María Eugenia Hernández Berni: “Proteger a los más vulnerables excede horarios, cargos y funciones"

María Eugenia Hernández Berni es abogada, se desempeña como defensora N° 2 del Distrito Judicial de Tartagal y durante 5 meses realizó una visita profesional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, con abogados de América Latina y Centro América. La joven profesional de Tartagal, que se desempeña en una de las regiones de mayor vulnerabilidad social de la región, junto a funcionarios del Ministerio Público de Salta trabajan para lograr que abogados seniors de la CIDH diserten en el norte de la provincia, llevando información y actualización a profesionales del norte argentino como también de los distritos judiciales más cercanos a la frontera de Bolivia, Chile y Paraguay.
 
¿Cómo fue su experiencia en la CIDH y qué le dejó para su desempeño profesional?

Fue una experiencia muy enriquecedora; debo agradecer al Sr. ministro de Gobierno, Dr. Marcelo López Arias, y al secretario del Ministerio de Gobierno, Dr. Santiago Godoy, por su compromiso y apoyo en mi participación en la CIDH. También me entregaron un ejemplar de la Constitución de la Provincia de Salta para que la misma pueda ser incluida en la biblioteca de la Corte. Mi visita profesional se extendió por cuatro meses hasta el 30 de junio pasado y me dio la posibilidad de conocer e interactuar con colegas de Colombia, Ecuador, Italia, Nicaragua, Alemania, Brasil, entre otros países. En Latinoamérica se está creando un derecho general que se adecua a la costumbre de lo que es el pueblo de Latinoamérica y lo que se busca es que haya un núcleo básico de derecho que ningún país del continente lo desconozca. En nuestro país tenemos un Código Civil nuevo que entró en vigencia a partir de 2015 y está inspirado en aplicar criterios jurisprudenciales regionales que son los mismos criterios de la CIDH. El Código Vélez Sarsfield que nos regía anteriormente fue elaborado en base a los criterios del jurista brasileño Freytes que había tomado como referencia el Código Civil francés. 

¿La experiencia de Costa Rica puede replicarse en otros países o provincias?

 La CIDH cuenta con una estructura que conforman los jueces, un secretario general de la corte y los abogados seniors, cada uno con su equipo de trabajo. Con mucha satisfacción he logrado comprometer a tres de esos abogados para que vengan a nuestra provincia a disertar para que magistrados, funcionarios, abogados y todos los interesados puedan acceder de manera directa a toda esta capacitación, para adecuar nuestro trabajo a estos estándares internacionales para garantizar a los ciudadanos estos derechos fundamentales. La semana anterior con mucha alegría recibí el currículum de los abogados que ad hoc están muy interesados en venir a Salta el próximo año. Desde la Escuela del Ministerio Público, a cargo de la Dra. Mirta Lapad, estamos trabajando con ese objetivo. Se trata de personas con mucha experiencia, con trabajos en otros tribunales internacionales y si logramos concretarla será un importante aporte, no solo para Salta sino para las provincias y los países vecinos a Salta.
 
¿Cómo se trabaja para garantizar los derechos de los más desprotegidos en una de las zonas de mayor vulnerabilidad? 
 Las necesidades de los niños son muchas pero hacemos un trabajo permanente y nos esforzamos en el resguardo de los niños, los adolescentes y las personas con padecimientos mentales; lo podemos hacer porque contamos con los recursos gracias a la gestión de la Dra. Mirta Lapad, quien ha logrado poner en vigencia en la provincia de Salta la figura del abogado del Niño. La semana anterior se designó a un tercer asesor de menores en el distrito que tendrá competencia en la zona de Embarcación porque el distrito Tartagal es tan amplio porque se extiende desde el río Bermejo hasta los límites con Bolivia al norte y con Paraguay al noreste. Además, se trata de zonas rurales donde residen gran cantidad de niños de pueblos originarios que muchas veces no tienen acceso a los sistemas básicos de salud y educación. 

En el norte falta mucho por hacer en materia de protección de los niños...

Muchísimo y todos tenemos que trabajar para mejorar esas situaciones pero tengo la absoluta certeza que estamos trabajando para que estos ciudadanos tengan el mínimo de protección y dando lo que más podemos de todos nosotros.
No tengo duda que ponemos el esfuerzo y que a veces las horas del día no alcanzan, ni aun si trabajamos en la noche o los fines de semana. La asesoría siempre está a disposición las 24 horas del día y, en relación con las personas con padecimientos mentales, trabajamos con el hospital y con (el centro de tratamiento de adicciones ) Puente Norte. En esos casos es fundamental el apoyo del sistema de salud con el médico siquiatra, con el sicólogo. En este trabajo coordinado es muy justo reconocer el trabajo que hace la Dra. Susana Menéndez, jueza de Violencia Familiar.

¿Se obtienen resultados en problemas de tanta complejidad?

Se necesita mucho compromiso porque excede por lejos la presentación de un escrito porque nuestro trabajo no termina con una nota alegando por la situación de algún derecho violentado o pidiendo alguna medida. Implica muchas horas de trabajo de parte nuestra pero también de los sicólogos, los asistentes sociales porque en el caso de las adicciones por ejemplo, tenemos que brindar la contención a personas que están desbordadas. En definitiva, cualquier funcionario público que recibe una denuncia donde están involucradas cuestiones de derechos humanos que afectan a niños, personas con discapacidad o con padecimiento mental, tiene la obligación de resguardarlos, nunca hacer caso omiso a estas situaciones que sin duda son difíciles, estresantes. Puede parecer una expresión muy dura pero yo creo que si no actuamos con la celeridad que muchas situaciones requieren, mientras el funcionario público está descansando plácidamente en su casa, puede haber un niño que está siendo víctima de cualquier tipo de abuso, lo cuál es terrible.
 
Un trabajo coordinado logró que un niño con huesos de cristal tenga una mejor calidad de vida...

Hace unos tres años, pidiendo la aplicación del artículo 14 bis de la Constitución de la Nación (derecho a la vivienda digna) y en mi condición de asesora de menores pedí la construcción de una vivienda adecuada para un nene de General Mosconi, de una familia de muy escasos recursos que vivía, junto a varios hermanitos, en una casa de una precariedad total. Las gestiones llevan su tiempo pero la intendencia de General Mosconi actuó con sensibilidad social y finalmente, al aplicarse las políticas públicas este nene puede tener una vivienda acorde, con servicios básicos y en una calle con pavimento donde puede tomar el ómnibus en la puerta de su casa. Hace unos meses lamentablemente se cayó y permanece con su piernita inmovilizada; una docente lo asistía en su domicilio porque también hemos esa gestión ante el ministerio de educación para que reciba educación. Esa gestión también nos llevó bastante tiempo pero, son pequeños logros que vamos obteniendo para con un niño que -seguramente como tantos otros- merecen la atención de funcionario público.
 
Días atrás se conoció la decisión de directivos de un colegio de Embarcación que tomaron una drástica medida con un alumno de quinto año por una travesura...
 
La mamá del adolescente me llamó muy preocupada porque en los medios que se difundió la información su hijo aparecía como un rebelde, cuando en realidad siempre fue un alumno con muy buenas calificaciones, que estaba inscripto para representar a su colegio en jornadas de filosofía e historia, que nunca tuvo una sanción disciplinaria y durante el ciclo lectivo 2018 no había tenido una sola inasistencia, salvo la suspensión que el colegio decidió luego de un incidente que, a mí entender, es más responsabilidad de la propia institución que del alumno. Los chicos estaban sin supervisión en horas libres, jugando con un artefacto de laboratorio y cuando lo colocó en el sesto de basura, se produjo la explosión por efecto de la mezcla de sustancias. Afortunadamente nadie resulto herido más allá del susto.

¿La decisión que adoptó el colegio había sido excesiva?

La decisión del colegio había sido la de otorgarle el pase a otro colegio o suspenderlo hasta que quede libre por inasistencia, lo cual significaba que debía rendir a fin del período lectivo todas las materias en forma libre, cuando tenía aprobadas todas las asignaturas en el primer semestre ni materias previas de años anteriores. Entendíamos que la sanción de estaba dentro del parámetro de lo razonable en función de sus antecedentes académicos pero por otro lado no se le había dado la posibilidad de hacer su descargo. Lo que el chico me decía era que a él nunca lo habían escuchado. La educación y la inclusión de los niños deben ir de la mano; necesitan conocer el alcance y las responsabilidades que sus actos generan pero no es echándolos como se los incluye.  

 

¿Qué te pareció esta noticia?

Temas

Sección Editorial

Comentá esta noticia

Debe iniciar sesión para comentar

Importante ahora

cargando...