Un nuevo capítulo en la disputa por una finca entre la empresa Tierra Vasca y el intendente de Rivadavia Banda Sur, Leopoldo Cuenca, se escribió ayer cuando se cumplió una inspección ocular a cargo de la fiscal penal de Pichanal, Sofía Fuentes.
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Un nuevo capítulo en la disputa por una finca entre la empresa Tierra Vasca y el intendente de Rivadavia Banda Sur, Leopoldo Cuenca, se escribió ayer cuando se cumplió una inspección ocular a cargo de la fiscal penal de Pichanal, Sofía Fuentes.
El trámite judicial arrancó por la mañana de ayer y se cumplió durante varias horas en las que Fuentes, acompañada por las partes en disputa con sus respectivos representantes legales, recorrió la finca, atendiendo las pruebas ofrecidas por las partes en pugna, y se entrevistó con vecinos de la zona.
Para la defensa del intendente Cuenca, la inspección dejó en evidencia que su cliente es el legítimo titular de la finca y que la contraparte ocupó ilegalmente las tierras, a tal punto de que "no conocían lo que había en la propiedad".
"Salvo que 50 trabillas nuevas y 3 tensores (que ellos le llaman clavijas) de origen inglés sean actos posesorios superiores a 20 kilómetros de alambre, corrales, potreros, viviendas, represas, dos pozos de agua, y más de 50 vacas, que son las que se encontraron... Creo que nos fue bien", resumió el abogado del intendente Cuenca en diálogo con este diario.
"Si esta gente (por los titulares de la empresa Tierra Vasca) lo que pretende es, a través de documentación apócrifa, adueñarse de estos actos posesorios, sería una locura", afirmó el letrado.
"Entiendo que con la inspección ocular de hoy la fiscal tiene elementos de sobra para requerir juicio contra (el apoderado legal de Tierra Vasca) Diego Mazzuchelli", concluyó el abogado del intendente de Rivadavia Banda Sur.
El Tribuno intentó comunicarse con la contraparte y con voceros de la Fiscalía pero, dada la inaccesibilidad de la zona y el tiempo que tardó la inspección, no se pudo concretar el contacto.
Acusaciones cruzadas
La esposa del jefe comunal, Paola Torres, y el apoderado legal de Tierra Vasca, Diego Mazzuchelli, encabezan las listas de acusados que hay por parte de los dos bandos por los delitos de usurpación, robo calificado, amenazas con armas, turbación de la posesión y retención indebida.
El origen del conflicto se remonta a un proceso que ocupa al Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Orán y que data del año 2007. Se trata de una acción en la que la jueza Cristina Barberá debe dirimir una superposición que existe entre las fincas Las Colmenas y Las Botijas.
Tierra Vasca, empresa cuyos principales socios son los hermanos Marcelo y Jorge Pocovi, compró la finca Las Colmenas en 2005 a su anterior propietario, Jorge Sergi.
Mientras que, luego de quedarse en 2008 con los derechos del puestero Raúl Sabán, uno de los herederos de Fidela Guerra de Romero, Cuenca comenzó a cercar Las Botijas y llevó las alambradas hasta el lote II de Las Colmenas.
En este contexto surgieron los primeros altercados hace 10 meses y recrudecieron a partir del 18 de abril, cuando empleados de Tierra Vasca denunciaron la usurpación de la finca mediante el uso de armas.
El caso llegó a la Cámara de Diputados y piden investigar
Los diputados del bloque radical Héctor Chibán y Mario Mimessi presentaron el martes un proyecto para crear una comisión especial que investigue las denuncias que pesan sobre el intendente de Rivadavia Banda Sur por presuntas maniobras de apropiación de tierras.
De acuerdo al proyecto, la comisión focalizará su análisis en la compatibilidad del accionar del intendente con su rol de agente estatal en el Programa de Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales, en la existencia o no de bases serias para entender que se aprovechó la situación de vulnerabilidad de poseedores y propietarios, y su propia posición de preeminencia, para lograr beneficios personales o para su entorno.
Además, se analizarán las acusaciones sobre enriquecimiento injustificado en el ejercicio de la función, en las denuncias acerca de que utilizó la fuerza policial radicada en el municipio de manera irregular, en beneficio de intereses particulares y en las faltas de respuestas de parte de las fuerzas de seguridad, la Auditoría General de la Provincia, el Ministerio Público y la Justicia provincial por esas presunta irregularidades.
También para “considerar verosímil la sugerida vinculación del accionar del Sr. intendente con estrategias relacionadas con los intereses del narcotráfico”, indica el proyecto que lleva las firmas de Héctor Chibán y Mario Mimessi. De aprobarse esta iniciativa, la comisión investigadora estará conformada por siete diputados, designados por la presidencia de la Cámara, a instancia de los bloques legislativos, propiciando la proporcionalidad política.
La comisión elevará un informe a la Cámara de Diputados detallando los hechos investigados dentro de los 90 días corridos contados a partir de su constitución.