Natalia Sarapura es secretaria de Asuntos Indígenas del Gobierno de Jujuy que, junto con Salta, contabilizan el 60 por ciento de las comunidades originarias de la República Argentina.
El viernes de la semana anterior estuvo presente en Tartagal encabezando la ceremonia de egreso de 54 jóvenes de la Tecnicatura de Desarrollo Indígena que dictó el Instituto Terciario de la provincia vecina Campinta Guazú Gloria Pérez, del que fue rectora hasta antes de asumir como secretaria de Estado provincial.
Pero la dirigente aborigen jujeña, originaria de la comunidad Kolla Miraflores, es conocida en el mundo por su lucha y promoción por los derechos de los aborígenes. Y una de sus últimas peleas está dada por el multimillonario tema del litio en la vecina provincia que, junto con Catamarca, son las dueñas de subsuelo de este producto imprescindible en la era actual que demandan baterías, autos eléctricos y otros bienes.
De hecho, uno de los principales actores de este negocio multimillonario en Jujuy, es Toyota Tsusho Corp. que opera desde hace varios años. Los consumidores finales del litio jujeño son gigantes como Samsung, LG, Tesla y Panasonic, previo paso por China y Estados Unidos, donde se fabrican las baterías. A estos y otros temas se refirió Sarapura.
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Natalia Sarapura es secretaria de Asuntos Indígenas del Gobierno de Jujuy que, junto con Salta, contabilizan el 60 por ciento de las comunidades originarias de la República Argentina.
El viernes de la semana anterior estuvo presente en Tartagal encabezando la ceremonia de egreso de 54 jóvenes de la Tecnicatura de Desarrollo Indígena que dictó el Instituto Terciario de la provincia vecina Campinta Guazú Gloria Pérez, del que fue rectora hasta antes de asumir como secretaria de Estado provincial.
Pero la dirigente aborigen jujeña, originaria de la comunidad Kolla Miraflores, es conocida en el mundo por su lucha y promoción por los derechos de los aborígenes. Y una de sus últimas peleas está dada por el multimillonario tema del litio en la vecina provincia que, junto con Catamarca, son las dueñas de subsuelo de este producto imprescindible en la era actual que demandan baterías, autos eléctricos y otros bienes.
De hecho, uno de los principales actores de este negocio multimillonario en Jujuy, es Toyota Tsusho Corp. que opera desde hace varios años. Los consumidores finales del litio jujeño son gigantes como Samsung, LG, Tesla y Panasonic, previo paso por China y Estados Unidos, donde se fabrican las baterías. A estos y otros temas se refirió Sarapura.
¿Qué significa para las comunidades indígenas esta entrega de diplomas a los chicos del instituto que usted creó en la vecina Jujuy?
El derecho de los pueblos indígenas a formarse y a profesionalizarse fue históricamente negado. Siempre se pensó que la población indígena es la de la mano de obra barata, ese sector que no puede aspirar a niveles altos de formación. Este instituto viene a saldar esa deuda que tienen la sociedad, el Estado y los gobiernos.
¿Qué implica el título que reciben los alumnos?
Tartagal pertenece a la sede Calilegua de nuestro instituto y los egresados se han formado para ser hombres y mujeres al servicio de sus comunidades y de sus territorios. Nosotros no formamos hombres y mujeres para el mercado laboral, los formamos para ser promotores de cambio, agentes de la identidad y ejersores de los derechos. Los formamos para que lleven a las comunidades a las que pertenecen a procesos de autodesarrollo. Estamos convencidos de que en los territorios indígenas se debe llevar y desarrollar el modelo del buen vivir y es por eso que recuperamos el conocimiento de las comunidades y fortalecemos la noción de desarrollo con identidad, dotándolos de herramientas técnicas para que sigan creciendo, generando procesos de autogobierno, enseñanza que se hace desde su respeto a la identidad, a su lengua, a su cultura, pero fundamentalmente a sus derechos.
¿Cómo se logra que la relación entre cantidad de ingresantes y egresados sea de un porcentaje tan elevado?
Eso deja a las claras cuando la educación se hace con respeto a la identidad, los alumnos se sienten contenidos y respetados por lo tanto se mantienen en el sistema. Además que tenemos una modalidad que no promueve el desarraigo. En este caso, que Tartagal pertenece a la Sede Calilegua, los alumnos tienen clases de formación pero también tienen tareas en su territorio como los trabajos prácticos. Creo que eso ayuda a la no deserción y que los alumnos se mantengan en el sistema.
¿Qué evaluación hacen de esta primera incursión que tiene el instituto en el norte de Salta?
Los alumnos del departamento San Martín han honrado su pertenencia y la posibilidad histórica de poder formarse respetando su identidad. De ahora en más nuestro objetivo es que los 54 egresados sean capaces de transformar la realidad social de sus comunidades pero también deseamos que el sistema educativo de la provincia de Salta pueda tomar como propia esta experiencia para garantizar este espacio para todos los pueblos indígenas.
Me reuní con la ministra de Asuntos Indígenas de esta provincia porque tenemos temas que nos son comunes al punto de que algunas comunidades tienen la mitad de su territorio en Salta y la otra en Jujuy. En nuestras dos provincias está el 60% de la población indígena de nuestro país porque tenemos 800 comunidades, en tanto en el país hay 1.400. Creo que tenemos enormes desafíos pero también muchas oportunidades.
Medios nacionales e internacionales han mencionado su postura respecto de la explotación de litio en su provincia. ¿Qué piensa como funcionaria, pero sobre todo como aborigen de Jujuy?
Cuando dos sectores se juntan para acordar lo primero que hacen es fijar el procedimiento. Por lo tanto, la consulta a las comunidades indígenas es vinculante porque el sentido es que las comunidades digan por este lado sí, por acá no. Yo creo que las empresas, como algunos funcionarios, confunden la consulta con el derecho al veto. El derecho internacional establece que la comunidad se puede oponer cuando puede acreditar que el proyecto pone en riesgo la integridad de la comunidad. Pero la consulta y el carácter de vinculante están ratificados por jurisprudencia. Esto viene a cambiar relaciones de poder históricas (eso de que ingreso sin pedir permiso) y cuesta que algunos sectores entiendan esas dinámicas. Muchas veces se ve a lo indígena como “lo antitodo”, lo cual es falso. Lo que hay que hacer es profundizar el debate acerca de qué tipo de minería, de garantías ambientales y sociales que remos aplicar.