El Observatorio de Violencia contra las Mujeres, el Colegio de Abogados y el Colegio de Psicólogos repudiaron la intimidación que sufrieron el miércoles seis abogadas que reclamaban en la Ciudad Judicial de Salta por la efectiva aplicación de las leyes que amparan a las víctimas de violencia de género.
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El Observatorio de Violencia contra las Mujeres, el Colegio de Abogados y el Colegio de Psicólogos repudiaron la intimidación que sufrieron el miércoles seis abogadas que reclamaban en la Ciudad Judicial de Salta por la efectiva aplicación de las leyes que amparan a las víctimas de violencia de género.
Las tres instituciones hacen referencia a los obstáculos que sufren las mujeres, por la permanencia de trabas y prejuicios, y consideran que el episodio "recuerda las más oscuras épocas de nuestra historia".
Las letradas Daniela Córdoba, Josefina Arancibia, Gloria Cruz, Flavia Garagorri, Gabriela Gaspar y Tania Kiriaco fueron rodeadas por móviles policiales y fotografiadas a instancias del responsable de la seguridad en el palacio tribunalicio y de la empresa privada El Guardián del Poder Judicial.
Las directoras del Observatorio María Laura Postiglione, María Sara Miranda, Tania Kiriaco y María Pía Ceballos plantearon al ministro de Seguridad, Carlos Oliver, y al jefe de Policía, Ángel Silvestre, la necesidad de "optimizar el accionar institucional en los casos de violencia de género". Denunciaron la "desproporcionada y arbitraria actuación de la empresa privada de seguridad" y la exigencia de "erradicar toda forma de represión, violencia y abuso de autoridad" contra las víctimas de esos casos y contra las mujeres trans.
A su vez, el Colegio de Abogados repudió la acción de la empresa privada y denunció que fue violentada la libertad de expresión de "un grupo de integrantes del Instituto de Género de nuestra institución".
"Ninguna fuerza de seguridad, pública o privada, ni muchos menos dentro de una institución republicana como el Poder Judicial puede impedir la difusión de ideas, como es este caso", expresó el Colegio.
Por otra parte, Colegio Profesional de Psicólogos se solidarizó con las letradas, y expresó que "a pesar de las leyes vigentes siguen existiendo importantes obstáculos para acabar con históricos desequilibrios de poder en los que se asienta la discriminación en los ámbitos laborales y de Justicia".
El escrito, rubricado por la presidente Irma Silva exige "el pleno cumplimiento y aplicación de la legislación vigente y garantizar a las mujeres el derecho a vivir una vida libre de violencias". La CTA también se pronunció por el tema.