Cómo se convirtieron los Crema en una caja negra

Los contratos de reconstrucción y mantenimiento (Crema) se instrumentaron en 1997, durante el gobierno de Carlos Menem, con apoyo del Banco Mundial, como herramienta de gestión de la red vial de jurisdicción nacional con participación del sector privado. El sistema, administrado por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), concedía a empresas viales contrataciones a cinco años: debían ejecutar las obras de reconstrucción en el primero y atender, en los cuatro restantes, el mantenimiento rutinario de las rutas.

Las licitaciones, financiadas a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), tenían cláusulas que impedían aceptar ofertas superiores a los presupuestos oficiales y aprobar redeterminaciones de precios con umbrales inflacionarios menores al 10%.

En octubre de 2003 el gobierno de Néstor Kirchner relicitó los corredores viales. Iecsa -constructora manejada por Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri- y otras empresas que figuran con los montos más altos en las planillas que el financista Ernesto Clarens entregó a la Justicia se quedaron con las concesiones de los peajes.

En forma simultánea, el Ministerio de Planificación Federal fijó como nuevo límite para la admisibilidad de las ofertas de los contratos Crema hasta un 25% por encima de los presupuestos oficiales. Eliminó, asimismo, el umbral inflacionario que condicionaba las redeterminaciones de precios.

Consecuentemente, en las licitaciones de 2004 los montos de las ofertas ganadoras superaron, en promedio, un 23% mayores que los presupuestos oficiales. En 2005 las diferencias escalaron hasta el 40%.

No fueron esos los únicos indicadores de que los Crema habían empezado a convertirse en una caja negra.

Ya en mayo de 2004, el Banco Mundial había advertido en las licitaciones auditadas que "las ofertas recibidas son sensiblemente superiores a los presupuestos estimados". También, que "los montos de las ofertas para cada malla resultan muy cercanos entre sí" y que "el licitante que presenta la oferta más baja no se repite en la misma posición en otra licitación".

La entidad multilateral de crédito pidió, entonces, que se investiguen "posibles prácticas viciadas".

Los auditores del Banco Mundial habían detectado claros indicios de cartelización, direccionamiento y sobreprecios en las licitaciones de los Crema. Ante las observaciones del Banco Mundial, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tuvo una intervención bochornosa y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) contestó que las diferencias reflejadas en el informe del Banco Mundial se debieron solo a "errores involuntarios" de sus oficinas técnicas en la preparación de los presupuestos oficiales".

Las licitaciones de los Crema siguieron con financiamiento del Tesoro Nacional y las contratistas fueron bendecidas con prorrogas sistemáticas, sin que se evalúen los rendimientos de los trabajos ejecutados en ejercicios anteriores.

Los plazos de reconstrucción fueron elevado de un año a 18 meses y después a dos años, con lo cual los Crema terminaron de convertirse en una caja negra de la obra pública.

Esto fue remarcado en marzo de 2010 en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que tampoco tuvo de parte del Ministerio de Planificación ni de Vialidad Nacional descargos convincentes.

Ese fue el contexto de muchas de las contrataciones que, a la luz de las planillas agregadas a la causa de los cuadernos de las coimas, tienen al menos a 15 empresas y a decenas de obras viales adjudicadas en mallas salteñas de ocho rutas nacionales en la mira de la Justicia Federal.

Equipos de Helport trabajan en una de las mallas salteñas de la ruta 34.

Más pálidas para Cristina Kirchner

El juez Bonadio pedirá el desafuero y la detención de la expresidenta.

El juez federal Claudio Bonadio se encuentra ultimando los detalles del procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner por ser jefa de una asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales.

Como había hecho con la investigación por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, el juez federal también pedirá el desafuero y la detención de la expresidenta.

Para llegar a esta decisión, resultó clave el testimonio de José López, exsecretario de Obras Públicas.

En su confesión, aseguró que al morir Néstor Kirchner ella lo citó para anunciarle que, desde ese momento, asumía el control de las operaciones que había gestionado su esposo.

En el fallo del magistrado, que se dará a conocer durante los próximos días, el exministro Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta, serán acusados como los organizadores del entramado ilícito. Según el informe que divulgó Bonadio tiempo atrás, la indagación reveló “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales, y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Kirchner y Cristina Fernández) y del Ministerio de Planificación (Julio De Vido), actuó entre 2003 y 2015”.

Los empresarios que confesaron haber pagado sobornos quedarían englobados en dos grupos. La asociación ilícita se castiga con una pena máxima de 10 años de prisión y el cohecho con un máximo de seis años. Si los empresarios confesos son condenados como arrepentidos podrían alcanzar una reducción de pena que les permitiría recibir una condena de ejecución condicional, es decir que no irían presos

 

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