Lucrecia Sammartino, defensora del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en el departamento judicial San Martín, provincia de Buenos Aires, se refirió a la socialización como un factor clave para encarar la realidad de los chicos en conflicto con la ley penal. La especialista disertó en una jornada que organizó la Escuela del Ministerio Público a 30 años de la sanción de Convención sobre los Derechos del Niño.
En diálogo con El Tribuno la experta consideró que se necesitan recursos para generar proyectos de recreación, educación y prevención, además de una nueva ley penal juvenil a nivel nacional.
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Lucrecia Sammartino, defensora del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en el departamento judicial San Martín, provincia de Buenos Aires, se refirió a la socialización como un factor clave para encarar la realidad de los chicos en conflicto con la ley penal. La especialista disertó en una jornada que organizó la Escuela del Ministerio Público a 30 años de la sanción de Convención sobre los Derechos del Niño.
En diálogo con El Tribuno la experta consideró que se necesitan recursos para generar proyectos de recreación, educación y prevención, además de una nueva ley penal juvenil a nivel nacional.
A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿cómo le parece que estamos trabajando en el país el tema de los chicos en conflicto con la ley penal?
Es difícil. Falta un montón, pero si se compara lo que era hace 30 años con cómo se está trabajando ahora hay una diferencia enorme. A nivel nacional, con la ley 26061. Buenos Aires tiene su ley y Salta tiene la suya, aunque todavía no esté en vigencia.
Ha habido un interés por modificar. Los procesos de cambio son muy lentos. No cambia todo tan rápido como uno quisiera, pero ha habido modificaciones. Por lo menos, el poner el tema en visión.
No tenemos una nueva ley penal juvenil. La que tenemos es de la época del proceso. Por lo menos este año entró a tratamiento una nueva ley de responsabilidad penal juvenil, que puede tener un montón de fallas y gustarnos o no, pero es una ley penal juvenil en tratamiento.
El espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño es avanzar hacia alternativas que no sean la privación de la libertad. ¿Eso se está cumpliendo o está encaminado?
Eso cuesta mucho porque, por un lado está la convención y la necesidad de tener alternativas, y por otro está la convicción social según la cual parece que la culpa de todo la tienen los “adolescentes delincuentes”, cuando en realidad si uno ve las estadísticas no es tan alto el índice de comisión de delitos de los adolescentes con relación a los mayores.
Sí los chicos tienen muchísimas más posibilidades de rehabilitarse, de socializar y de ser adultos superresponsables. Mucho más que los adultos. Sin embargo está esa mirada social, que es claramente la del electorado que tiene que votar después a los que hacen las leyes. Eso hace que se intente que haya mayor prisionización y menor uso de medidas alternativas, que no es lo que quiere la Convención.
Creo también que, en ese sentido, el hecho de que algo sea centro de atención o llame más la atención puede tener cosas en contra, como esto de poner en el tapete los delitos cometidos por los jóvenes, como si fuera algo muy superior.
De cara al futuro más cercano, ¿cuál es el desafío más urgente?
Una ley penal juvenil, claramente. Una que cumpla con todos los estándares. Yo personalmente creo que no es la que está en este momento en proyecto. Pero de cualquier manera, tener una ley es el primer desafío.
Pensemos que, desde el retorno de la democracia tuvimos ley de divorcio, patria potestad compartida, matrimonio igualitario y se trató, aunque no se aprobó, una ley para legalizar el aborto. Son leyes superconflictivas y no hemos logrado tener una ley penal juvenil. Esto da la pauta de lo difícil que es llegar a un consenso sobre cómo hay que trabajar con los chicos.
Periódicamente se vuelve a analizar la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad. ¿Qué piensa de eso?
Creo que no tiene mayor sentido bajar la edad de imputabilidad, además de que sería inconstitucional porque la propia Convención, que tiene rango constitucional, nos impide hacer retrocesos. O sea no podríamos hacerlo legalmente. Y aunque lo hiciéramos, no tiene efectos.
Hay una fantasía de que bajando la edad de imputabilidad se va a disminuir la delincuencia juvenil y no es así. La delincuencia se disminuye con otro tipo de acciones, que tienen que ver con la prevención, con la socialización, la educación, la ayuda a los padres cuando tienen dificultades para la crianza de sus hijos. La incorporación de los adolescentes en actividades artísticas, deportivas. Eso es lo que hace que haya menos delincuencia, no el bajar la edad de imputabilidad.
Lo que pasa es que todas estas actividades exigen recursos materiales y humanos, pero cambiar una ley es baratísimo. Se quiere dar el golpe de efecto de que “ahora vamos a acabar con la delincuencia porque bajamos la edad de imputabilidad” y en realidad es mentira, eso no cambia nada. Vamos a terminar prisionizando a chicos que no tienen idea de lo que pasa y sin buscar verdaderas soluciones.
¿Le parece que una crisis social y económica como la que tenemos en este momento tiene impacto en la cantidad de chicos que se vinculan con la violencia o con el delito?
Siempre hay una relación, pero no sé si es tan directa. Hay una relación muy directa entre el consumo de estupefacientes y la delincuencia. Quizás sí, en los sectores más marginales hay un resentimiento social que hace que uno se ponga más violento.
Hoy en día todos los adolescentes y los adultos también estamos muy concentrados en consumir. Eso hace que los adolescentes sientan que no tienen sus necesidades básicas satisfechas si no tienen un teléfono de última generación o si sus zapatillas no son de marca. Eso hace que se generen nuevas necesidades que por ahí el chico al que sus padres sí le pueden comprar las zapatillas, no las sienten.
Pero no me parece que sea tan directo. Lo que sí produce la pobreza y la decadencia es que las familias se van destruyendo como institución y como formadoras de ciudadanos responsables. Entonces se van perdiendo valores en general, no en particular por la pobreza de uno y otro.