En lo que se presenta como un giro decisivo en materia de política ambiental, el Gobierno provincial anunció ayer la duplicación de la superficie de áreas protegidas y la creación de un organismo de control del que participarán organizaciones ecologistas, incluida Greenpeace.
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En lo que se presenta como un giro decisivo en materia de política ambiental, el Gobierno provincial anunció ayer la duplicación de la superficie de áreas protegidas y la creación de un organismo de control del que participarán organizaciones ecologistas, incluida Greenpeace.
La decisión está contenida en dos decretos y fue anunciada por el gobernador Juan Manuel Urtubey y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini.
Esta decisión, que ubica a Salta como la provincia con mayor superficie protegida del país, busca profundizar la lucha contra la extracción ilegal de madera y contra toda depredación del monte nativo, pero al mismo tiempo quiere brindar garantías a los empresarios en actividad y potenciales inversores acerca de la seguridad jurídica que ofrece la Provincia.
Replanteo
Aunque no fue explicitada, la nueva orientación de la política productiva y ambiental apunta a una revisión de un "ordenamiento territorial" que, hasta el momento, solo sirvió para paralizar la explotación racional y técnica de enormes superficies de suelo salteño apto para la producción agroindustrial y alimentaria. La extracción ilegal y, especialmente, el pastoreo sin manejo solo han logrado degradar el monte nativo sin generar beneficio alguno a los pobladores.
También está latente la crisis provocada en enero cuando, a pedido del ministro nacional Sergio Bergman, se ordenó dar marcha atrás con 32 emprendimientos legítimamente habilitados hace seis años para desmontes por la provincia, que es la autoridad de aplicación en esta materia.
Las áreas protegidas
Los decretos incorporan como áreas protegidas 1.502.959 ha, de las que el 64% son bosques nativos. "Si a esto le sumamos la reserva de biósfera de las Yungas y de Parques Nacionales, estamos hablando de 3.976.450 hectáreas, prácticamente 4 millones de hectáreas, con lo cual Salta se convierte en la provincia que tiene la mayor superficie de áreas protegidas en la Argentina", enfatizó el gobernador.
Con esta novedad, el 23,65% del territorio salteño queda destinado al régimen de protección ambiental.
El Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica establece que al año 2020 se conserve al menos el 17% de las zonas terrestres protegidas.
Entre las zonas incorporadas figuran las 600.000 hectáreas de los lotes fiscales 14 y 55, en Rivadavia, asignados a comunidades aborígenes y criollas.
El decreto detalla los catastros incluidos, ubicados en Cafayate, Capital, Rosario de la Frontera, San Martín, Orán, Anta, Rosario de Lerma, Los Andes, Cachi, San Carlos y Rivadavia. En general se trata de propiedades fiscales. Un interrogante a futuro es el régimen productivo que deberán observar los pobladores de esos terrenos.
Salta cuenta con 7.638.000 ha de bosques nativos del país. En las áreas protegidas, el 57% de la superficie (2.286.236 ha) es boscosa.
Los parques y reservas nacionales salteños cubren 191.869 ha, además de la "Reserva de Biósfera de las Yungas". Entre la superficie a incorporar se encuentra el cauce del río Bermejo, para su categorización posterior como "Paisaje Protegido Fluvial".
La nueva agencia
La nueva Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS) tiene como objetivo la prevención, el control y el castigo a quienes produzcan daños ambientales.
Según se explica, invitarán a las ONG ambientalistas en el sistema de control para resolver una cuestión crítica. Las andanadas de estas entidades, empezando por Greenpeace, suelen apuntar a empresas en blanco, generadoras de empleo y que pagan impuestos, mientras que el arrasamiento de las superficies boscosas obedece a actividades clandestinas.
Así se termina sancionando a empresas que actúan dentro de la ley, como ocurrió con las 32 fincas mencionadas en tanto el depredador clandestino permanece impune.
La configuración de ese organismo, así como la nueva distribución de áreas protegidas, serán desarrolladas por el ministerio en los próximos dos meses.
La iniciativa establece un nuevo rol y modifica el tipo de relación que se establecerá entre la Provincia y el activismo ambiental, muy poco sensible a las urgencias productivas y de creación de empleo.
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