Un proyecto de ley, que pide que se declare zona de desastre y emergencia a los municipios salteños afectados por las inundaciones registradas por la crecida de los ríos Bermejo y Pilcomayo, fue presentado por el senador nacional Juan Carlos Romero, con el fin de instrumentar regímenes especiales de pago y refinanciación en hasta 120 cuotas de las obligaciones previsionales e impositivas.
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Un proyecto de ley, que pide que se declare zona de desastre y emergencia a los municipios salteños afectados por las inundaciones registradas por la crecida de los ríos Bermejo y Pilcomayo, fue presentado por el senador nacional Juan Carlos Romero, con el fin de instrumentar regímenes especiales de pago y refinanciación en hasta 120 cuotas de las obligaciones previsionales e impositivas.
“Por las inundaciones, las localidades de Rancho el Ñato, La Curvita, Santa María, Santa Victoria Este, Los Toldos, y Rivadavia Banda Sur, entre otras, quedaron bajo el agua, aisladas de los centros urbanos más importantes, con la consiguiente falta de asistencia sanitaria y de comunicación, entre otras”, expresa Romero en su iniciativa.
Luego, señala que “ya son más de 10.000 argentinos afectados por los efectos de los desastres naturales acontecidos en la zona”, por la crecida de los ríos Bermejo y Pilcomayo, generada principalmente por las intensas lluvias en el sur boliviano.
“La colaboración, asistencia y ayuda debe llegar lo antes posible y debe establecerse los mecanismos necesarios a fin de atenuar esta gran desgracia que deben sufrir nuestros compatriotas en el norte de nuestra república”, asegura el legislador salteño.
El proyecto de ley busca la declaración de zona de desastre y emergencia hídrica, económica, productiva y social a los municipios de Salta afectados por las inundaciones.
De este modo, el Gobierno nacional podría instrumentar regímenes especiales de pago, por parte de la Afip y la Anses, que contemple expresamente a los habitantes afectados.
Entre esas ayudas figura un período de gracia de un año para el pago de obligaciones y la refinanciación en hasta 120 cuotas mensuales de las obligaciones previsionales e impositivas; la quita o condonación de intereses resarcitorios y punitorios, para contribuyentes identificados en la zona de desastre, así como la asignación adicional de fondos con destino a planes sociales mientras dure la emergencia.
Finalmente, la iniciativa impulsa un plazo de 180 días prorrogables, y contempla que toda obra de infraestructura que se proponga sea prioritaria y de carácter urgente, para su construcción.