Hasta ayer al mediodía, ni la Provincia ni el municipio habían aplicado las medidas preventivas alrededor del contaminado río Arenales que había ordenado el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez.
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Hasta ayer al mediodía, ni la Provincia ni el municipio habían aplicado las medidas preventivas alrededor del contaminado río Arenales que había ordenado el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez.
En un recorrido por los distintos puentes de la ciudad que cruzan el río, no se observan los carteles que debía poner la Municipalidad ni el cordón sanitario para impedir el paso de las personas, que corría por cuenta del la Provincia, pese a que el plazo para que estuvieran listos venció ayer.
Este medio intentó comunicarse con personal del Ambiente municipal para preguntar por qué no se encontraban las señales que debían colocar pero no obtuvo respuesta. Por la otra parte involucrada, desde la Secretaría de Ambiente dejaron en claro cuál es la postura de la Provincia. "Lo que se pedía es que se instale un cordón sanitario alrededor del río Arenales, es por eso que la Secretaria de Ambiente y la de Recursos Hídricos firmaron un convenio con la Policía Ambiental y Rural para que sean ellos los que efectúen los controles del río", expresaron.
Esta solución implica que tendría que haber efectivos controlando las entradas del río a toda hora. Desde el organismo provincial afirmaron que no se puede cercar las inmediaciones del afluente porque es "peligroso" y que el fin de la orden judicial es que la gente no tenga acceso al río.
"El acuerdo con la Policía se hizo esta semana y se envió una notificación al juzgado. Además, hay una ley que prohíbe colocar obstáculos en el río", argumentó la fuente de Ambiente.
Además del cerco, el juez ordenó que se presente un plan maestro para sanear el Arenales. Desde la Secretaría comentaron que hay obras planteadas para ejecutarse en el afluente, con montos que se tienen que actualizar, pero que todavía están pendientes.
Descreídas de la Justicia
"Tenemos un fallo de la Corte favorable que determinó la responsabilidad del Estado. Tenemos la orden de un juez que ordena la ejecución y resulta que a las autoridades no les importa nada. La gente no entiende a dónde tiene que recurrir. Los vecinos están totalmente descreídos del sistema judicial y de la función del Estado como protector de sus derechos fundamentales, como la salud pública", comentó Pedro Arancibia, abogado de más de 150 vecinos que luego de las inundaciones del 2011 denunciaron a la Provincia, al municipio, a Aguas del Norte y a la empresa Marozzi por contaminación y manipulación en el cauce del río.
"Entonces, ¿quién los va a cuidar si no es el Estado, que debe estar para esto?", preguntó el letrado. Pedro Arancibia comentó a El Tribuno que entre los vecinos hay una sensación de decepción e impotencia. "Nos dan la razón acá, en la Corte, todo el mundo dice que las aguas del río están contaminadas pero no se hace nada para revertir la situación. El tema de la inundación sigue presente entre los vecinos que piden que se hagan obras estructurales, porque el peligro sigue latente", afirmó el abogado.
El letrado de las familias ribereñas también acusó que no se observan gestiones provinciales o municipales para conseguir financiamiento internacional que demuestren que por lo menos tienen la intención de hacer las obras. "Tampoco se está realizando la limpieza de basurales. Obviamente, Aguas del Norte brilla por su ausencia y tiene responsabilidad porque vierte líquidos cloacales en el río. La gente no sabe qué pensar, si le están tomando el pelo o qué", afirmó Pedro Arancibia.
Ayer se cumplió el plazo que el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, le dio a la administración provincial y municipal para aplicar medidas preventivas alrededor del contaminado río Arenales. Es por eso que el letrado aseguró que están preparando una denuncia penal contra los funcionarios, tanto provinciales como municipales del área ambiental, que hayan estado en función durante el año de la inundación.
Denuncia penal a los funcionarios
El abogado Pedro Arancibia informó que denunciarán a los funcionarios, tanto provinciales como municipales del área ambiental, que hayan estado en función durante el año de la inundación. Serán demandados porque considera que contribuyeron con su “inoperancia” a la contaminación y el desborde del cauce. La denuncia se hará “por violación de los artículos 203, de contaminación ambiental, y 248, incumplimiento de deberes de funcionario público”.