Pocas veces una iniciativa alcanza el nivel de consenso que se percibe hoy sobre la reforma de la Constitución salteña. Existe acuerdo tácito acerca de que es necesario poner límite a los mandatos en los poderes ejecutivos y legislativos, terminar con las elecciones indefinidas e impedir que alguien se eternice en el poder. Los "iluminados" no existen.
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Pocas veces una iniciativa alcanza el nivel de consenso que se percibe hoy sobre la reforma de la Constitución salteña. Existe acuerdo tácito acerca de que es necesario poner límite a los mandatos en los poderes ejecutivos y legislativos, terminar con las elecciones indefinidas e impedir que alguien se eternice en el poder. Los "iluminados" no existen.
Hoy, el clientelismo permite que algunos dirigentes se aferren al poder local como si se tratara de condados o ducados de la monarquía, y no municipios o departamentos de la democracia republicana.
La única discrepancia, minoritaria, se refiere a la oportunidad. Es la que expresó Juan Agustín Pérez Alsina, en nombre del oficialismo municipal, en la reunión del martes pasado, realizada en la oficina de Gustavo Sáenz: creen no conviene mezclar la elección de convencionales con la de gobernador, intendentes y legisladores.
En las antípodas, Alfredo Olmedo considera que los convencionales deben ser elegidos en simultáneo con las Paso 2019, pero que ese mismo día se configuren las listas definitivas, para garantizar una participación más amplia de partidos y sectores.
El Consenso de 2014, que inspira estos cambios, surgió con el impulso de ordenar institucionalmente a Salta, eliminar el clientelismo y garantizar la independencia de los poderes. Como todas las constituciones, la de Salta debe contribuir a la delimitación del poder, a la libertad de elección, la transparencia de todas y cada una de las acciones del Estado y a la construcción de una sociedad equitativa.
El consenso parte de la experiencia: más allá de los logros que se puedan constatar (incluso pretender) en cada tramo, perduran preocupaciones profundas en torno de los niveles de exclusión, la baja calidad educativa, las tensiones sociales y la debilidad de la posición de la provincia frente al poder central de un país nominalmente federal. Es la razón por la que figuras de trayectoria, como Juan Carlos Romero, Armando Caro Figueroa, Julio San Millán, Ricardo Gómez, entre otros, tratan de sumar voluntades a favor de la reforma política. La idea es que Juan Manuel Urtubey también participe del compromiso.
En la reunión del martes pasado, San Millán, en nombre del Centro de Estudios Juan Domingo Perón, sostuvo que hay que aprovechar este año, que no es electoral, para alcanzar un consenso en torno de los artículos constitucionales que se deben reformar y el tenor de esa reforma. Su propuesta consiste en sumar al oficialismo provincial y al Partido de la Victoria, así como a otros sectores, al consenso político para las reformas propuestas en agosto del 2014. Propuso que los convencionales sean elegidos en las elecciones generales de 2019, que la constituyente se reúna en febrero y que en abril haya cumplido su cometido.
El consenso que propone San Millán incluye una convocatoria a las asociaciones y organizaciones intermedias.
En la Legislatura obran dos proyectos de reforma constitucional redactados por Manuel Santiago Godoy y por Matías Posadas. Hoy están dadas las condiciones objetivas para que la reforma no surja de una voluntad individual ni solo del poder gobernante (Posadas y Godoy son oficialistas,) sino de un consenso más amplio, que entraña un compromiso de los convencionales.
La meta de quienes impulsan la reforma consiste, en primer lugar, en mejorar la calidad institucional de Salta. En líneas generales, colocar al Estado por sobre el gobierno coyuntural, para que no haya figuras eternizadas gracias a recursos "non sanctos" sino estadistas, porque Salta debe empezar a mirar hacia el futuro, más allá de la apetencia personal del dirigente y más allá del plazo electoral inmediato.
En primer término, se apunta a lograr transparencia electoral, es decir, eliminar el uso del poder y los recursos del Estado para la manipulación del voto.
La transparencia va de la mano de la independencia del Poder Judicial con respecto del Poder Ejecutivo. Es clave este punto. Abarca los mecanismos de selección de magistrados, la permanencia en los cargos y la despolitización (en el sentido de interés de una facción) del jurado de enjuiciamiento y del Consejo de la Magistratura.
El otro capítulo de la transparencia está en la composición de la Auditoría: hoy esta función es ejercida por cuatro oficialistas y un opositor. Todo indica que habrá en este punto un debate entre los reformistas, ya que hay quienes proponen organismos de control a cargo de técnicos sin filiación partidaria.
Ricardo Gómez Diez pone de relieve un punto crítico: en Salta, el peronismo hegemoniza las cámaras legislativas, con un número superior a la representación que le otorgaron las urnas. En el Senado, en particular, no aparece ni un atisbo de pluralismo. Esto se resolverá, exclusivamente, modificando la división de los distritos electorales y revisando el número de legisladores que elegirá cada uno, asegurando la proporción entre votos y representantes y, al mismo tiempo, evitando que el departamento Capital construya un nuevo unitarismo.
Detrás de estos cambios, se busca concretar una reforma política. Por eso, entre los objetivos de quienes la impulsan figura la creación de las condiciones para la recuperación de los partidos políticos, que son consustanciales a la democracia, y que en la realidad, salvo excepciones, hoy son meros sellos.