La iniciativa para una reforma política toma cuerpo, y ya hay consenso sobre la necesidad de una modificación a la Constitución que, sin tocar la parte dogmática, limite los mandatos de gobernantes y legisladores, elimine las prácticas clientelistas, optimice la representación republicana y fortalezca la transparencia y la independencia de todos los poderes del Estado.
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La iniciativa para una reforma política toma cuerpo, y ya hay consenso sobre la necesidad de una modificación a la Constitución que, sin tocar la parte dogmática, limite los mandatos de gobernantes y legisladores, elimine las prácticas clientelistas, optimice la representación republicana y fortalezca la transparencia y la independencia de todos los poderes del Estado.
La necesidad de la reforma fue planteada en 2012, en un proyecto de ley del entonces senador y ahora intendente Gustavo Sáenz; en 2014 fue manifestada en un consenso firmado por más de 70 dirigentes opositores, donde sostuvieron que para el desarrollo de la provincia era imprescindible mejorar la política y fortalecer la seguridad jurídica, la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno. Más adelante, el bloque justicialista de diputados y el bloque Plural presentaron sendos proyectos.
Comisión bicameral
Ayer, el ministro de Gobierno Marcelo López Arias se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, y el vicepresidente del Senado, Mashur Lapad, quienes informaron "la decisión de formar una comisión bicameral que analizará diferentes puntos ante una posible reforma a la parte orgánica de la Constitución provincial".
El ministro y los legisladores consideraron los aspectos generales del trabajo realizado a partir de la presentación del documento "Consenso por Salta" y su propuesta de abrir un debate al respecto. Esa propuesta había sido entregada al gobernador Juan Manuel Urtubey en mayo pasado, en una reunión de la que participaron los diputados nacionales Javier David, Sergio Leavy y Alfredo Olmedo, el senador Juan Carlos Romero, el exvicegobernador Ricardo Gómez Diez y el presidente del Centro de Estudios Juan Domingo Perón, Julio San Millán.
Desde entonces López Arias planteó el proyecto con académicos de la UNSa y de la Ucasal, y con dirigentes de empresas, pymes y ONG. "Estamos dispuestos a avanzar y acompañar esta voluntad si existe consenso", indicó ayer el ministro.
La conformación de la bicameral se terminará de definir durante esta semana.
Godoy y Lapad adelantaron durante la reunión en la que participaron el secretario de Gobierno, Santiago Godoy, y la directora de Asuntos Legislativos, Victoria Restom, que la convocatoria será a los partidos políticos. Una comisión técnica considerará los aportes y señalará los puntos de acuerdos que podrían facilitar el posterior debate.
La convocatoria formal
La reforma de la Constitución requiere una "declaración de necesidad" que debe ser sancionada por la Legislatura. Los alcances de esa reforma quedan delimitados en ese proyecto y, por ese motivo, se requiere un consenso previo, lo más amplio posible.
El Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (Focis), encabezado por Santos Dávalos, Armando Caro Figueroa y otros destacados políticos y abogados, y el Centro de Estudios que encabezan San Millán y Antonio Lovaglio son protagonistas de este debate que ya hace su ingreso en la Legislatura.
El Centro de Estudios ya realizó dos jornadas abiertas para la reforma política y constitucional. El 16 de julio expusieron los abogados María Cristina Garros, Ricardo Gómez Diez, Santos Jacinto Davalos y Ernesto Cataldi Fleming. El lunes 23 lo hicieron Sonia Escudero, María Silvia de la Zerda, Daniel Nallar, Alejandro Saravia, Federico Ríos, el presidente del Colegio de Abogados, Pedro Burgos, y Gonzalo Guzmán Coraita.
Existe un consenso acerca de la necesidad de la reforma y discrepancias en torno de la oportunidad.
La mayoría propone aprovechar las elecciones del año próximo para elegir convencionales y que la reforma se concrete en el verano posterior. Pero no es unánime.