Cómo llegan las víctimas a la  respuesta de emergencia

La titular del programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales en la Provincia de Salta, Laura Caporaletti, afirmó que hay una mayor concientización que hace que más víctimas de violación lleguen a ser asistidas con un kit de emergencia en los hospitales.

El kit incluye un tratamiento oral para VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, además de la pastilla del día después.

Caporaletti dijo a El Tribuno que existe una mayor sensibilización. "Creo que, con organismos como el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y el Polo Integral de las Mujeres, la gente va aprendiendo, comprendiendo que está en una situación en la que las mujeres son vulneradas en sus derechos. Quizás antes no sabían adónde acudir y ahora hay más instituciones donde lo puede hacer", sostuvo.

También destacó que, si bien el protocolo existe desde 2012, en ese momento no había kits en todos los hospitales. "El tema de la medicación era complejo pero desde hace dos años tenemos kits de profilaxis en todos los hospitales de la provincia", sostuvo.

Afirmó que los organismos "han instado a esta posibilidad de que la gente sepa identificar la situación y pueda concurrir por asistencia y ayuda, cosa que antes no sabía", acotó.

El procedimiento

El programa de salud contempla la entrega de los kits, que debe realizarse dentro de las primeras 72 horas de ocurrido el abuso sexual. También se contempla la capacitación a equipos de salud y un registro de notificaciones.

Las identidades de las víctimas son preservadas bajo fuertes medidas de protección. Además, se aplica el tratamiento en casos de accidentes laborales que conllevan riesgo de transmisión.

La paciente generalmente ingresa por una guardia de hospital y debe llenar un consentimiento informado, un documento en el que se detalla cuál es la medicación y sus efectos, entre otros aspectos.

Luego, la víctima recibe el tratamiento y se le hace un seguimiento durante un mes en el que se realizan diferentes estudios médicos.

En equipo

La especialista expresó que una intervención de este tipo en un caso de abuso sexual "implica a muchos actores dentro del equipo de salud porque sabemos que la persona llega en una situación de vulnerabilidad total".

No se exige una denuncia para proporcionar el kit a las víctimas de violación. La paciente que se presenta es inmediatamente atendida y si luego elige radicar la denuncia, intervienen los organismos correspondientes.

"Creo que en la medida en que vayamos informando se va avanzando. Aún hay casos, sobre todo de jóvenes o niños, quienes no identifican que lo que están sufriendo es un abuso. Entonces, en este punto es fundamental la difusión y la transmisión de conocimientos. Por este motivo, la ley de educación sexual, la enseñanza del respeto del cuerpo, son esenciales", añadió Laura Caporaletti .

La referente del programa del área de salud destacó que, en la medida en que "como sociedad vayamos implementando este aprendizaje, vamos a poder actuar mejor frente a esta problemática".

Piden proteger a los médicos

Tras una reunión entre el coordinador del Ministerio de Seguridad y directoras del Observatorio de Violencia, se informó que avanzarán en optimizar los mecanismos de preservación de la identidad de trabajadores de salud y educación que denuncien casos de violencia.
El coordinador del Ministerio de Seguridad, Juan Ángel María, recibió la semana pasada a las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, María Laura Postiglione y María Eugenia Burgos, con el objetivo de avanzar en los mecanismos para preservar la identidad de los denunciantes por violencia de género.
Este planteo se da ante la necesidad de reforzar las medidas de seguridad destinadas al personal de salud y educación que, al detectar situación de violencia contra las mujeres, efectúen las denuncias correspondientes ante la Policía o la Justicia.
Juan Ángel María sostuvo que se avanza en el trabajo en conjunto para optimizar los mecanismos ya existentes de preservación de la identidad de los denunciantes por casos de violencia de género y mejorar la articulación con el Poder Judicial.
Cabe destacar que este pedido del Observatorio surge a raíz de diferentes instancias de capacitaciones y reuniones en el marco del Protocolo Único de Atención Sanitaria ante la Violencia de Género. 
Por este trabajo, el organismo tomó conocimiento sobre situaciones de riesgo a las que se encuentran expuestos los asistentes de salud.
También se pidió colaboración para esta tarea de la Asesoría General de Menores e Incapaces y la Secretaría de Coordinación General de las Oficinas de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial.

 

“Un fallo sin perspectiva de género”

Así calificaron especialistas a la sentencia por Lucía Pérez.

El caso de Lucía Pérez, en Buenos Aires, estremeció al país en octubre de 2016 e incluso fue el motor para una manifestación a nivel nacional de mujeres contra la violencia machista.
Lucía tenía 16 años. El 8 de octubre de 2016, Matías Farías (23) y Juan Pablo Offidani (41) fueron a buscarla a su casa y la llevaron hasta la de Farías, en el barrio Alfar. Cuando llegaron, Offidani se fue. 
En el camino habían comprado una chocolatada, facturas y cigarrillos. Farías y Lucía se habían conocido un día antes en la puerta de la Escuela Media 3, cuando él fue a vender marihuana.
Luego intercambiaron mensajes por Whatsapp y a la mañana siguiente se encontraron. A la tarde, Lucía llegó muerta en una camioneta a la Unidad Sanitaria de Playa Serena.
Para la fiscal que investigó la muerte de Lucía, la chica había sido drogada, violada y “empalada”.
Incluso en el juicio, pidieron prisión perpetua para los dos acusados de ser los autores materiales pero el Tribunal integrado por los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas resolvieron que a Lucía no la asesinaron ni la violaron y que habría muerto por consumo de drogas.

En situación de trata

La directora del Servicio de Asistencia a la Víctima (Savic), Matilde Alonso, consideró que la sentencia carece de perspectiva de género. “No considera las características de vulnerabilidad presentes en la mujer en situación de trata”, sostuvo.

Por su parte, la fundadora de la Multisectorial de Mujeres de Salta, Alicia Ramos, opinó que es un fallo “misógino, más que patriarcal”. “Me avergüenza en muchos casos la actuación de los magistrados de nuestro país”, agregó.

Para la especialista, el caso resume “la irracionalidad, la falta hasta de humanidad de muchos magistrados en la Justicia argentina”. Alicia Ramos dijo que tiene un especial interés en que la Justicia “pueda irse aggiornando a estos tiempos de vigencia de los derechos de las mujeres”.

Además recordó que Carmen Argibay, quien en vida fue una ministra de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, creó la Oficina de la Mujer con la finalidad de transversalizar a los poderes judiciales de todo el país con la perspectiva de género, lo cual implicaba y sigue implicando capacitación, y que los jueces recogieran los avances informativos de casos.
 

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