Podemos acordar con el gobierno en que "la cultura populista aplicada a la energía durante el kirchnerismo causó estragos en el sector energético y efectos colaterales de magnitud en las cuentas públicas, el sector externo, la producción y el medio ambiente". De allí la necesidad de actualizar las tarifas de los suministros energéticos. Sin embargo, se oculta que la actualización tarifaria tiene un efecto redistributivo regresivo de enorme impacto fiscal.
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Podemos acordar con el gobierno en que "la cultura populista aplicada a la energía durante el kirchnerismo causó estragos en el sector energético y efectos colaterales de magnitud en las cuentas públicas, el sector externo, la producción y el medio ambiente". De allí la necesidad de actualizar las tarifas de los suministros energéticos. Sin embargo, se oculta que la actualización tarifaria tiene un efecto redistributivo regresivo de enorme impacto fiscal.
En toda economía moderna, los precios tienen que reflejar los costos de producción. Los usuarios deben pagar por la energía lo que cuesta. Las políticas del Gobierno en materia de ajuste de tarifas eléctricas, de gas y de transporte van dirigidas a corregir las distorsiones de precios relativos provocados por doce años de congelamiento tarifario. Pero esas políticas de actualización tarifaria generan un efecto fiscal inevitable, al hacer que los salarios se atrasen en relación con los nuevos precios de las tarifas.
Según el Instituto Cifra vinculado a la CTA, el peso de las boletas de luz y gas se multiplicó por 7 desde la llegada de Cambiemos. Si en diciembre del 2015 la tarifa de gas suponía un 2,1% del salario medio, en la actualidad insume un 8,3%. En el caso de la luz ha pasado de representar el 0,6% del salario medio al 6,2%. Es decir que sin tomar en cuenta el aumento del costo del transporte, solo con los servicios de electricidad y gas, el 14,5% de los salarios deben destinar al pago de las tarifas mientras que en la etapa anterior solo afectaba al 2,7% del salario. Desde la perspectiva de un trabajador, si incluimos el transporte, la actualización tarifaria equivale a una reducción del salario real del orden del 20%. El efecto fiscal regresivo de la actualización tarifaria se ve potenciado por la enorme carga fiscal que operan sobre la tarifas. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, de cada $100 que paga el usuario, $37 son impuestos. En esa carga tributaria contribuye el IVA con el 21%, el impuesto a los ingresos brutos con el 5% y las tasas municipales con el 11% lo que suma un 37%. De manera que junto con la actualización de precios relativos, se produce un efecto de incremento de la recaudación fiscal que lleva al incremento de la recaudación indirecta, regresiva desde el punto de vista social. La implementación de una tarifa social en el consumo de gas, que reduce el precio de los primeros 146m3 de consumo, no alcanza a paliar el impacto fiscal de la actualización tarifaria.
Desde una visión ideológica que aspira a poner una mayor cuota del excedente social en manos de los empresarios -teoría del "derrame"- la redistribución regresiva del ingreso no genera preocupación. Pero desde una perspectiva progresista, que atienda al problema crónico de desigualdad que caracteriza a la estructura económica argentina, la cuestión no puede ser ignorada.
El diseño de nuestro sistema impositivo es sumamente distorsivo. En una reciente entrevista, José Nun señalaba que mientras que en Europa el impuesto a las ganancias contribuye con el 15% de la recaudación, en Argentina araña el 5%. Esto es consecuencia de una fuga anual superior a los 20.000 millones de dólares.
La coalición Cambiemos no registra demasiados progresos en desatar viejos nudos. En materia fiscal no se ha asumido el desafío de aumentar el peso de los impuestos directos y se acude al endeudamiento como peligrosa fórmula para postergar decisiones de fondo. El impacto fiscal de la actualización tarifaria tiene un efecto redistributivo regresivo que no ha sido compensado con medidas fiscales destinada a atenuar esos efectos. Con independencia de lo que digan las versátiles estadísticas sobre la pobreza, lo que no se pude negar es que la desigualdad es hoy mayor en Argentina que hace dos años.