclama a la Nación 187 millones de pesos por los presos alojados en cárceles provinciales por causas de microtráfico. Desde hace casi cinco años, las personas que venden drogas al menudeo son investigadas y juzgadas en tribunales salteños y no en el fuero federal. De ese modo, van a parar a cárceles locales. "Nunca nos pagaron un peso desde que se implementó la desfederalización", expresó el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Marcelo López Arias.
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El Gobierno salteño le reclama a la Nación 187 millones de pesos por los presos alojados en cárceles provinciales por causas de microtráfico. Desde hace casi cinco años, las personas que venden drogas al menudeo son investigadas y juzgadas en tribunales salteños y no en el fuero federal. De ese modo, van a parar a cárceles locales. "Nunca nos pagaron un peso desde que se implementó la desfederalización", expresó el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Marcelo López Arias.
En las cáreceles están alojadas unas 460 personas con causas por delitos de estupefacientes ilegales.
Salta adhirió a este sistema en 2013 y se empezó a aplicar desde el 1 de enero de 2014. En las ocho unidades penitenciarías y las dos alcaidías hay hacinamiento por el exponencial aumento de presos en los últimos años. En total suman unos 3.200. Hasta ahora no se hizo un planteo judicial por la devolución de los fondos por la manutención de los detenidos.
López Arias expuso que en la alcaldía de la capital salteña hay una capacidad para 300 personas pero allí están alojadas más de 600.
En la Unidad N´ 1 de Villa Las Rosas, por caso, están alojadas más de 1.300 personas. Seis de cada diez aún no tienen condena.
Esta semana, el funcionario reiteró el planteo ante el subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial, Juan Bautista Mahiques. En el encuentro le recordó que el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, había asegurado que "Salta era prioridad para mejorar con sistemas modulares la infraestructura local y las condiciones para los internos".
Promesas caídas
En junio, cuando el presidente Mauricio Macri y parte del gabinete se reunieron en Cachi con funcionarios locales, se avanzó sobre la iniciativa de construir cárceles modulares para compensar la deuda con la Provincia.
"Empezamos a trabajar en base a eso con la idea de hacer una alcaidía en la zona sur de la ciudad. Con la devaluación nos dijeron que se habían disparado los costos. Entonces, empezamos de nuevo la renegociación", contó López Arias.
El Gobierno salteño, por cierto, mantiene el pedido para la ampliación o construcción de una alcaidía nueva en la capital salteña y obras en Orán, Tartagal y Joaquín V. González, en este último caso para descomprimir la atención en Metán.
Para avanzar en esas zonas donde se requiere infraestructura para los detenidos, se adecúa un hospital ferroviario de Embarcación. En Joaquín V. González quieren alquilar un inmueble para que funcione como alcaidía. Allí, pese a que hay sede judicial, no se cuenta con un complejo de detención.
Obras
El ministro indicó que con recursos propios se trabaja en mejoras en Tartagal y que en Villa Las Rosas se construyó un pabellón para casi cien internos.
En la reunión realizada en Casa de Gobierno también hablaron sobre la cárcel federal de Gemes, vehículos, oralidad, tobilleras electrónicas, mediación, entre otros temas.
Luego del encuentro, Mahiques recorrió la alcaidía ubicada en la zona norte capitalina junto a otros funcionarios. Acompañaron a López Arias, el secretario de Políticas Penales, Pablo Alavila; la secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carina Iradi; y el subsecretario de subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Ramiro Lucena.