Hoy, cuando madura el debate sobre la necesidad de una reforma política en Salta, el afianzamiento de las atribuciones y facultades que el sistema federal reconoce a las provincias debería ser un punto de coincidencia, expresado formalmente en un acuerdo consensuado, y en la letra de la Constitución y de la ley.
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Hoy, cuando madura el debate sobre la necesidad de una reforma política en Salta, el afianzamiento de las atribuciones y facultades que el sistema federal reconoce a las provincias debería ser un punto de coincidencia, expresado formalmente en un acuerdo consensuado, y en la letra de la Constitución y de la ley.
Los desequilibrios son abismales. Y más allá de las promesas ultrafederalistas de Cambiemos, hasta ahora no hay indicios de un avance, justamente, hacia el equilibrio. Y la Provincia hace poco esfuerzo propio en esa dirección.
Ayer se conoció un informe, publicado por el diario La Nación sobre información oficial que consigna que, para un consumo de 264 KWH / mensual, un usuario del conurbano bonaerense paga 905 pesos; un salteño, 636 pesos y uno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 445 pesos. Por la misma luz!
No es que los porteños "tengan coronita" sino que el país está pensado desde la Capital Federal. Es cierto que con tarifas de menos de 30 pesos como las que se pagaban hasta 2015 nadie se engañaba. Todos sabían que tarde o temprano la carroza se volvería convertir en calabaza. Pero tras el tarifazo, volvieron a manifestarse las inequidades regionales.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, ratificó hace unos días la decisión de alcanzar la "plena normalización tarifaria". Es decir, ya no habrá más subsidios ni aumentos, pero los desequilibrios en las boletas de luz muestran que hay algo que no funciona en esa normalización.
El ministro asegura que "con la derogación de la ley de emergencia económica recuperarán plena vigencia los marcos regulatorios del gas y la electricidad, que establecen que las tarifas deben permitir recuperar la totalidad de los costos económicos, sin perjuicio del rol del Estado de proteger a los sectores más necesitados con una tarifa social".
Aranguren, por ahora, no se ha lucido como comunicador. La noticia está presentada como "buena noticia", aunque el gradualismo del actual gobierno y la persistencia de la concepción centralista hacen que el entusiasmo se convierta en ansiedad y que la expectativa se prolongue demasiado.
Hace tres semanas, cuando vino a participar de la ratificación del Plan Belgrano, el ministro no se mostró dispuesto a escuchar a los anfitriones. En realidad, medio gabinete se perdió la oportunidad de hacerlo. Una de las facturas pendientes en Salta son las "piruetas" de Aranguren con el bioetanol, al que, en nombre de la competitividad con el combustible de Brasil, le bajaron dramáticamente el precio para compensar el aumento de la nafta que se mezcla con ese producto de la caña de azúcar. Los ingenios salteños, como se sabe, están en crisis.
Según Aranguren, Cambiemos ha logrado "recuperar el proceso de normalización tarifaria para la electricidad y el gas"; sostiene que "la parte más importante de la readecuación tarifaria ya se hizo".
La pregunta es: ¿y ahora?
En el Argentina Summit, congreso organizado por la revista británica The Economist en Buenos Aires, Aranguren sentenció que "Argentina perdió su autoabastecimiento por violar la ley y no cumplir con los marcos regulatorios durante los últimos diez años o más".
La reducción de la producción hidrocarburífera, las importaciones de gas licuado por sugerencia de Hugo Chávez y como buen negocio para los que los importaban gracias al precio artificialmente bajo que impuso Néstor Kirchner tenía un correlato mesiánico: el supergasoducto sudamericano, que nunca se hizo.
Pero el problema es regional. La mayoría de los países latinoamericanos aún no están bien preparados para afrontar la transición energética. Argentina está muy lejos y la recuperación de la inversión tradicional es demasiado lenta.
La producción de petróleo a nivel nacional cayó 1,7% en diciembre, con respecto al mismo mes del año anterior. La caída anual fue de 6,1%. En Salta, de diciembre a diciembre la caída fue de 12,4%, con un acumulado de 9,8%. En producción de gas nacional la caída fue de 0,8% y 0,6%, respectivamente. Pero los pozos gasíferos de nuestra provincia cayeron 9,9% en la producción.
La normalización de tarifas y el gasto público
Según la consultora Idesa, la normalización de las tarifas generó un ahorro en subsidios pero que se derivó al gasto público.
“Los subsidios a la energía se redujeron en $66 mil millones de pesos respecto al mismo período del 2016. El resto de los subsidios económicos subieron en $30 mil millones. Los programas nacionales de educación, salud, vivienda, saneamiento y desarrollo social que se ejecutan en las provincias subieron en otros $33 mil millones. Estos datos muestran que lo que el Estado nacional se ahorró con la reducción de los subsidios a la energía fue utilizado para aumentar el gasto en otros rubros”, deduce la consultora
La onda verde
Por lo pronto, Aranguren se muestra convencido de que “para 2025, el 20% de la energía eléctrica tendrá que ser proveniente de energías renovables”, pero asegura que “lo vamos a sobrecumplir”.
El entusiasmo por las energías verdes puede llevar por un camino errático. O, mejor dicho, a seguir por un camino que conduce cuesta abajo. Nadie duda de que si se lograra una ecuación económica con menos emisión de carbono el petróleo y el gas seguirán siendo necesarios para satisfacer casi la mitad de las necesidades de energía en las próximas décadas. Más allá de que los vientos patagónicos y las pantallas solares a lo largo de nuestra cordillera prometan saturarnos de energía barata y ecológicamente ideal, lo cual todavía sigue en el plano del deseo, la realidad es que la generación de energía eléctrica en el país sigue dependiendo dramáticamente del gas. Y que justamente el gas fue una fuente tradicional de actividad para Salta.