El debate por las tarifas ya es historia, pero sus consecuencias son noticias hoy y lo serán durante un largo tiempo por el correlato que tienen en la economía del país y en la vida cotidiana de la gente. Con el agravante de que los senadores votaron -por lo menos así parecía que iba a suceder al cierre de esta edición- una ampliación de la brecha entre lo que se paga en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense con lo que se paga en el interior del país, un tema que encabezó las quejas provinciales sobre el funcionamiento del federalismo hace tan solo algunos meses.
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El debate por las tarifas ya es historia, pero sus consecuencias son noticias hoy y lo serán durante un largo tiempo por el correlato que tienen en la economía del país y en la vida cotidiana de la gente. Con el agravante de que los senadores votaron -por lo menos así parecía que iba a suceder al cierre de esta edición- una ampliación de la brecha entre lo que se paga en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense con lo que se paga en el interior del país, un tema que encabezó las quejas provinciales sobre el funcionamiento del federalismo hace tan solo algunos meses.
Hace pocas horas, el presidente Mauricio Macri en un mensaje público mostró su preocupación por la porción de subsidios que el Estado debería volver a cubrir si se da marcha atrás con los aumentos.
Es que mientras los representantes de los gobernadores en el Congreso reclaman la revisión de las subas y su regreso a los valores de fines del año pasado, las distribuidoras provinciales de energía le adeudan una factura millonaria a quienes producen la electricidad. En otros términos: quienes piden una baja en las boletas, no están pagando la luz, se destaca en un informe del diario La Nación.
Las distribuidoras provinciales les venden luz a los usuarios finales. Deben cobrarla y luego pagarle a Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, un ente mixto con participación privada, pero bajo gestión estatal, que a su vez cancela la factura con los que producen la electricidad, un grupo compuesto por empresas diversas que van desde Yacyretá hasta Pampa Energía, entre muchas otras.
Deuda nacional
Hasta el 21 de mayo las distribuidoras de todo el país le debían a Cammesa $14.477 millones. Entre los grandes deudores están las empresas que, en última instancia, responden a los gobernadores. SECHEEP, de Chaco, tiene un rojo de $2.454 millones, que equivale a 31,7 meses; EPEC, de Córdoba, adeuda $2.509 millones, que representan 2,4 meses y DPE, de Corrientes, $2.571 millones (unos 40,8 meses).
La SPSE de Santa Cruz, en la órbita de la gobernadora Alicia Kirchner, debe $1.129 millones, equivalentes a 20,2 meses del servicio.
Emsa, de Misiones, y la DPE de Ushuaia también tienen números negativos.
Primero, los porteños
Analistas consultados por El Cronista puntualizaron ayer que la propuesta de la oposición seguirá alimentando la desigualdad entre Buenos Aires y el interior. La diferencia -consideraron- existe en el sector eléctrico, no en el gas. Se produjo en el Valor Agregado de Distribución (VAD), que lo define cada provincia excepto en Capital y Gran Buenos Aires, que es jurisdicción nacional. Las empresas que están bajo esta órbita Edenor y Edesur se retrasaron por la política populista del kirchnerismo, que decidió no actualizar por inflación, mientras que en el interior sí se hizo". Así, se produjo una diferencia que llegó al 700% durante la gestión anterior, que ahora se redujo a cerca de un 400%.
Un informe de noviembre de 2015 del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos de la Universidad de Belgrano blanqueaba en aquel entonces que en provincias como Córdoba y Santa Fe "las tarifas para un consumo residencial mensual de 300 kWh son diez veces mayores que las del Área Metropolitana de Buenos Aires".
También informaban que un usuario de Edesur pagaba tarifas eléctricas 2,4 veces más bajas que uno de Mendoza, y 1,5 vez menores que el promedio del país.
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