Los dirigentes de la Cámara de Propietarios de Farmacias de Salta y del Colegio de Farmaceúticos analizarán hasta el viernes si es que desde la semana próxima cortan la venta de remedios a los afiliados de obras sociales. Es el tiempo que le dan al Gobierno de la Provincia para dar una respuesta ante el reclamo que le presentaron para que se revierta el incremento en los impuestos de ingresos brutos a las droguerías, aprobado a fines del año pasado, y que deja a las farmacias con márgenes insignificantes de ganancias.
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Los dirigentes de la Cámara de Propietarios de Farmacias de Salta y del Colegio de Farmaceúticos analizarán hasta el viernes si es que desde la semana próxima cortan la venta de remedios a los afiliados de obras sociales. Es el tiempo que le dan al Gobierno de la Provincia para dar una respuesta ante el reclamo que le presentaron para que se revierta el incremento en los impuestos de ingresos brutos a las droguerías, aprobado a fines del año pasado, y que deja a las farmacias con márgenes insignificantes de ganancias.
En la provincia existen dos proveedoras de medicamentos. Una de ellas, Cofaral, está exenta de la carga tributaria porque se conformó bajo la figura de cooperativa. Pero la otra, Suizo Argentina, una de las principales droguerías del país, sí queda afectada por la suba impositiva y, según trascendió desde la Cámara de Farmacias, podría retirar la sucursal que tiene en Salta, con el peligro de desabastecimiento que eso implica.
Por lo pronto, el aumento en el pago de ingresos brutos se trasladará a los precios de los remedios. Si no tienen obra social, los clientes de las farmacias absorberán el costo, pero con el beneficio de por medio tendrán que ser esos comercios los que deban afrontar la carga.
El vicepresidente de la Cámara de Propietarios Farmacéuticos de Salta, Francisco Puló, graficó la situación a El Tribuno: "De cada 100 pesos que se vende a través de una obra social, tres pesos quedan para la farmacia y con el impuesto a las droguerías nos quedaría solo uno".
"Con esos números el negocio es inviable", alertó el dirigente empresarial, quien explicó que para no cortar la venta a obras sociales tendrían que bajar las bonificaciones a las instituciones de cobertura médica. Esa es la otra medida de protesta que se analizará en lo que queda de la semana.
Hasta ahora los dueños de farmacias solo pudieron entrevistarse con el secretario de Ingresos Públicos de la Provincia, Diego Dorigato, aunque no se llegó a ninguna solución.
La secretaria de la Cámara de Propietarios de Farmacias, Susana Carrasco, alertó también por la posible pérdida de puestos de trabajo en el sector. "El aumento del impuesto impacta sobre las farmacias porque las droguerías trasladan la carga. Es un incremento directo del 2%, por lo menos, y eso significa una retracción en los niveles de ingresos de farmacias porque no se puede trasladar al mostrador", señaló.
Aseguró, además, que una droguería decidió no instalarse en Salta por la alta presión impositiva.
La justificación del Gobierno local para subir la carga en los ingresos brutos de varias actividades económicas es el Consenso Fiscal, establecido entre las provincias -excepto San Luis- y la Nación. Una de las metas del acuerdo es reducir los impuestos distorsivos, algo que no se estaría cumpliendo, claro está.
Desde la Cámara de Comercio e Industria de Salta ya habían advertido, tras los aumentos en las alícuotas provinciales, sobre el daño que ocasiona la suba de impuestos.
En un comunicado, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) advirtió sobre la crítica situación que atraviesa el sector, no solo en Salta sino también en otras provincias, como Tucumán, Neuquén y Río Negro, donde las administraciones gubernamentales aumentaron los tributos para mejorar sus recaudaciones.
Según explicaron desde la entidad, el incremento en las alícuotas ponen a la actividad "al borde del colapso financiero por la notable reducción en los márgenes de ganancias".
La FACAF presentó un reclamo formal a los gobiernos de Salta y Tucumán por la suba en el impuesto a los ingresos brutos, a la que consideró "confiscatoria e inconstitucional". Advirtió, del mismo modo, sobre el posible cierre de farmacias.