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Dos empresarios vinculados a las coimas hicieron obras clave en Salta

Carlos Mundín hizo una de las plantas del caso Skanska y la ampliación fue suspendida en Pichanal. Por su parte Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería, construyó en Salta parte del anillado de alta tensión NOA- NEA.
Jueves, 02 de agosto de 2018 00:00

Carlos Mundín, uno de los empresarios detenidos por supuestos pagos de coimas, ejecutó en Salta millonarios proyectos de infraestructura ligados a dos sonadas causas de corrupción: Lava Jato (Brasil) y Skanska (Argentina).

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Carlos Mundín, uno de los empresarios detenidos por supuestos pagos de coimas, ejecutó en Salta millonarios proyectos de infraestructura ligados a dos sonadas causas de corrupción: Lava Jato (Brasil) y Skanska (Argentina).

En agosto de 2016, el Gobierno nacional suspendió las obras de ampliación que BTU ejecutaba en la planta compresora de gas de Pichanal, luego de que Nación Fideicomisos detectara diferencias de un 400% en los costos de esas instalaciones y las de una planta similar licitada en San Luis.

Las obras paradas habían sido contratadas con la brasileña Odebrecht que, según reconoció la propia firma, pagó coimas por 35 millones de dólares para asegurarse contrataciones en Argentina.

Odebrecht, a la que el juez federal Daniel Rafecas le frenó en junio último una demanda de $1.500 contra el Estado nacional, por la rescisión de contratos del Plan de Ampliación de Gasoductos, subcontrató las obras de Pichanal con BTU. Mundín y Julio de Vido, exministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, son viejos conocidos. Sus vínculos llegaron a ser tan estrechos que, en una toma iniciada el 18 de septiembre de 2014 en la planta de Pichanal, trabajadores afectados reclamaron "el levantamiento de la suspensión de las obras de la empresa de Julio de Vido".

Salta ya había estado en el foco de otra emblemática causa federal, Skanska, que se abrió en 2006 por contrataciones direccionadas, sobreprecios y sobornos en obras de ampliación ejecutadas desde 2005 en el Gasoducto del Norte.

Con sobreprecios del 118%

Los primeros 234 kilómetros de tubería paralela (loops) se adjudicaron a la sueca Skanska y la argentina Techint. Como gerenciadora del proyecto, TGN había advertido que seis plantas compresoras, entre las que se encontraban las de Torzalito y Lumbreras en Salta, se adjudicaron con sobreprecios del 81,6% hasta el 118%.

La planta de Lumbreras fue contratada con BTU, mientras que la planta de Torzalito fue entregada a MEIP, luego de que TGN pidiera apartar a Austral Construcciones, la empresa insignia de Lázaro Báez, "por comportamiento irregular en el proceso de ofertas".

Por esas obras, en 2008 fueron procesados los extitulares del Enargas, Fulvio Madaro; Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa y, de la Secretaría de Energía de la Nación, Daniel Cámeron, luego de que directivos de Skanska admitieran el pago de millonarios sobornos a funcionarios que dependían de De Vido.

En 2011, una Cámara Federal desestimó la validez de una lapidaria grabación que la empresa sueca había remitido a la Justicia argentina como prueba de pagos de coimas por más de $13 millones. Por esa resolución, los procesamientos terminaron revocados y la causa, archivada.

En camino a juicio

En abril de 2016, la Cámara Federal de Casación Penal se pronunció por la validez de aquella grabación y tres meses después, ante un requerimiento del fiscal Carlos Stornelli, el juez federal Sebastián Casanello aceptó reabrir el caso por el que De Vido, Ulloa y José López, el encarcelado exsecretario de Obras Públicas de la Nación, están procesados desde noviembre de 2017 y con un pie en el banquillo.

Ferreyra hizo la línea NOA-NEA y manejó el peaje

Gerardo Ferreyra, dueño Electroingeniería y empresario cercano a Carlos Zaninni, construyó en Salta parte del anillado de alta tensión NOA-NEA, con un presunto sobreprecio del 86%.
La ejecución del tramo oeste del electroducto, de 637 kilómetros, fue adjudicado en junio de 2008 por el disuelto Ministerio de Planificación Federal de la Nación a la empresa Intersar, del grupo Electroingeniería. El contrato se firmó por $987 millones, pero tras redeterminaciones de precios el costo final de la obra, que se habilitó en septiembre de 2010, ascendió a $2.525 millones.
En los dos años que llevó la instalación de la línea, los costos se elevaron un 156%. Con la inflación del período ponderada, el presunto sobreprecio se ubicó en torno del 86%.
El tramo oeste del enmallado NOA-NEA se extiende desde Cobos (Salta) hasta El Bracho (Tucumán). Desde Río Piedras (Metán) se desprende otra línea hacia Monte Quemado (Santiago del Estero). El tramo este vincula a esta última provincia con Chaco y Formosa.
El 60% del proyecto se costeó con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 40% restante, con aportes del Tesoro. El costo final del anillado que dotó a provincias del NOA y NEA de líneas de 500 kilovoltios (KV) fue de $4.100 millones.
La Auditoría General de la Nación marcó irregularidades en el financiamiento de la obra, para la que se creó un cargo específico pagado por usuarios. 
En Salta el grupo empresario que dirige Ferreyra también explotó la concesión de peaje que tenía la firma Vial NOA sobre la ruta 9/34.
 

 

 

 

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