Referentes de organizaciones sindicales y sociales de Salta lanzaron oficialmente la campaña para exigir al Gobierno nacional que declare la emergencia en violencia contra las mujeres en todo el territorio. El acto fue en la sede local de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma y participaron referentes de distintos partidos políticos y entidades gremiales: Confederación General del Trabajo (CGT), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Sindicato de Choferes de Camiones, Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras. En el marco de esta iniciativa, se están juntando firmas para sustentar el reclamo y acompañar un proyecto de ley.
inicia sesión o regístrate.
Referentes de organizaciones sindicales y sociales de Salta lanzaron oficialmente la campaña para exigir al Gobierno nacional que declare la emergencia en violencia contra las mujeres en todo el territorio. El acto fue en la sede local de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma y participaron referentes de distintos partidos políticos y entidades gremiales: Confederación General del Trabajo (CGT), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Sindicato de Choferes de Camiones, Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras. En el marco de esta iniciativa, se están juntando firmas para sustentar el reclamo y acompañar un proyecto de ley.
Esta movida se hizo en la provincia que registró la tasa más alta de femicidios a nivel país durante 2017, según el primer informe de estadísticas oficial sobre la problemática, elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Salta se ubicó en primer lugar, con 23 femicidios y una tasa de 3,32 casos cada 100 mil habitantes mujeres, que era de 692.309. Esa cantidad representa el 8,1 por ciento del total de víctimas de femicidios del país, que fueron 308; mientras la tasa nacional para ese período fue de 1,31.
En septiembre de 2014, el Gobierno de la Provincia decretó, con carácter de necesidad y urgencia la emergencia pública por violencia de género en todo el territorio, por un período de dos años. Tanto en 2016 como en 2018 se extendieron sendas prórrogas. A nivel nacional el proyecto de ley para declarar la emergencia nacional por violencia de género nunca prosperó en el Congreso.
Las mujeres que plantearon el martes en Salta la necesidad de que se declare la emergencia nacional argumentan que el dinero que destina el Estado no alcanza para resolver el problema de la violencia de género. Según el Observatorio Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), de acuerdo con el prespuesto proyectado para este año, el Gobierno invertirá 11,36 pesos por mujer para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Esta cifra surge del monto que llegará al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), órgano de aplicación de la Ley 26.485, de protección integral a las mujeres, que será de 234,3 millones de pesos.
"Es alarmante la cantidad de femicidios que tenemos en la provincia. La realidad nos golpea día a día y no queremos una menos", expresó Nelly Sánchez, secretaria de Igualdad de Género y de Oportunidades de la CTA Autónoma. "Esta problemática nos preocupa a todas las que conformamos la CTA y otras organizaciones", dijo a El Tribuno.
Sánchez consideró que es "irrisorio" el presupuesto que destina el Estado nacional para trabajar contra la violencia de género: "¿Qué se puede hacer con 11 pesos en este momento por cada una de las mujeres? Nos aflige la estadística y queremos trabajar en redes a través de distintos organismos y municipios en prevención, contención y acompañamiento a todas las mujeres".
En el marco de la campaña, hacia fines de este mes habrá seis talleres en distintos lugares de la provincia con actividades gratuitas para mujeres sobre violencia laboral, prevención en violencia de género y educación sexual, entre otros temas.
Ingreso mínimo para las víctimas
Noemí López, secretaria adjunta de la CTA Autónoma, dijo que, si se declarara la emergencia nacional se podría hacer frente a algunos “huecos” que tiene la ley provincial. Explicó que en el proyecto inicial, que data de 2012, se presentaron iniciativas que no se contemplaron en la legislación. Se refirió a las operadoras comunitarias, que atenderían los problemas de violencia y harían el seguimiento a las víctimas, y al salario mínimo, vital y móvil que recibirían las mujeres para empezar a ser independientes.
“Una de las etapas más difíciles es que la compañera que sale del vínculo de violencia pueda sostenerse hasta recuperar su autonomía e independencia económica”, señaló.
López cuestionó también lo que destina la Nación para proteger a las mujeres: “Entendemos que con eso no podemos proteger la vida de ninguna compañera ni las de sus niños. Hay que seguir en las calles y en las presentaciones en el Congreso hasta que finalmente logremos que sea ley”.
Natalia Altamirano, militante de la Juventud Comunista Revolucionaria, contó que el proyecto de ley para declarar la emergencia nacional contempla un apoyo integral hacia las mujeres que sufren violencia. “Es importante que tengan asesoramiento jurídico gratuito, porque muchas veces no se acercan a los lugares de Justicia ni hacen la denuncia porque no tienen para el boleto”, lamentó.
Altamirano planteó que es necesario que haya capacitaciones en género para los profesionales de los sectores públicos a los que acuden las víctimas de violencia para que reciban contención y no sean culpabilizadas ni victimizadas de nuevo. Observó que ha crecido la violencia hacia mujeres jóvenes de 16 a 25 años: “La campaña también va hacia ellas y hacia los vínculos violentos que tienen”.
“En Salta hay un patriarcado muy marcado. Tenemos que tratar a través de todos los organismos de cambiar esa cultura machista”, señaló Nelly Sánchez, secretaria de Igualdad de Género y de Oportunidades de la CTA Autónoma.