Prisión preventiva  para los dueños de  un prostíbulo

J. B. un mozo de 61 años y su pareja, R. L. de 62, fueron detenidos acusados de beneficiar a la explotación sexual de mujeres en una casa del bajo; una causa en la que hace unas semanas se rescataron a 16 mujeres en los barrios Ceferino y San Antonio.

La prisión preventiva a los dueños del prostíbulo es por 30 días, "la intención es llegar a ambos extremos de la cadena de este delito", sostuvo el fiscal federal Eduardo Villal ba.

La causa se formalizó ante el juez federal de Garantías, Julio Bavio. El pasado 3 de diciembre y ante el mismo juez, Villalba había formalizado la investigación en torno de tres mujeres por el delito de trata de personas. Las acusadas fueron detenidas en el marco de una serie de procedimientos realizados el 29 de noviembre en la zona del Bajo, a 7 minutos del casco céntrico de la ciudad de Salta.

En esa audiencia, asimismo, el fiscal indicó que si bien las tres detenidas incurrieron en el delito de trata, no eran el eslabón final de la cadena, por lo que Villalba adelantó que la fiscalía "irá por estas personas, que son las que están por encima de las acusadas y se llevan la mayor parte del botín". Ello finalmente sucedió el jueves pasado con la detención de B. y L., los dueños del inmueble de calle Astigueta y Damián Torino, una de las dos casas donde se realizaron allanamientos, detenciones y el secuestro de numerosos elementos probatorios por parte de la fiscalía.

Al otro día -viernes al mediodía- fueron acusados por el fiscal por el delito de trata de personas, establecido en el artículo 145 bis del Código Penal, que prevé una escala penal de cuatro a ocho años de prisión para aquel que "ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima".

Esta es la primera vez que, en materia de trata de personas, en Salta la Justicia federal logró avanzar hasta los sindicados como principales beneficiarios de la actividad, en este caso a partir de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal Federal.

En la audiencia, Villalba relató detalles de la investigación, como así también nombró las pruebas que llevaron a la detención de esta pareja, a la que sindicó como receptora principal de las ganancias que surgían de la explotación sexual detectada en la vivienda de la calle Astigueta, de su propiedad, la cual y pese a los procedimientos, seguía con la misma actividad.

 

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