El Gobierno tiene listo un proyecto de ley que enviará al Congreso en las próximas horas para eliminar algunos de los impuestos que pesan sobre las tarifas de servicios públicos.
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El Gobierno tiene listo un proyecto de ley que enviará al Congreso en las próximas horas para eliminar algunos de los impuestos que pesan sobre las tarifas de servicios públicos.
La iniciativa establece que las facturas de electricidad, agua y gas contengan "exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario" e incluyan "sólo el impuesto al IVA e ingresos brutos".
El contenido del proyecto fue consensuado durante una reunión en la Casa Rosada en la que participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el jefe del bloque del PRO en la Cámara Baja, Nicolás Massot, y la vicepresidente Gabriela Michetti, entre otros.
Bajo el título "Ley de transparencia en la facturación de servicios públicos esenciales", el proyecto señala que su objetivo es "garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa" sobre las facturas.
En este sentido, señala que se pretende "evitar distorsiones en la información y el monto a abonar, producido por conceptos ajenos a la prestación del servicio o improcedentes de ser incorporados en dicha factura".
El punto central es el que establece que las facturas "deberán contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario, calculado éste según el cuadro tarifario vigente al momento de facturación, más los cargos por mayor consumo y subsidios si correspondiere, incluyendo sólo el impuesto al IVA e ingresos brutos, si correspondiere".
El proyecto señala que "no se podrá incorporar en la facturación cualquier otro cargo, tasa o concepto ajeno a los expresados" y que "el usuario podrá hacer uso del derecho de pagar solo el monto que totalicen los conceptos previstos".
El incumplimiento de la norma conllevaría sanciones de "apercibimiento", multas que multiplicarán "en 10 a 10 mil veces el monto facturado indebidamente" o "la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales" de los que gocen los alcanzados por la ley.
La iniciativa alcanza a los entes distribuidores "o quienes fueren los responsables de la facturación para el cobro de prestaciones de servicios públicos de energía eléctrica, gas y agua, sean estos entes públicos o privados".
Además, el proyecto invita "a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a realizar las adecuaciones normativas necesarias" para el cumplimiento y a "instar a los municipios a proceder de igual modo", en línea con lo que reclamó el último lunes el presidente Mauricio Macri.
Con este proyecto, el Gobierno apunta a dar pelea en el Congreso a los bloque de la oposición, que impulsan diversas iniciativas para suspender los aumentos, retrotraer los costos y, en algunos casos, bajarlos mediante la derogación de impuestos.
En este sentido, se destaca el proyecto que impulsa el Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados que, a diferencia de la iniciativa del Gobierno, pretende reducir el IVA que se cobra sobre los servicios.