En la cárcel de Villa las Rosas permanecen, en total, 128 mujeres. Siete de ellas conviven con sus hijos adentro del penal pese a que podrían estar cumpliendo las condenas en sus casas porque lo permite el marco legal. Este es uno de los problemas que enfrentan las mujeres presas y que se prolongan en el tiempo porque no tienen la asistencia legal adecuada.
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En la cárcel de Villa las Rosas permanecen, en total, 128 mujeres. Siete de ellas conviven con sus hijos adentro del penal pese a que podrían estar cumpliendo las condenas en sus casas porque lo permite el marco legal. Este es uno de los problemas que enfrentan las mujeres presas y que se prolongan en el tiempo porque no tienen la asistencia legal adecuada.
El informe anual del OVcM (Observatorio de Violencia contra las Mujeres), que se difundió a fines de noviembre, reflejó la realidad de las salteñas privadas de la libertad.
En el relevamiento del OVcM detectó que los defensores oficiales y particulares no se acercan con regularidad a ver a las mujeres detenidas. El Observatorio le apunta directamente al Ministerio Público, al asegurar que hay muchas mujeres que deberían cumplir sus condena en sus domicilios, con sus hijos, y que por falta de asistencia legal no lo pueden hacer.
“No se puede tratar de igual manera a los presos hombres y mujeres. Ellas tienen hijos y, por lo tanto, se las somete a un doble castigo que es la condena por un delito y la condena por ser madre”, dijo Tania Kiriaco, una de las directoras del Observatorio.
En el informe se hace referencia a las mujeres que se autolesionan para reclamar la visita de los letrados que las deben asistir. “Cada marca fue para llamar la atención, para que vaya el defensor oficial”, dijo Kiriaco.
Entre otros aspectos, se detectó que la gran mayoría de las mujeres ya cumplió las tres cuartas partes de la condena, por lo que ya podrían contar con el beneficio de la prisión domiciliaria.
Legislación nacional permite además que las mujeres con niños de hasta cinco cumplan las condenas en sus casas. Sin embargo, realidades como la falta de una vivienda digna hace que esto no siempre se cumpla. También incide el hecho de que algunas internas tendrían una residencia donde fijar domicilio, pero no cumple con las condiciones de conectividad necesarias para hacerles el monitoreo electrónico al que deben someterse las personas que están con prisión domiciliaria.
El OVcM elaboró un modelo de nota que las mujeres pueden completar para solicitar la asistencia de los defensores oficiales. Esta propuesta cuenta con el apoyo de las autoridades penitenciarias.
Delitos
En el penal de Villa Las Rosas, solo cinco de las mujeres con hijos menores de cinco años accedieron al beneficio de prisión domiciliaria o fueron trasladadas a su domicilio para afianzar el vínculo familiar.
Las restantes permanecen en la unidad, donde hay un pabellón especial destinado a las madres y separado del resto del edificio.
Muchas de las mujeres privadas de la libertad son jefas de familia. Los ilícitos que cometen, en general, son menores. La mayoría está acusada de delitos contra la propiedad, como el robo, derivados de la pobreza y la marginalidad.
Una de las angustias más acuciantes para ellas es la desvinculación de sus hijas e hijos y la imposibilidad de los familiares de visitarlas por la distancia o por problemas económicos.
Muchas de ellas tienen un pasado marcado por la violencia doméstica, la explotación sexual, el uso o tráfico de drogas y la pobreza.
La discriminación que sufren las mujeres en todos los niveles y estratos de la sociedad se refleja, e incluso se agrava, en los establecimientos penitenciarios.
Las políticas carcelerías vinculadas con las mujeres deberían basarse en las denominadas Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad, mejor conocidas como “Reglas de Bangkok”.
El monitoreo del OVcM se realizó específicamente en la Unidad Carcelaria 4, de Villa Las Rosas. La idea es instar a las autoridades del sistema penitenciario a que elaboren políticas para mejorar las condiciones mediante la aplicación de los principales estándares que rigen en cuanto a los derechos humanos.
Autonomía
Es la primera vez que se hizo un monitoreo de este tipo en la provincia ante la ausencia de números oficiales. No había información detallada ni estadísticas sobre la población de la cárcel de mujeres.
Se apuntó que la directora de la cárcel de mujeres depende de la dirección de la cárcel de varones. Por lo tanto, no tiene autonomía en casi nada.
Se trabajó en base al procesamiento de datos oficiales de los Juzgados de Garantías 1, 2, 3, 4, 5 y 8; los Tribunales de Juicio Sala IV, VI y VII y los Juzgados de Ejecución de Sentencias 1° y 2° Nominación.
De esta manera, se pudo obtener información sobre la cantidad de mujeres procesadas y condenadas, las causas por las que están privadas de la libertad, el sexo y la edad. También se identificó cuántas tienen hijos y las edades de los niños.
Aplicar la ley
El OVcM recomendó a los defensores oficiales y abogados particulares penales solicitar la aplicación de la prisión o arresto domiciliario para las mujeres embarazadas y madres de niños menores de 5 años, en línea con lo establecido en el artículo 32 de la ley N° 24.660.
El informe del organismo también exhorta a proporcionar a las internas asistencia médica a través de profesionales mujeres para mejorar el servicio de salud y brindar atención en salud sexual y reproductiva.
Pidieron abordar con perspectiva de género la salud mental de las internas ante el abuso de drogas o el tratamiento de otras enfermedades, como por ejemplo VIH. Destacaron la necesidad de implementar servicios de salud preventiva.
Además pidieron proporcionar un sistema de educación a través de cursos virtuales y ampliar la oferta de formación.