Las empresas de telefonía móvil en Salta tienen una carrera doble: contra un imparable avance tecnológico y contra una legislación municipal que avanza lento en comparación con el desarrollo informático.
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Las empresas de telefonía móvil en Salta tienen una carrera doble: contra un imparable avance tecnológico y contra una legislación municipal que avanza lento en comparación con el desarrollo informático.
Hace días las empresas telefónicas que operan en la ciudad presentaron ante el Concejo Deliberante sus proyectos de inversión anual. A su vez, le pidieron a los concejales una serie de modificaciones en la legislación vigente.
Entre otros cambios, las empresas solicitan disminuir la superficie necesaria para instalar antenas de suelo a menos de la mitad: 200 metros cuadrados (actualmente se exigen 500). Además, requieren permitir las microantenas, nuevos equipos que no están contemplados en la norma, aunque tampoco prohibidas.
Justificaron su pedido en que las normativas quedaron obsoletas ante la aparición de nuevos formatos de antenas. Esto, afirman, pondría en peligro la planificación anual.
Fuentes de Telecom aseguraron que el desarrollo de su plan de inversión para este año, de tres millones de dólares, depende directamente del avance de la modificación de la normativa, que tildaron de "restrictiva".
El proyecto presentado por Personal prevé la instalación de 14 nuevas antenas en diferentes puntos de la ciudad; mientras que Claro planifica instalar 60 microantenas.
Ante los vacíos legales, ya se colocaron algunas antenas que no están contempladas por la normativa. Mientras tanto, el Concejo Deliberante buscó el asesoramiento del Ente Nacional de Comunicación (Enacom), y profesionales en el área. Ambos acompañaron el pedido empresarial.
"Antes eran estructuras grandes", indicó el concejal Ramón Castillo, presidente de la comisión de Obras Públicas, que debe analizar las modificaciones. "Es difícil conseguir un terreno de 500 metros cuadrados, hay una gran demanda", aseguró Castillo. También contó que acudieron al Enacom para consultar sobre los tipos de antenas que se pretenden instalar y sobre la radiación emitida.
Por su lado, el Enacom acompaña el pedido de las empresas porque considera que existe un atraso en la inversión. "Aún hay antenas 3G, las nuevas que se instalan son 4G, que ya llegó tarde a la provincia. Terminan de instalar estas, y ya deben convertirlas a 5G, que será la tecnología que se usará en Rusia para el Mundial", resaltó Gustavo Iovino, delegado del Enacom en Salta.
El funcionario informó que se apunta a mejorar la calidad del servicio teniendo en cuenta la tendencia mundial: la instalación de microantenas. "La vieja norma contempla antiguas infraestructuras, las nuevas, apenas se distinguen. Tienen un alcance más corto, pero permiten que más usuarios se puedan conectar", aseguró Iovino.
"La tendencia mundial es que en ámbitos urbanos haya muchas antenas de pequeñas potencias. Las empresas están condicionadas por tres factores: por el sitio calculado por ellos, por el sitio posible urbanísticamente y por las normas municipales. Esto hace que el despliegue sea muy difícil", aseguró el ingeniero Roberto Breslin, jefe de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Católica de Salta.
Poca inversión
Según datos del Enacom, Salta es la segunda provincia del norte con menos antenas 4G (última generación de velocidad de datos de internet). A nivel provincial, hay 375 equipos de este tipo; mientras que Tucumán tiene 588. Si se compara por cantidad de habitantes: Salta tiene 27,37 por ciento de antenas 4G por cada cien mil habitantes, por detrás de Tucumán con 35,99 por ciento, y de Santiago del Estero con 29,11; queda solo por encima de Jujuy que alcanza 26,17.
La ordenanza que rige hace nueve años, la 13.778, reconoce dos tipos de antenas: las que van instaladas al suelo, y las que van sobre edificios. Para las de suelo establece un mínimo de superficie del terreno de 500 metros cuadrados, son las que mayor cobertura tienen y se ubican por fuera del centro. Para las instaladas en edificios, se exige que estén integradas al paisaje, es decir camufladas para “atenuar el impacto visual”, aunque algunas no cumplen los mandatos de la normativa ni con el Código de Buenas Prácticas al que el municipio adhirió.
La ordenanza vigente no reconoce las microantenas, que son las que se buscan desplazar en el micro y macro centro las empresas y que pueden estar en pequeños sitios como carteles y semáforos.
Uno de los problemas de la legislación municipal es que, además de la ordenanza vigente, hay otra que la “suple”, aunque no la modifica: la 14.193. En ella, el municipio adhiere al Código de Buenas Prácticas para el despliegue de redes de comunicaciones móviles, el cual fue avalado por la Federación Argentina de Municipios y las Operadoras de Telefonía Móvil que operan en el país, y auspiciado por la Secretaría de Comunicaciones.
Este Código actúa como una “guía”, no como norma. Entre las recomendaciones, indica a los municipios adherentes crear un “registro de operadores de comunicaciones móviles” para gestionar un ordenado plan de despliegue de las antenas. El municipio adhirió hace siete años, pero no lo creó, por lo que ahora se avanza sobre el pedido de las telefónicas y sin la planificación recomendada.
Antenas denunciadas
La solicitud de las empresas abre interrogantes en cuanto a la convivencia de las antenas con la comunidad. En el interior, más precisamente en Quijano y en Güemes -donde se produjo el caso más resonante-, vecinos llegaron incluso a la Corte Suprema de Justicia para que se quiten las antenas, a las que apuntaron como causantes de casos de cáncer.
Si bien no hubo estudios concluyentes, el juez federal 1, Julio Bavio, se amparó en el principio precautorio establecido en las leyes ambientales y ordenó quitar y reubicar las antenas denunciadas.
Esta decisión fue rechazada por Claro y Personal, que apelaron contra la resolución que obliga a retirar las antenas de telefonía móvil a más 500 metros del aglomerado urbano. Una ordenanza similar se dictó también en Quijano.
El martes 29 de mayo habrá una reunión en el Concejo Deliberante entre profesionales de Arsat, Enacom y empresas de telecomunicaciones para analizar las normas. Además, se discutirá la posibilidad de utilizar la red de fibra óptica de Arsat para los pequeños y medianos proveedores de internet para extender la red de cobertura hacia el interior.