La Red Solidaria de Ciudadanos en Defensa de sus Derechos (Red Sol) pidió al Ejecutivo provincial que intervenga al Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (Copaipa) por los edificios de altura que se construyeron sin revisión de estructuras sismorresistentes.
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La Red Solidaria de Ciudadanos en Defensa de sus Derechos (Red Sol) pidió al Ejecutivo provincial que intervenga al Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (Copaipa) por los edificios de altura que se construyeron sin revisión de estructuras sismorresistentes.
En una nota dirigida al gobernador Juan Manuel Urtubey, la entidad civil que preside María Elena Jiménez denunció que el consejo profesional "obvió elementales funciones a su cargo" ante la fiebre inmobiliaria en la que peritos judiciales detectaron serios incumplimientos a las normas de edificación y seguridad sísmica.
Vecinos agrupados en la Red Sol recordaron que desde 2009 se tramita una causa penal que tiene lapidarios peritajes completados en más de la mitad de los 94 edificios denunciados en el micro y macrocentro de la capital. En los informes, profesionales designados por la Justicia advirtieron que muchas de las obras se ejecutaron sin planos aprobados, factibilidad de servicios esenciales, estudios de impacto ni juntas sísmicas. En este último aspecto, que tiene importancia crucial en una ciudad que está categorizada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) con alto riesgo, se centró el pedido de intervención presentado al Gobierno provincial
La Red Sol planteó que, si bien es el Municipio el que ejerce como policía de obra, el Copaipa omitió deberes delegados por la ley provincial 5556 y su decreto reglamentario 932, del 4 de julio de 1980.
Por la citada norma, todas las construcciones ejecutadas en la provincia, tanto públicas como privadas, deben contar con estructuras sismorresistentes ajustadas a las normas establecidas por el Inpres.
La ley provincial que rige desde hace 38 años facultó al Copaipa a "verificar el estricto cumplimiento de las normas sismorresistentes, arbitrando los medios necesarios para su cumplimiento".
A partir de declaraciones que hizo el ingeniero José Luis García, como revisor del consejo profesional, Jiménez y otros miembros de la Red Sol sostuvieron que el Copaipa, evidentemente, entiende que la responsabilidad delegada por ley "solo se limita a la verificación de los proyectos" . En este punto, los vecinos que firmaron el pedido de intervención plantearon que la documentación aprobatoria de las construcciones en altura debería contener, con respecto a la verificación de las estructuras sismorresistentes, "un acta con el protocolo de actuación del Copaipa, la Municipalidad y el responsable técnico de la obra".
En la presentación realizada al gobernador, se hizo notar que la Municipalidad de Salta no cuenta con una oficina o departamento técnico que controle la seguridad sísmica de los edificios construidos, y que tampoco el Copaipa realiza acción alguna de verificación sísmica en las obras.
Según la Red Sol, ante semejante descontrol, la entidad que gobierna la matrícula de los ingenieros "no ha puesto un límite al accionar de la Municipalidad de Salta, sino que, por el contrario, colaboró con las construcciones ilegales que han puesto a la Ciudad de Salta al borde de un colapso".
La entidad civil con sede en Deán Funes 565 estimó que solo en los últimos 14 años se construyeron más de 800 edificios en la ciudad de Salta sin que su seguridad sísmica fuera evaluada en obra por algún órgano responsable y con un protocolo preestablecido. "Se ha puesto en riesgo potencial la vida de miles de personas", afirmó Jiménez.
Un ícono de la ilegalidad
La Red Sol denunció que, “finalmente, el edificio de Gorriti y Alvarado fue blanqueado por la empresa Luxem”. Según la entidad civil, la torre de 45 metros de altura se construyó sin planos aprobados, factibilidad de servicios y sobre un terreno que admitía, por sus características geológicas, la mitad de los pisos que tiene. Los peritos designados por la Corte no encontraron “constancia de actuación alguna en relación al cumplimiento de normas de sismorresistencia”. También informaron que “el edificio estudiado no cumple, en ambas medianeras, con las juntas sísmicas” requeridas por la norma CIRSOC 130 del Inpres.