Los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti lograron imponer la agenda de temas que deberá resolver la Corte Suprema antes de que termine el año. La mayoría de los miembros del Máximo Tribunal había solicitado a Carlos Rosenkrantz que se fijara un cronograma con los fallos.
Ante la negativa del presidente de la Corte, los ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti insistieron con el tema ayer y le impusieron a Rosenkrantz la agenda de casos que se resolverán de acá a fin de año.
También establecieron que ese cronograma se hiciera público, una idea resistida por el presidente del tribunal.
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Los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti lograron imponer la agenda de temas que deberá resolver la Corte Suprema antes de que termine el año. La mayoría de los miembros del Máximo Tribunal había solicitado a Carlos Rosenkrantz que se fijara un cronograma con los fallos.
Ante la negativa del presidente de la Corte, los ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti insistieron con el tema ayer y le impusieron a Rosenkrantz la agenda de casos que se resolverán de acá a fin de año.
También establecieron que ese cronograma se hiciera público, una idea resistida por el presidente del tribunal.
El 27 de noviembre resolverán la causa que se desprendió de una cautelar presentada por el Estado nacional contra una medida que impide que los integrantes del Poder Judicial sean alcanzados por el impuesto a las Ganancias.
Lo que resolverá la Corte no será la cuestión de fondo (si los jueces y fiscales deben pagar ese impuesto), sino que se pronunciará respecto de una medida provisoria dictada por el juez Esteban Furnari en noviembre del año pasado.
El 4 de diciembre la Corte dictará sentencia en un caso sobre la aplicación o no del polémico 2 x 1 a un represor condenado por el delito de tormento agravado cometido durante la última dictadura militar. En esta causa Rosenkrantz votaría en soledad a favor de otorgarle el beneficio.
El 11 de diciembre la Corte fallará sobre la constitucionalidad o no de la ley de lemas de Santa Cruz. En primera instancia un juez declaró la inconstitucionalidad de la norma en lo concerniente a su aplicación para los cargos de gobernador y vice. Esto permitió que Alicia Kirchner fuera elegida gobernadora en 2015 pese a que el actual senador Eduardo Costa fue el candidato más votado.
La Corte se tratará también el caso de Lucio Blanco, el jubilado que reclama que en el cálculo de sus haberes se aplique el índice de Salario Básico de la Industria y la Construcción en lugar del RIPTE (Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables) que elabora el Ministerio de Trabajo y que fue establecido por la ley de Reparación Histórica. La Sala II de la Cámara de la Seguridad Social le dio la razón a Blanco quien en caso de que la Corte confirme ese fallo cobrará una jubilación un 31% mayor que la que le ofrece actualmente la ANSES.
Este fallo saldrá a favor del reclamo de Blanco con los votos de los ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti. Esta decisión impactará en más de 150 mil juicios de jubilados que no tienen sentencia por las apelaciones de la ANSES. Lorenzetti, Maqueda y Rosatti querían imponer el tratamiento de estos temas por tratarse de cuestiones que le importan a la sociedad y de relevancia institucional.
La reunión -según publicó Infobae- de acuerdo de este martes transcurrió en un clima de tensión entre la nueva mayoría y el presidente del Tribunal.
Preocupación por designación de funcionarios judiciales
La mayoría que forman Lorenzetti, Maqueda y Rosatti manifestó su profunda preocupación por la reciente designación hecha por Rosenkrantz de un funcionario del Ejecutivo en la Corte Suprema. Se trata de Juan Pablo Lahitou, quien actualmente cumple funciones como segundo de Bernardo Saravia Frías en la Procuración del Tesoro, el organismo encargado de asesorar jurídicamente al Poder Ejecutivo.
Los tres ministros sostuvieron que esa designación era preocupante por el manejo de la información sensible que podría llevar a cabo un funcionario del Poder Ejecutivo en la Corte, sobre todo en momentos en que se están tratando causas de alto impacto para el gobierno nacional.
La respuesta del ministro Carlos Rosenkrantz fue contundente: "Es una decisión tomada, no la voy a revisar".
Fuente: Infobae