La fiscal penal de Delitos Económicos Complejos de Salta, Mónica Poma, solicitó hoy una pena de seis años y seis meses de prisión de ejecución efectiva para el exsubsecretario de Tierra y Hábitat de la provincia, Diego Barreto, en el marco del juicio en el que está acusado de la entrega irregular de terrenos bajo los cargos de asociación ilícita y exacciones ilegales agravadas.
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La fiscal penal de Delitos Económicos Complejos de Salta, Mónica Poma, solicitó hoy una pena de seis años y seis meses de prisión de ejecución efectiva para el exsubsecretario de Tierra y Hábitat de la provincia, Diego Barreto, en el marco del juicio en el que está acusado de la entrega irregular de terrenos bajo los cargos de asociación ilícita y exacciones ilegales agravadas.
El loteo está ubicado en la zona sur de la ciudad
Además de Barreto, en el juicio hay otros cinco imputados, que son Víctor Rodríguez Diez, que también fue titular del área de Tierra y Hábitat; el empleado Roberto Nellesen; y los punteros políticos Esteban Clemente, Marcela Martínez y Nelson Salazar.
La causa se inició el 5 de febrero de 2016, por 200 denuncias de personas que señalaban que los terrenos que el gobierno de Salta les había entregado fueron adjudicados por segunda vez a otros beneficiarios, a través de maniobras ilegales.
Se trata de un loteo situado cerca del barrio Parque La Vega, en la zona sur de la ciudad, cuya entrega estaba a cargo de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat de la provincia. Las penas solicitadas:
- Diego Barreto: se solicitó una pena de seis años y seis meses de prisión de ejecución efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (30 hechos) y exacciones ilegales simples (8 hechos) en concurso real, como jefe organizador.
- Esteban Clemente; la fiscal pidió la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (20 hechos) y exacciones ilegales simples (3 hechos), como integrante de la asociación y partícipe necesario en concurso real.
- Víctor Diez Tizón: la Fiscalía solicitó una pena de tres años de prisión condicional, inhabilitación para ejercer cargos públicos por el término de seis años y la imposición de reglas de conducta, por el delito de asociación ilícita.
- En el caso de Marcela Martínez, la fiscal Poma pidió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y reglas de conducta, por considerarla autora de los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (4 hechos) y exacciones ilegales simples (3 hechos), como integrante de la asociación y partícipe necesaria en concurso real.
- Para el imputado Nelson Horacio Salazar, en tanto, la Fiscalía solicitó la pena de tres años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (7 hechos) y exacciones ilegales simples (1 hecho), como integrante de la asociación y partícipe necesario en concurso real.
- Finalmente, la fiscal solicitó la absolución por el beneficio de la duda del imputado Roberto Martín Nellessen, por considerar que no se alcanzó el grado de convicción para sostener la acusación que pesaba sobre él por los delitos de asociación ilícita y exacciones ilegales agravadas (1 hecho).
El actuar de los imputados, según la fiscal, era siguiendo la lógica “causa-efecto”, es decir a cambio de darles un lote Barreto y asociados recibían rédito “económico y político”, características que compartían los grupos de Barreto y Clemente. Durante su larga y agotadora exposición, la investigadora mencionó a distintos testigos, supuestas víctimas de la organización criminal a la que denunció. “Era obligatorio ir porque si no no nos entregaban el terreno, así nos apretaban”, apuntó la fiscal según declaró la testigo Yoana Villavicencio.
“Se entregaban documentos y/o constancias a cambio de dádivas, para obtener un lote tenían que aportar económicamente y apoyar al candidato Barreto”, expuso la doctora Poma. Según el centenar de denuncias y testigos, durante dos largos años se llevaron a cabo reuniones con quienes ahora están acusados de conformar una asociación ilícita, “por lo general se hacía los viernes en la casa de Barreto o Clemente, a veces se hablaba de política y si no apoyabas no te daban la constancia de preadjudicación del terreno”, mencionó la fiscal, según testificaron. “La motivación era obtener rédito económico y político”, agregó.
Absoluciones, el pedido de las defensas
Ayer, en horas de la tarde, siguió la audiencia con el alegato de las defensas. Tras el pedido de absolución por el principio de la duda, el abogado de Nellessen solicitó la absolución lisa y llana. En tanto la defensa de Diez Tizón pidió la absolución por el delito de asociación ilícita; el doctor Torres, defensor de Salazar, solicitó a los magistrados la absolución por el principio de la duda por los delitos de exacciones ilegales y asociación ilícita. En tanto Roberto Reyes, defensor de Clemente y Martínez, también solicitó la absolución para ambos por el principio de la duda. Para el principal acusado, Barreto, su defensa el doctor Estrada pidió que sea absuelto de manera lisa y llana y supletoriamente por el principio de la duda.
El juicio, que comenzó el pasado 1 de noviembre, está a cargo de los jueces Ángel Longarte, María Victoria Montoya y Bernardo Ruiz, quienes esta tarde, una vez concluidos los alegatos de las partes, decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes próximo a las 15, para dar a conocer la sentencia.
Teniendo en cuenta la pena efectiva solicitada para Salazar, quien se encuentra en libertad, el Tribunal conformado por Ángel Longarte (presidente), María Montoya Quiroga y Bernardo Ruiz (vocales), pidió se ponga custodia policial en la casa del imputado.
La causa se inició el 5 de febrero de 2016, a raíz de numerosas denuncias por manejos irregulares en la entrega de terrenos que se hacía a través de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat.
La causa se inició el 5 de febrero de 2016, a raíz de numerosas denuncias por manejos irregulares en la entrega de terrenos que se hacía a través de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat de la Provincia.