Cuatro policías que cumplían funciones en la comisaría 11 de la ciudad de General Güemes fueron condenados por no cumplir con las medidas de protección ordenadas desde el Ministerio Público Fiscal por el fiscal penal de Violencia Familiar y de Género Facundo Ruiz de los Llanos, a favor de Claudia Soledad Saracho, quien fue asesinada pese a haber denunciado días antes a su femicida en la Fiscalía.
Claudia Saracho (40) fue asesinada el 11 de junio de 2017 en una vivienda de barrio Los Olivos, de General Güemes, por su esposo y padre de sus 10 hijos, Oscar Rolando Colque. El fiscal había ordenado una consigna policial fija por el término de 10 días para Saracho; sin embargo, ella fue asesinada 8 días después de realizar la denuncia, sin que la consigna policial estuviera en su domicilio de acuerdo a lo ordenado. La condena para tres de los cuatros policías, consistentes en multas e inhabilitación especial, puede haber sido justa en base a las consecuencias de esa desobediencia judicial, pero no todo debería quedar en una sanción, sino avanzar un poco más sobre las verdaderas razones por las cuales Claudia Saracho no tuvo una consigna el día de su asesinato.
Esa falencia está relacionada directamente con la imposibilidad, que sufren todas las comisarias, de cumplir con la totalidad de las consignas que son ordenadas por la Justicia, debido a que el personal disponible es insuficiente.
A la fecha en que la mujer fue asesinada por su marido, la comisaría Nº 11 tenía que cumplir con 24 consignas y solo disponía de cuatro policías para hacerlo, es decir que su capacidad operativa alcanzaba a cubrir solo el 15% de lo ordenado. Tal vez los fiscales no llevan una cuenta de la cantidad de consignas que ordenan o no realizan un seguimiento de cada una de ellas, como para tener una idea de la realidad sobre la cual están parados, algo que queda demostrado con consignas que nunca son levantadas (algunas ordenadas en 2017 continúan vigentes).
Actualmente, la comisaría de Güemes tiene alrededor de 50 consignas asignadas y esto obliga a los comisarios a hacer un poco de parapsicólogos e intentar adivinar cuál de las denuncias es de más alto riesgo, cuáles de ellas son de un riesgo real para la denunciante, de manera tal que pueda destinar uno de sus cuatro efectivos disponibles hacia ese domicilio, rogando que no pase nada en los otros.
Este sistema de consignas es muy cuestionado desde muchos sectores, entre otras cosas por ser poco efectivo. “Un violento no se detiene con una frontera simbólica, invisible e intangible”, dicen los filósofos, si a eso le sumamos la falta de personal que afecta a todas las comisarias de la provincia, su efectividad se reduce a las mínima expresión.
Este sistema debe ser modificado para que las denunciantes no sigan muriendo, los violentos no sigan asesinando y los policías no sigan cargando sobre sus hombros culpas que, tal vez, no tengan.
inicia sesión o regístrate.
Cuatro policías que cumplían funciones en la comisaría 11 de la ciudad de General Güemes fueron condenados por no cumplir con las medidas de protección ordenadas desde el Ministerio Público Fiscal por el fiscal penal de Violencia Familiar y de Género Facundo Ruiz de los Llanos, a favor de Claudia Soledad Saracho, quien fue asesinada pese a haber denunciado días antes a su femicida en la Fiscalía.
Claudia Saracho (40) fue asesinada el 11 de junio de 2017 en una vivienda de barrio Los Olivos, de General Güemes, por su esposo y padre de sus 10 hijos, Oscar Rolando Colque. El fiscal había ordenado una consigna policial fija por el término de 10 días para Saracho; sin embargo, ella fue asesinada 8 días después de realizar la denuncia, sin que la consigna policial estuviera en su domicilio de acuerdo a lo ordenado. La condena para tres de los cuatros policías, consistentes en multas e inhabilitación especial, puede haber sido justa en base a las consecuencias de esa desobediencia judicial, pero no todo debería quedar en una sanción, sino avanzar un poco más sobre las verdaderas razones por las cuales Claudia Saracho no tuvo una consigna el día de su asesinato.
Esa falencia está relacionada directamente con la imposibilidad, que sufren todas las comisarias, de cumplir con la totalidad de las consignas que son ordenadas por la Justicia, debido a que el personal disponible es insuficiente.
A la fecha en que la mujer fue asesinada por su marido, la comisaría Nº 11 tenía que cumplir con 24 consignas y solo disponía de cuatro policías para hacerlo, es decir que su capacidad operativa alcanzaba a cubrir solo el 15% de lo ordenado. Tal vez los fiscales no llevan una cuenta de la cantidad de consignas que ordenan o no realizan un seguimiento de cada una de ellas, como para tener una idea de la realidad sobre la cual están parados, algo que queda demostrado con consignas que nunca son levantadas (algunas ordenadas en 2017 continúan vigentes).
Actualmente, la comisaría de Güemes tiene alrededor de 50 consignas asignadas y esto obliga a los comisarios a hacer un poco de parapsicólogos e intentar adivinar cuál de las denuncias es de más alto riesgo, cuáles de ellas son de un riesgo real para la denunciante, de manera tal que pueda destinar uno de sus cuatro efectivos disponibles hacia ese domicilio, rogando que no pase nada en los otros.
Este sistema de consignas es muy cuestionado desde muchos sectores, entre otras cosas por ser poco efectivo. “Un violento no se detiene con una frontera simbólica, invisible e intangible”, dicen los filósofos, si a eso le sumamos la falta de personal que afecta a todas las comisarias de la provincia, su efectividad se reduce a las mínima expresión.
Este sistema debe ser modificado para que las denunciantes no sigan muriendo, los violentos no sigan asesinando y los policías no sigan cargando sobre sus hombros culpas que, tal vez, no tengan.