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Un novel emprendedor puso a prueba su audacia para agigantar la empresa que había montado en el norte de la ciudad. Como se sabe al ingenio, en muchos casos, las personas lo utilizan para cosas "non sanctas" y esta no fue la excepción.
El creador de la empresa descubierta días pasados fue un hombre cuarentón que instaló en una propiedad alquilada una fábrica de pochoclos "made in" Salta. Cuando advirtió que su pequeño negocio empezó a funcionar bien y que no se daba abasto con las pocas maquinarias que poseía, al hombre se le ocurrió la "brillante" idea de elaborar el producto en máquinas hormigoneras.
Fue así que compró varios de estos aparatos en desuso y los acondicionó en un depósito en el fondo de la propiedad. Con este novedoso invento el emprendedor multiplicó con creces la producción y agigantó su cartera de clientes. Ante la necesidad de mano de obra contrató a varias mujeres, pero cometió el error de someterlas a un trabajo esclavo y a pagarles migajas.
Las empleadas le plantearon varias veces esta situación, pero el comerciante las amenazaba con dejarlas sin trabajo. Muchas de ellas eran madres solteras y el hombre se aprovechaba de sus necesidades para explotarlas vilmente. "La que no esté conforme que se vaya", les decía. De hecho muchas se fueron, pero como la ciudad está plagada de mano de obra desocupada, el individuo no tenía problemas en encontrar quién las reemplazará. Una de ellas comentó que el hombre hacía alarde de que era amigo de "gente de peso", con lo que dejaba entrever que estaba protegido.
Algunas debían trabajar más de 10 horas, con el agravante de que a la mayoría les adeudaba varios jornales. El caso fue que dos de damnificadas decidieron poner coto a esta situación y se presentaron en el Ministerio de Trabajo para denunciar al patrón que las explotaba. El organismo solicitó la intervención de las autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), regional Salta, para que se investigara al fabricante de la nueva versión de pochoclos salteños elaborados en un aparato que se utiliza para la preparación de hormigón o concreto en las obras en construcción.
De la investigación realizada por el organismo de contralor surgió que el comerciante pochoclero no figuraba en ningún lado como tributista de nada. Con estas averiguaciones se giraron las actuaciones al juez federal N§ 1, Julio Bavio, quien libró las ordenes de allanamientos. Fue así que los inspectores de la AFIP, acompañados por personal de la Policía Federal, se presentaron en la vivienda donde el intrépido emprendedor había montado su flamante fábrica, en la calle Carlos Flores, en el norte de la ciudad. Del procedimiento participaron funcionarios de Derechos Humanos de la provincia e inspectores de la Dirección de Bromatologia de la Municipalidad de Salta. Cuando las autoridades ingresaron a la propiedad encontraron a cinco mujeres trabajando en la elaboración de los pochoclos "hormigoneados" en las mezcladoras de cemento, cal, arena y ripio.
Las empleadas fueron entrevistadas en la Oficina de Acompañamiento y Rescate de las Víctima de Trata de Personas. Las mujeres declararon que eran sometidas a una brutal explotación por parte de su empleador. Dijeron que el sujeto las obligada a trabajar más de diez horas diarias en turnos diurnos y nocturnos, con el agravante de que les pagaba "miseria" y que a todas ellas les adeudaba varios jornales. También las explotadas manifestaron que eran madres de más de tres hijos y que por ello soportaban la perversa modalidad de trabajo que les imponía el patrón.
Documentación
De la propiedad donde funcionaba la pochoclera los agentes de la AFIP secuestraron anotaciones varias en cuadernos y hojas en las cuales constan los nombres, montos, fechas y horarios de diferentes personas de ambos sexos que trabajaban allí. Con estas pruebas se corroboró lo expresado por las mujeres en el sentido de la explotación y de la paga que recibían. El procedimiento fue supervisado en todo momento por el comisario Javier Vélez, jefe (i) de la División Trata de Personas. También estuvo presente Pablo Pereyra, responsable de la Subsecretaría de Control para verificar las condiciones de higiene del lugar de trabajo. En ese sentido se labraron actas de infracción correspondiente y se dispuso la clausura del local al haberse determinado que los empleados eran sometidos a explotación laboral. Además, se decomisaron las máquinas hormigoneras, los productos elaborados que estaban listos para ser entregados y la materia prima acumulada a la intemperie. Los inspectores se trasladaron luego a una propiedad ubicada en la avenida Bolivia, donde tiene su residencia el fabricante de los pochoclos. El allanamiento de la vivienda arrojó como resultado el secuestro de cuadernos con anotaciones varias, en las que figuraban días, horas y las identidad personas que trabajaban en el establecimiento de la calle Flores.
Cómo inició el proceso
Denunciantes: fueron dos mujeres las que dieron la voz de alerta de la pochoclera “made in” Salta. Con su proceder estas personas posibilitaron que los organismos competentes descubrieran el accionar delictivo.
La actitud: al ser entrevistadas por la jefa de la Oficina de Acompañamiento y Rescate de las Víctima de Trata de Personas, Laura López, prestaron toda su colaboración para comprobar la explotación que sufrían.
Contención: las empleadas de la pochoclera recibieron el apoyo y la contención que establece la ley para los casos de las personas que son víctimas de los delitos de explotación laboral y trata.
Condiciones de higiene inadecuadas
El personal de la AFIP y Bromatología pudo comprobar que no solo las empleadas de la pochoclera eran explotadas laboralmente, sino que desarrollaban su labor sin ninguna condición de sanidad. El empleador no les proveía ropa adecuada para el trabajo ni los elementos para la manipulación del producto, como guantes, máscaras y calzado. Tampoco contaban con las herramientas previstas en ley 27.319 para quienes desarrollan esta actividad
El local, además, carecía de sanitarios en condiciones y de vestuarios para los empleados. También se pudo determinar que los productos elaborados no estaban acondicionados en un sitio que garantice la higiene, y que lo propio ocurría con la materia prima.
Por ese motivo los inspectores de la Dirección de Bromatología labraron actas de infracción a las normativas vigentes respecto a las condiciones de higiene de la precaria fábrica.
Entre otras penalidades, se resolvió la clausura del establecimiento debido a que no estaba habilitado por la Municipalidad de Salta para la explotación de este negocio.
Las actuaciones relacionadas con la explotación a los trabajadores fueron giradas al juez Bavio. Con las pruebas colectadas al comerciante pochoclero se le inició una causa por explotación laboral y trata de personas