Ningún ajuste debe ignorar la realidad social

El cumplimiento de las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional exige para 2019 una reducción del gasto en 300.000 millones de pesos, de los cuales, 100.000 millones corresponden a un esfuerzo que deben hacer las provincias.

Más allá de cualquier oportunismo político, el sentido común indica que nadie puede gastar más de lo que tiene. Cuando eso ocurre, el gasto excedente se denomina “déficit” y solo se lo puede cubrir con deuda externa, deuda interna o inflación.

Pero el sentido común también señala que las urgencias sociales establecen un límite al esfuerzo que cada provincia está en condiciones de hacer.

El Gobierno nacional debe exhibir la máxima sensibilidad y evitar cualquier intencionalidad política en las medidas que vaya tomando. La Pampa húmeda y la región central muestran unos niveles de desarrollo económico y humano que les permiten afrontar mayores esfuerzos en esta coyuntura. Según datos oficiales, el PBI per cápita nacional en 2017 fue de 14.473 dólares, mientras que en Salta registró apenas 4.812 dólares. Con el 3,1% de la población, Salta aporta apenas el 1% al producto bruto interno nacional.

Desde hace muchas décadas, la Argentina tiene una economía inflacionaria y deficitaria, en la que el término “ajuste” se ha convertido en mala palabra. La realidad es que los ajustes se han hecho, en forma abierta o encubierta, a lo largo de todo ese tiempo, pero al no resolver los problemas de fondo, siempre terminaron peor que al principio.

El doble déficit actual, fiscal y comercial, es indicio de un aparato productivo ineficiente, un sistema de costos muy elevado y demandas insatisfechas en aumento.

Pero lo grave, y que debería ser prioritario para quienes tienen poder de decisión, es que un tercio de los hogares, en los que vive la mitad de los niños y adolescentes, están bajo la línea de la pobreza.

Por esa razón, el ajuste debe aplicarse especialmente donde la situación social es más aliviada.

El histórico esquema unitario y centralista de la administración nacional obliga al gobierno nacional a obrar con una equidad que no es frecuente en las políticas nacionales.

La eliminación del Fondo Solidario de la Soja era esperado por los gobernadores, aunque se suponía que recién se aplicaría en 2019. De todos modos, los 26.400 millones de pesos que se calculaban para el año próximo por ese fondo solo representan la cuarta parte del ajuste que les toca a las provincias.

El resto de los recortes aún no esta definido. Las posibilidades que se barajan son varias. El gobierno nacional propuso la reducción en las obras públicas y en materia de subsidios a los sectores de menos recursos, invita a las provincias a hacerse cargo de ese costo. Es cierto que hoy se ha replanteado la coparticipación y por primera vez desde 1988, las provincias reciben el 34% del total de la recaudación impositiva, que es lo que establece la Constitución Nacional, contra el 24% que se distribuía hasta 2015. Pero también es real que las gobernaciones tienen a su cargo los gastos esenciales de salud, educación, seguridad y Justicia.

El país está, por cierto, en un atolladero, pero las regiones del Noa y el Nea agregan a ese problema el del subdesarrollo estructural y no se les puede exigir sacrificios que recaerán, necesariamente, en los hogares de menores ingresos.

Algunos gobernadores proponen reducir los subsidios al transporte y se estima que con ese recurso, al que juzgan equitativo, se podrían aportar 40 mil millones de pesos al ahorro.

También se sugiere incrementar gravámenes progresivos que no afecten la inversión ni la generación de empleo, y optimizar los mecanismos de recaudación en algunas áreas donde observan cierta morosidad.

La fragilidad de la situación social y económica impone, como en todo momento crítico, la mayor prudencia. Ninguna medida que se adopte debe dejar de considerar las particulares necesidades de cada sector de la sociedad.

Los gobernadores deben realizar todo el esfuerzo de austeridad que les sea posible, pero la administración nacional debe tener presente esta vulnerabilidad regional al momento de requerir a las provincias mayores esfuerzos, por legítimos que fueren. 

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