El Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta iniciará acciones legales contra los organizadores de la Feria del Libro que dispusieron que no se proyectara la película "Será venganza", que cuestiona las condenas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
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El Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta iniciará acciones legales contra los organizadores de la Feria del Libro que dispusieron que no se proyectara la película "Será venganza", que cuestiona las condenas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
La Fundación El Libro, organizadora del evento que se realiza en Buenos Aires hasta el 14 de mayo, resolvió suspender la emisión del filme producido y auspiciado por el Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos, que estaba prevista para el jueves.
Los responsables del evento comunicaron que, después de haber visto el documental, consideraron que "muchas de las afirmaciones contenidas están claramente fuera del acuerdo que la sociedad argentina refrendó dolorosamente en el Nunca más, informe final de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) prologado por Ernesto Sabato".
"Nos comunicaron cinco horas antes que se suspendía. No nos pidieron ni disculpas. Fue un atentado a la libertad de prensa. Vamos a iniciar acciones legales contra la Feria del Libro", le dijo ayer a El Tribuno Mauricio Ortín, miembro del directorio del Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos.
Organismos de derechos humanos habían presentado una carta para pedir que no se proyectara este material en el ámbito de la Feria del Libro.
La Conadu (Federación Nacional de Docentes Universitarios) expresó en un comunicado que "este tipo de acciones salen a la luz en un contexto donde el Gobierno nacional intenta revertir los avances logrados por la sociedad en materia de derechos humanos, poniendo en cuestión los juicios a los genocidas y la cárcel común perpetua y efectiva a los responsables de los crímenes de lesa humanidad".
"Algunos dicen maliciosamente que es "progenocidas', pero la película no dice nada a favor de la dictadura. Se ocupa de denunciar que los detenidos fueron condenados sin pruebas y que se violan sus derechos humanos", señaló por su parte Mauricio Ortín.
El referente de la organización que impulsó y auspició el filme, dirigido por Andrés Paternostro, informó que están buscando un nuevo espacio donde proyectarlo y que recibieron ofrecimientos desde diferentes provincias.
Ortín describió que presentaron un recurso de amparo para que la película se emitiera en la Feria del Libro pese a la decisión de los organizadores pero que no lo lograron.
En la filmación se considera como "presos políticos" a condenados y detenidos por delitos como desaparición de personas o torturas. El material tiene una versión de 90 minutos y otra de 45, que es la que se iba a difundir en Buenos Aires.
"El Consejo de la Fundación El Libro resolvió por unanimidad cancelar la autorización a la realización del acto programado en la Sala Borges, que consistía en la proyección del video "Será venganza'; además de comunicar la decisión a sus organizadores y devolver el dinero que por alquiler de la sala habían abonado", dice el texto que se difundió desde Buenos Aires para explicar lo ocurrido.
Mauricio Ortín afirmó que el Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta "se dedica a estudiar sucesos históricos y a decir la verdad de lo que pasó porque siempre hay una sola versión".
"El intento de ocultar el pasado más oscuro de nuestro país, y de restablecer la teoría de los dos demonios (poniendo en el mismo plano a las organizaciones militantes, sea cual fuere su accionar, con el plan sistemático de exterminio, tortura y desaparición del terrorismo de estado) es intolerable en una sociedad democrática", plantearon, en tanto, desde la Conadu.
Adepa manifestó preocupación
Luego de que los organizadores de la Feria del Libro decidieran que la proyección de la película “Será Venganza” no sería parte de su programa, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó “preocupación”.
“La libertad de expresión no solo implica poder escuchar aquello que compartimos, sino justamente aquello que nos molesta o, incluso, que está en las antípodas de lo que pensamos”, sostuvo la entidad en un comunicado.
Para Adepa, “la censura, una de las pocas conductas expresamente prohibidas por nuestra Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, es por definición la antítesis misma de la libertad de expresión y solo está reservado a casos excepcionales, como la protección de los menores”.
La institución consideró que suspender la proyección es un hecho preocupante, “máxime por haber tenido lugar en un espacio de enorme trayectoria, que tradicionalmente ha sido un emblema de debate plural”.
“Sin abrir juicio sobre el contenido de la obra, lo que no corresponde a nuestra entidad, Adepa repudia cualquier hecho que impida la libre circulación de ideas y opiniones, reiterando, como ha dicho siempre y lo ratifica la jurisprudencia argentina, que el derecho a la libre expresión comprendiendo incluso eventuales abusos, solo puede dar lugar a responsabilidades ulteriores, nunca a restricciones previas”.
Sobre el contenido
En “Será Venganza” se expresan opiniones que indican que “se condena sin pruebas”; “es un negocio monstruoso el que hay” o que “la finalidad es que se mueran todos adentro”.
“Fue un gran sacrificio conseguir el dinero para producir la película. La Feria del Libro tuvo una respuesta que no nos parece. Tiene que intervenir el Inadi y la Secretaría de Derechos Humanos”, consideró Mauricio Ortín, del Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta.
Algunos de los entrevistados que dan su punto de vista en la película son el constitucionalista Gregorio Badeni y el exjuez de la Corte Suprema Adolfo Vázquez.
“El documental tergiversa peligrosamente los hechos que llevaron a juzgar a los genocidas, de una manera solapada y bajo el recurso de una ‘objetividad histórica’”, remarcaron en un comunicado conjunto CTA y varios sindicatos docentes.